Un juez del Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán pretendió obligar al estudiante Josué Armando Velásquez Contreras a que se comprometiera a no participar en el movimiento estudiantil cuando el joven llegó  este miércoles 27 de julio a la Audiencia Inicial en uno de los procesos que ha sido abierta en su contra por el Ministerio Público a petición de las autoridades de la UNAH, pero al final ante la oposición de la defensa de señalarle que cometía Abuso de Autoridad pues debía enmarcarse en el acuerdo que el MEU y la universidad firmaron hace una semana.

Dos de los seis primeros estudiantes criminalizados en el mes de junio de este año,  se  presentaron este martes 26 de julio  al Juzgado de lo Penal de Tegucigalpa, a  la audiencia inicial en un proceso penal que enfrentaban por el  delito de usurpación de bienes inmuebles de dominio público en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y recibieron sobreseimiento definitivo al igual que 22 que lo hicieron por la tarde, en cumplimiento al acuerdo firmado por el Movimiento Estudiantil Universitario, MEU y la UNAH.

Después de casi dos meses de la crisis universitaria por fin se instaló la Mesa Mediadora que supone logrará establecer las pautas para el diálogo que se llevará a cabo entre el Movimiento Estudiantil Universitario,(MEU), y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH).

Las últimas tres audiencias de descargo que practicaron las autoridades universitarias por los hechos ocurridos el pasado 24 de mayo contra estudiantes de la UNAH, se realizaron hoy viernes 29 de junio en medio de un ambiente hostil por parte de los guardias de seguridad de ESPA hacia todos y todas las estudiantes miembros del Movimiento Estudiantil Universitario,(MEU), y otras personas que solamente andaban en un taller jurídico.

La Familia de Berta Cáceres entregó una carta dirigida al Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla, que consta de cuatro tomos  de acontecimientos y un informe denominado “Hechos y Circunstancias alrededor del Asesinato de Berta Cáceres en la Búsqueda de los Autores Intelectuales”, el escrito contiene además  la petición de que sea integrada la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) a la investigación del caso .

Militantes de los pueblos indígenas y originarios, feministas y movimientos sociales se dieron cita a tempranas horas de la mañana de este miércoles 01 de febrero de 2017, a realizar una manifestación que posteriormente un plantón en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia ,(CSJ) donde presentaron un Recurso de Inconstitucionalidad para que se derogue la Ley de aprovechamiento de aguas nacionales que permite proyectos de muerte como el de Agua Zarca en zona lenca.

Austra Berta Flores López y Olivia Zúniga Cáceres, madre e hija de la asesinada defensora Bertha Cáceres,  subieron al pódium a recibir un reconocimiento, que dicía: “LIBRE tributa su más sentido homenaje a la memoria de Berta Cáceres defensora inclaudicable de la naturaleza y de la vida, combatiente insigne de los derechos humanos y los pueblos originarios, vilmente asesinada por los enemigos de nuestro pueblo, honor imperecedero a su nombre”, el cual fue entregado el pasado 15 de enero en la Asamblea del Partido Libertad y Refundación, LIBRE.

Gustavo Castro, testigo del asesinato de Berta Cáceres, Coordinadora del COPINH,  interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), en contra del Estado de Honduras por “retención ilegal” y contra la Jueza Victorina Flores,  del Juzgado Primero de Letras de Intibucá, por el delito de Abuso de Autoridad.

Una petición especial que exige se derogue el contrato de concesión para las operaciones de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, en el proyecto de “Agua Zarca”, entregó a representantes de la Comisión de Derechos Humanos y de Género del Congreso Nacional, este 06 de septiembre Austraberta Flores, madre de la asesinada lideresa indígena, Bertha Cáceres.

A seis meses del brutal asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, se han registrado 185 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan cuestiones relativas a la tierra, el territorio o el medio ambiente, según Amnistía Internacional que publicó un informe.