“YA BASTA de seguirnos utilizando e ignorando,no podemos permitir que bajo la bandera de la libertad de expresión, se llegue a tales niveles de ofensas como lo hacen algunos periodista, que abusan de su investidura y del medio de comunicación para señalar a las mujeres con calificativos denigrantes  que nos coloca en una condición de irrespeto y humillación, CONDENAMOS ENÉRGICAMENTE  no solo el lenguaje y el maltrato de que ha sido objeto la Señora Allin Flores y más censurable viniendo de un periodista que ha sido acusado de agresor de mujeres como ya lo hemos señalado en otras oportunidades”, señala el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla en un comunicado, en relación a la denuncia contra el periodista Esdras Amado López ante el Ministerio Público por la empresaria antes mencionada.

Reporteros sin Fronteras (RSF) registró que al menos 67 periodistas fueron asesinados en el ejercicio de su trabajo o debido a él. La organización lamenta la falta de respuesta de ciertos Estados en la protección de periodistas y pide una “reacción a la altura de la situación de urgencia”.

El presidente del Comité de Escritores en Prisión, Salil Tripathi, al conocer de la notificación de la suspensión de la restricción del ejercicio periodistico a Julio Ernesto Alvarado dijo que " Esperamos que esto sea un indicio de que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales en lo que respecta a derechos humanos", sus declaraciones fueron difundidas la semana anterior en un comunicado de Pen Internacional.

La Corte de Apelaciones declaró “NO HA LUGAR” el Recurso de Apelación presentado contra la sentencia emitida a  tres de los cuatro estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ,(UNAH), en Tegucigalpa, criminalizados   por la rectora Julieta Castellanos , en julio pasado, por hacer ejercicio del derecho a la protesta social, como parte de su libertad de expresión para demandar cambios urgentes.

Después de diversas excusas esgrimidas por el Estado de Honduras  ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, CIDH, en una reunión de trabajo, ante la pregunta de que explicaran los avances en la implementación de la medida cautelar a favor del periodista  Julio Ernesto, al final se comprometió a enviar una comunicación a la Corte Suprema de Justicia para que se mantenga en suspenso la ejecución de una sentencia contra el comunicador social.

Por cuarta vez consecutiva el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, hace causa común con ciudadanas y ciudadanos honestos que reivindican el derecho de los municipios a rechazar cualquier industria extractiva que vaya a contaminar sus comunidades. Esta vez, el centro de la lucha popular fue el municipio de San Francisco, departamento de Atlántida. Efectivamente, los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, reunidos en Asamblea de Cabildo Abierto, nos entendimos y asumimos como pueblo soberano  para debatir, decidir y ordenar a nuestros representantes a quienes hemos constituido como Honorable Corporación Municipal a que asuma y cumpla los mandatos emitidos de esta Asamblea como pueblo en ejercicio de su propia soberanía comunitaria.