El Ministerio Público, MP, siguió con un patrón de persecución contra Edwin Robelo Espinal, al presentar 21 supuestos medios de prueba de los cuales los jueces de la Sala número dos del Tribunal de sentencia, desestimaron tres, en una audiencia realizada este 15 de agosto de 2019.

Con una denuncia del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, por la autorización ilegal del permiso para que una minera explotara antimonio en territorio de la Tribu de Locomapa, se logró un auto de formal procesamiento contra, Medardo Varela Bustillo, Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro, con lo que se evidencia las ilegalidades que se cometen desde las instituciones estatales.

Según lo publicó el MADJ el pasado 08 de agosto, el funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autorizó el 01 de diciembre de 2017 la extracción de mineral antimonio a la empresa LACHASA CO S.A, en La Mina y Lagunitas, Yoro, según lo constatan recibos efectuados por la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro.

Funcionarios de la Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural se apersonaron a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro, donde el presidente de dicha compañía, Álvaro Hernández Londoño, en su condición de gerente general y representante legal, solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio, siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y pagando una suma de dinero por la misma.

El Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro no contó con la debida delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas,(INHGEOMIN), en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, incurriendo en el delito de abuso de autoridad.

“Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas  encarcelados, desterrados  y asesinados producto de su lucha en defensa de su territorio”, destacó el MADJ en una nota publicada en su sitio web.

Agregó que desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus, CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.

La violación a la consulta previa libre e informada es uno de los principales problemas en el otorgamiento de permisos a las mineras, lo que genera grandes conflictos ambientales, represión desde el Estado y guardias de seguridad de las empresas que custodian el área concesionada ilegalmente  por instituciones estatales que violentan ese mecanismo y convenios y tratados internacionales.

Es una de las pocas denuncias llevan hacia un proceso penal contra los responsables debido a la colusión entre el sistema de justicia, las instituciones del Estado encargadas del otorgamiento de las licencias y el poderío de las compañías, lo  que evita que las comunidades tengan acceso a la justicia-. La petición se ha hecho en otras localidades sin el éxito esperado y donde se ha instaurado una compaña de desprestigio contra el MADJ por acompañar a las poblaciones afectadas.

Vea noticia original en el sitio web del MADJ, aquí en este link

La semana que recién culmina es una de mayor violencia contra personas que registra en Honduras. Unas 32 perdieron la vida debido por dos causas, la violencia extrema y la represión estatal por los entes policiales. Los resultados son seis muertos y 80 heridos, lo que denota un alto índice de violencia ocasionado por los cuerpos de seguridad del Gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó este 03 de julio de 2019, los hechos de violencia donde ha habido la afectación a la vida e integridad de las personas; e insta al Estado de Honduras a adoptar las medidas necesarias para que sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables.

Este 09 de mayo de 2019, se llevara a cabo el diálogo entre manifestantes y autoridades gubernamentales, convocado por el alcalde Quintín Soriano, en Choluteca, zona Sur de Honduras, donde la población mantiene protestas desde noviembre de 2017.

El objetivo según lo ha dicho públicamente el edil es para resolver el tema de las marchas en este municipio sureño.“Estamos convocando a un sincero diálogo de ambas partes, Gobierno Central junto a policías y manifestantes para que haya paz y tranquilidad”, expreso Soriano.

Represión contra marchistas y persecución contra periodistas

Alrededor de 147 protestas se han realizado desde el 27 de noviembre de 2017 a la fecha, en las mismas la policía y el ejército les ha atacada cada vez que salen a las calles.

Asimismo hay allanamientos ilegales, torturas, criminalización en tribunales de la zona sur y persecución contra periodistas de Choluteca, tres de ellos han sufrido desplazamiento forzado, y otros se han autocensurado para protegerse. También hay cierre de espacios noticiosos de comunicadores sociales que son críticos al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y al presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

Los comunicadores sociales Jairo López ha sufrido detenciones, juicios, persecución, campañas de desprestigio y una querella. Se le cerraron todos los espacios para difundir el programa El Informador, según denunció por órdenes del presidente del Parlamento, Mauricio Oliva y el mandatario Hernández.

Mientras Edgar Andino tiene una situación grave de amenazas que lo ha puesto al filo de la muerte cuando en febrero de este año su casa ha sido vigilada por hombres armados, y en dos ocasiones desconocidos han querido ingresar por una ventana de su casa para matarle, lo que le valió que el Mecanismo de Protección procediera a protegerle.

Su hija fue buscada en el 2018 para ser apuñalada por desconocidos, hasta la fecha ninguna de estas denuncias ha sido investigada, y la última de este año fue cerrado su expediente por la Fiscalía de Protección, y una acción legal de C-Libre y ASOPODEHU lograron reabrir el caso hace unas semanas, pero aún no hay una investigación que lleve a la cárcel a los responsables.

Las exigencias de los manifestantes

Una  de las exigencias de los manifestantes es que se capture a los responsables de la muerte de un menor en una marcha en Choluteca, entre otras exigencias.

Soriano indicó que el Gobierno debe medir las consecuencias de sus acciones arguyendo que en Choluteca protestan exigiendo rebaja en la energía.

“Choluteca es la ciudad donde hay el porcentaje más grande de energía para el país porque existen nueve plantas de energía fotovoltaica y tres plantas térmicas”, reveló.

El Gobierno les prometió rebajas en la energía, pero incumplió, por lo que las marchas continúan en la Región sur  a su vez  los pobladores exigen la no privatización de la salud  y educación así como  la salida del actual mandatario quien ha sido mencionado en varios actos de corrupción.

Con respecto a la convocatoria al diálogo hay algunas dudas si se trata de una jugada política para el beneficio del alcalde y otros funcionarios que tienen intereses de esa índole, o en realidad es para resolver una problemática que ha dejado muertos, heridos, perseguidos y toda una fuerza de inteligencia desplazada para vigilar.

El éxito del mismo tendría que partir en la participación de los diversos sectores que puedan construir juntos un protocolo que señale las reglas del diálogo, la inclusión y la puesta en marcha de soluciones, aún no se ha hecho, de lo contario al igual que el llevado a cabo el año pasado como producto del fradude electoral, éste no tendrá resultados para resolver los problemas planteados por la población y las víctimas.

El tres de mayo, se conmemoró en todo el mundo, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, un derecho restringido en Honduras, no solo por la censura impuesta por los dueños de medios, sino por la represión y agresiones de parte del Estado, criminalización, amenazas de muerte y asesinatos, que en su mayoría se mantienen en la impunidad.

Mineras canadienses que operan en el extranjero serán juzgadas en Canadá. Esto, gracias a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad y de ciertas ONG. La demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses. No viene de los partidos políticos en Ottawa, no viene de la industria minera, no viene de los inversionistas. En la mayoría de los casos no viene tampoco de la prensa, señala un artículo publicado por www.rcinet.ca, con el titular "Ciudadanos canadienses, no Ottawa ni la industria, logran que mineras canadienses vayan a juicio", de entrevista realizada a  Grahame Russell, Director de Rights Action.

Con un auto de libertad "por ahora", Jairo Lopez y su escolta quedaron libres a la medianoche del domingo.

Luego de vencer los innumerables obstáculos impuestos por el gobierno de la Vida Mejor, más de cinco mil hondureños, que huyen de la miseria y la inseguridad en su país, han atravesado la frontera de Agua Caliente, se encuentran en territorio guatemalteco y buscan llegar a Estados Unidos, procurando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

En Honduras se crearon las condiciones para que el capital transnacional se apodere del territorio y sus recursos naturales. El Estado ha legitimizado y legalizado la venta ilegal y la expropiación del territorio. No solo aprueban leyes como la Ley de turismo, que permitió la llegada del barco canadiense, sino que utilizaron la Ley de expropiación, de 1934, para asustar a la gente, señala Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, en una entrevista publicada en el sitio web lab.pikaramagazine.com, en París, Francia.