82 Congreso de Pen Internacional demanda despenalizar las protestas estudiantiles en la UNAH y la difamación contra periodistas

Sunday, 02 October 2016 22:43 Written by  Published in Amenazas a la Libertad de Expresión Read 1176 times
82 Congreso de Pen Internacional demanda despenalizar las protestas estudiantiles en la UNAH y la difamación contra periodistas Foto: www.facebook.com/Pentibet

Una resolución encaminada a que cese la criminalización de las protestas estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, la despenalización de la difamación contra periodistas, combate a la impunidad en crímenes contra comunicadores sociales y la aplicación sin demora de la Ley de Protección de periodistas, comunicadores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, fue aprobada este jueves 29 de septiembre, en Ourense, Galicia, España, en el 82 Congreso de Pen Internacional, la cual fue aceptada por unanimidad por unos 200 delegados de los diferentes Centros Pen alrededor del mundo, entre ellos Pen Honduras.

Pen Internacional es una organización que nace desde 1921 para defender la libertad de expresión y tiene unos 150 Centros Pen que luchan por la misma causa en el globo terráqueo. Pen Honduras fue aceptada en el 80 Congreso en Bisket, Kirguistán, Asia Central, el 01 de octubre de 2014.

Este centro  lucha por promover el arte y la cultura en todas sus manifestaciones , se declarara en contra de cualquier tipo de censura y represión, defiende la libre transmisión de pensamiento, se opone a cualquier forma de supresión de la libertad de expresión y a la a la censura arbitraria y apoya la prensa libre.

El 82 Congreso de Pen Internacional se desarrolló entre el 25 de septiembre al 06 de octubre de este año y aprobó una veintena de resoluciones de diferentes países relacionadas con violaciones a la libertad de expresión que ponen en precario a centenares de escritores, artistas y periodistas, unos mil están en prisión y los demás deben sufrir persecución, hostigamiento, amenazas y la más cruel de todas las forma de ataque como es el asesinato.

En estado precario la libertad de expresión en Honduras

En el preámbulo de la resolución se describe que la libertad de expresión se encuentra en un estado precario en Honduras. La violencia letal contra periodistas y comunicadores sociales sigue siendo la preocupación principal. La amenaza de querellas criminales por difamación e injurias ha generado autocensura entre los periodistas, obligándoles a evitar los temas importantes por temor a enfrentarse a acciones legales.

Estado debe garantizar que estudiantes de la UNAH ejerzan la protesta pacífica

El mundo se ha visto escandalizado en este año por el incremento de la criminalización de las protestas estudiantiles en la UNAH con la emisión de órdenes de captura contra más de 75 estudiantes que hicieron uso de su derecho a la protesta pacífica para demandar el respeto a sus derechos por parte de las autoridades universitarias, pero como respuesta recibieron persecución judicial y tuvieron que someterse a un poder judicial plagado de parcialidad a favor de la represión de las protestas.

Los grilletes, las chachas, gases lacrimógenos, descalificación y una campaña de desprestigio fueron la nota roja para abordar la problemática por parte de las autoridades universitarias, pero una masiva unidad estudiantil les obligó a negociar un acuerdo donde se comprometieron a respetar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a hacer cambios en cuanto a normas académicas que laceran derechos fundamentales de los estudiantes, en julio de este año.

A uno de los mimebros Pen Honduras, Cesario Padilla, quien también integra la junta directiva de dicha organización, le fue abierto un segundo proceso criminal, el primero fue en el 2015. Aunque en el del 2016 se le aplicó al igual que a los demás estudiantes criminalizados, un sobreseimiento definitivo en concordancia con el acuerdo suscrito por la UNAH y el Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, en el del año pasado aún espera por un juicio oral y público, donde las autoridades de la UNAH aún se lavan las manos manifestando que ya no está en sus manos resolver este caso.

Asimismo figura enntre los casos de estudiantes judicializados el de Dayanara Castillo, estudiante de sociología que huyó del país por persecusión política y que aún encontrándose fuera de Honduras, fue incluida en los procesos penales y se libró orden de captura. Actuallmente se realizó la Audiencia de Imputado en su contra y el próximo 21 de octubre se espera que tenga el sobreseimiento definitivo  junto a Sergio Ulloa y Armando Velásquez.

Aunque ya han pasado casi tres meses del acuerdo, éste pareciera pende de un hilo y su aplicación compite con el autoritarismo, que generó la crisis. Los desacuerdos son la nota del día desde hace varias semanas.

Conflictos deben resolverse en la UNAH mediante diálogo horizontal e incluyente

“Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los estudiantes de la UNAH puedan ejercer su derecho a la protesta pacífica, tal como lo ha afirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al expresar que el derecho a protestar públicamente es un elemento esencial de la libertad de expresión”, destaca la resolución de Pen Internacional presentada por Pen Honduras y secundada por Pen Canadá.

Asimismo expresa que se deben de despenalizar dichas protestas y permitir que los estudiantes participen en los órganos de toma de decisiones de la UNAH, así como asegurar que los conflictos dentro de la institución se resuelvan mediante el diálogo incluyente, horizontal y respetuoso, de conformidad con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Honduras es Estado parte.

Estado debe garantizar investigaciones en delitos contra periodistas

La resolución contempla también el caso de los delitos contra los periodistas y comunicadores sociales, para lo cual demanda del Estado de Honduras se examinen adecuadamente las vinculaciones con su trabajo, identificar a los que ordenan violencia contra este sector y poner fin a la impunidad. Además que el Ministerio Público observe protocolos especializados para la investigación oportuna de crímenes contra los periodistas.

Se agrega que se debe aplicar sin demora la Ley de Protección para periodistas, comunicadores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, aprobada por el Congreso Nacional y puesta en vigencia desde mayo de 2015.

Despenalizar la difamación

El Congreso de Pen Internacional también instó al Estado hondureño a despenalizar la difamación y tratarla como una ofensa de derecho civil , con el fin de proteger la libertad de expresión y la libertad de información.

Uno de los casos emblemáticos ha sido el del periodista Julio Ernesto Alvarado que fue querellado por la decana de Economía de la UNAH, Belinda Flores, por haber dado cabida a una denuncia contra ella en sus funciones en la universidad, por catedráticos del mismo centro de estudios que la acusaron de cometer ilegalidades en la emisión de títulos. Aunque Alvarado solo fue el vehículo para publicar la denuncia a través de su programa televisivo Noticiero Mi Nación en el año 2006, fue en diciembre de 2013 que fue condenado a un año cuatro meses de prisión y a la suspensión en su profesión.

La Iniciativa Periodismo y Democracia a través de dos de sus representantes y Pen Internacional presentaron una denuncia ante la CIDH y solicitaron medidas cautelares para Alvarado con el objetivo de suspender la sentencia arbitraria. El 05 de noviembre de 2015 la CIDH aprobó dicha medida, a pesar de ello, el comunicador social fue suspendido de su profesión por un mes , pero la CIDH demandó cumplimiento de la medida cautelar hasta que se pronunciara a favor o no de la admisibilidad del caso, la cual está en espera todavía.

Otros periodistas y comunicadores sociales están sufriendo este mismo tipo de represalias por denunciar casos de abusos de autoridades locales. En los tribunales de justicia aún se espera resoluciones sobre casos que están a la espera de un juicio oral y público, entre ellos el del periodista Jairo López, y otra condena reciente contar el periodista Ariel D’vicente por un año y seis meses de prisión y suspensión del ejercicio periodístico, solo por denunciar el involucramiento de un jefe policial en acciones de corrupción, este caso aún está en casación.

Otro caso emblemática ha sido el de la defensora de derechos de las mujeres, Gladys Lanza, recién fallecida y a quien el Estado de Honduras a través de un Tribunal de Sentencia la condenó a un año y seis meses de prisión por haberse manifestado junto a su organización, el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, en contra del acoso sexual y laboral, denunciado en esa institución por Lesbia Pacheco, quien también enfrenta una querella por el mismo hecho, impulsada por Juan Carlos Reyes, director de FUNDEVI.

Lanza falleció de una afección a su salud después de enfrentar por muchos meses ataques constantes, seguimientos, vigilancia y acoso judicial. Ella partió de este mundo esperando que el Poder Judicial rectificara su decisión a todas luces contra la libertad de expresión de las mujeres. Su caso quedó en casación, sin respuestas.

Pen Internacional recordó al Estado que en el último Examen Periódico Universal, EPU, se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos a defender la libertad de expresión de conformidad con sus obligaciones internacionales, en particular con respecto a periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de la oposición política.