Bajo los cargos de encubrimiento y atentado, cuatro defensores de derechos humanos llegan junto a más de 20 estudiantes acusado de Detentación de Edificios Públicos , que el pasado 08 de septiembre fueron torturados y detenidos por la policía, se presentan a Audiencia Inicial, este 25 de septiembre en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán a eso de las 9 a.m.

Decenas de personas intoxicadas por gases lacrimógenos este 15 de septiembre de 2017 cuando la policía reprimió una movilización que año a año desde el golpe de Estado de 2009 , realizan miles de ciudadanos y ciudadanas para protestar por la decadencia del  Estado de Derechos y las graves violaciones a los derechos humanos.

La mayoría de los mensajes de la marcha ciudadana estaban relacionados con la condena a la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, que es el candidato por el Partido Nacional, a pesar que violenta la Constitución de la República.

Quién da la orden de reprimir?

Los policías tienen una verticalidad en el mando y por lo tanto en la mayoría de los casos no toman decisiones sin que el alto mando les dé las órdenes de reprimir.

Este tipo de hechos han sido una costumbre en diferentes partes del país, los cuerpos represivos del Estado utilizan gas pimienta para dispersar a los participantes, en algunas ocasiones ha habido detenidos como en San Pedro Sula en el año 2010, decenas de manifestantes fueron golpeados y gaseados y otros detenidos.

De acuerdo al relato del artista Roger Rovelo fueron afectadas  muchas personas entre ellas niños.

Asimismo periodistas que se encontraban en la zona como el caso de Miriam Mercado y Félix Cesario que tenían dificultades para respirar, “los cobardes no dejaban de tirar bombas y recuerdo haberle arrebatado a una mujer joven dos bolsas de agua para auxiliar a los pequeños como de 9 y 11 años”, denunció.

Según explicó en su cuenta de facebook la policía llegó a provocar para tener justificación para reprimir, “la policía que llegó a provocar y a reprimir a niños, jóvenes y ancianos, sin importarles la vida de las personas y disparando a mansalva despiadada sus bombas con gas pimienta contra el pueblo indefenso, que salió en multitudinaria manifestación a protestar en esta fecha que recuerda la "independencia" contra el gobierno tirano, corrupto, criminal y usurpador, de Juan Orlando Hernández Alvarado, el más tirano y corrupto criminal, de todos los presidentes traidores que ha tenido Honduras”.

Relató que disparaban en los cuerpos de las personas las bombas lacrimógenas dejándolas con golpes y quemaduras, lo cual hicieron con saña y premeditación.

Qué dicen los organismos internacionales sobre la represión a las manifestaciones 

Para censurar a sus opositores, los gobiernos, cuya legitimidad o decisiones políticas son públicamente discutidas en manifestaciones populares, recurren a veces, supuestamente para proteger la seguridad nacional y el orden público, a las derogaciones justificadas por un peligro público excepcional. Estos gobiernos, juzgando que el derecho a la libertad de expresión limita su posibilidad de prohibir demostraciones de oposición, utilizan a veces limitaciones y suspensiones de la libertad de expresión para criminalizar la protesta social como forma de expresión, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH en su informe “La protesta social pacífica: ¿un derecho en las Américas?”.

La manifestación pacífica es uno de los derechos que más pone en evidencia el grado de respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la fortaleza de sus instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público en contra de los ciudadanos, expresa Civilis Derechos Humanos en el documento "Derecho a la manifestación pacífica",  de enero de 2013.

Puede definirse como un ejercicio de acción cívica para expresar de forma pública inconformidad o insatisfacción con problemáticas no resueltas, de diversa índole. Esta acción cívica también puede estar motivada por la indignación, la disidencia o la resistencia ante políticas públicas o conductas de los poderes públicos que afectan de manera significativa el ejercicio de derechos, argumenta.

La manifestación tiene fundamento jurídico en el derecho a la disidencia, y está relacionada con la protección de las minorías y el respeto a los derechos individuales en el marco de una sociedad libre y democrática. La disidencia es “…la posibilidad de decir “No” a situaciones en la que prevalecen la indignidad, la falta de libertad o la desigualdad”. Las personas pueden expresar pacíficamente sus desacuerdos con la opinión oficial o la de otros, y luchar por ser reconocidos como libres e iguales en sus derechos, destaca Civilis Derechos Humanos.

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Entré a la primera audiencia de descargo contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, el 16 de junio de 2017, un abogado, otro defensor de derechos humanos y la estudiante que le tocaba el turno de someterse a una audiencia por haber participado en la toma de un edificio, el 24 de mayo pasado.

Mientras la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos continúa su campaña descalificadora de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, ambos organismos recuerdan el mandato de cada uno de ellos para actuar en momentos de violaciones a derechos humanos, además demandan que en la universidad debe prevalecer el conocimiento sobre la promoción de los derechos humanos, la manifestación pacífica y un mecanismo de resolución de conflictos, según un comunicado emitido este 13 de junio de 2017.

Con un video editado donde se saca de escena a la guardia de seguridad de la Universidad Nacional , UNAH, el periódico digital presenciauniversitaria de este centro educativo procedió a recriminalizar  a los estudiantes Henry Rodriguez; Armando Velásquez y Jorge Velásquez, a quienes señaló que están en los listados de los jóvenes que fueron favorecidos con los acuerdos de 2016.

El 26 de mayo de 2017  el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, escuchó las declaraciones de los tres estudiantes Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla quienes relataron que ejercían su labor como defensores de derechos humanos en julio de 2015 y no eran activos como manifestantes en las protestas de esa fecha en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

Con grilletes en pies y manos llegaron 20 estudiantes de la Universidad Nacional  y el periodista Ronnie Huete, a la Audiencia de Imputado en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, este 26 de mayo de 2017. Aunque el Ministerio Público, MP, a instancias de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, solicitó la prisión preventiva, el juez que lleva la causa otorgó medidas sustitutivas.

Los estudiantes Moisés Cáceres, Cesarario Padilla y Sergio Ulloa, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, estarán este 24 de mayo ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en el juicio oral y público que deriva de un proceso penal por Usurpación  iniciado por las autoridades de este centro educativo desde julio de 2015, quienes barajan la posibilidad de cerrar el expediente en el marco del espíritu del los acuerdos suscritos en el 2016

Más de 40 organizaciones aglutinadas en la Articulación 611 y Coalición Contra la Impunidad, enviaron esta tarde-noche del 23 de enero de 2017, una carta al Pleno del Congreso Nacional donde les hacen un llamado a todos los diputados y diputadas a tener cuidado en la aprobación de la propuesta de reformas penales enviadas desde Casa Presidencial por el presidente Juan Orlando Hernández.

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El Centro de Estudio parta la Democracia –CESPAD- emitió este día  una alerta a la opinión pública, en momentos en los que se debate en el Congreso Nacional el paquete de reformas que envío el Poder Ejecutivo y que en opinión de expertos en la materia, restringen derechos de la población, como el derecho a la protesta social y pública.

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