Ciberseguridad al estilo Honduras

Friday, 16 February 2018 22:31

Desde hace dos semanas el Congreso Nacional discute el proyecto de una ley que al inicio le llamaron, “Ley para Regular las campañas de odio y Discriminación en las Redes Sociales” y que ahora por el rechazo de la población, la quieren bautizar, como “Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los actos de Odio y Discriminación en Internet”. 

"La renuncia de Jiménez Mayor es la culminación de un proceso de estrangulamiento que persistentemente ha venido gestando el Secretario General de la OEA en contra de la MACCIH. En esta trama, Luis Almagro ha entrado en contubernio con el régimen de JOH..", denunció la Coalición contra la Impunidad en un comunicado público este 16 de febrero de 2018, unas horas después de que Juan Jiménez Mayor, Vocero de la MACCIH renunciara de  su cargo.

De manera alterna con los resultados que comienzan a generarse por parte de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras,(MACCIH), se intensifican las presiones políticas para que este organismo internacional se retire del país, las cuales ya tuvieron efecto con la renuncia del vocero de esta institución, Juan Jiménez Mayor, este 15 de febrero.

Principio 13 de Libertad de Expresión-CIDH

13.  La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

Eran las nueve y minutos de la mañana de este martes 13 de febrero de 2018 cuando Cesar Silva, periodista del canal de televisión UNETV le daba cobertura a una manifestación pacífica que en las afueras del hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, realizaban los empleados en demanda de mayor seguridad y otras necesidades hospitalarias. De pronto, un hombre se acercó y le dijo; “a vos vengo a matarte hijo de pu.....”.

Desde el pasado veintiséis de noviembre, los hondureños que claman respeto a la institucionalidad del país y el esclarecimiento del denunciado fraude electoral que mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández, han sido duramente reprimidos por la Policía Militar, el ejército  y la Policía Nacional, que a la fecha ya han protagonizado la muerte de más de treinta personas, cientos de heridos, miles de intoxicados con gases lacrimógenos y con daños psicológicos. 

La corrupción y la complicidad institucional de un sistema de justicia carente de voluntad política para perseguir y castigar el delito, históricamente ha provocado elevados índices de impunidad que a la fecha mantiene sin castigo el 92% de los 75 crímenes contra periodistas y comunicadores sociales.

Entre el 26 de noviembre de 2017 y el 23 de enero de 2018 se registraran 33 muertes de personas manifestantes vinculadas al conflicto,  3 muertes más de agentes policiales.- Todo ello sumado al amplio número de personas heridas, personas en riesgo y los al menos 64 defensores, defensoras y líderes sociales que han sido víctima de persecución, seguimiento y hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado, señala el informe preliminar de la Coalición contra la Impunidad difundido en conferencia de prensa este 26 de enero de 2018.

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