La conferencia de prensa que se efectuó este 04 de octubre de 2016, ante periodistas de distintos medios de comunicación se llevó a cabo en la capital de Honduras donde distribuyeron un comunicado de prensa y participaron en la mesa principal Tomás Gómez Membreño, actual coordinador del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH; Víctor Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, y abogado de la familia de Bertha Cáceres; Roxana Corrales de la Red de Defensoras de Honduras y Alejandro Durón, del Colectivo Josefa Lastiri.
El pasado 30 de septiembre supuestamente cuatro hombres armados robaron el expediente del Cáceres cuando la magistrada de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán lo llevaba en su carro. El crimen ocurrió el 02 de marzo pasado y por el cual se detuvieron unas cinco personas presuntas autoras materiales, en las que figuran un militar activo de las Fuerzas Armadas y dos empleados de la empresa DESA.
Gómez Membreño leyó el comunicado donde entre otras cosas destaca que “La sustracción del expediente en estado de secretividad en las circunstancias que se haya dado, nos indica que los hilos del poder se mueven en función de ocultar o proteger a los que ordenaron matar a la compañera Berta”.
Víctor Fernández señaló que tanto los abogados como la familia de Cáceres han soportado la inexplicable ilegalidad de la declaratoria de secretividad del expediente y denunció que la estructura criminal que ordenó el crimen sigue imperante.
Fernández describió paso a paso cómo el Estado de Honduras a través del Ministerio Público ha dilatado el proceso y ocultado evidencias que en una Estado de Derecho daría con los responsables intelectuales del asesinato.
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Foto:laprensa.hn |
Entre las situaciones anómalas, el profesional del derecho dijo que el vaciado a ciertos números telefónicos donde hay suficientes indicios que al menos uno de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, tenía comunicación con Bertha Cáceres y que la misma era interpretado como amenazas , pero el celular no aparece por ninguna parte.
Asimismo el hecho que en declaraciones del ingeniero Sergio Rodríguez de DESA dijo que el caso COPINH-Bertha Cáceres era abordado por el Consejo de Administración de esa compañía, pero que es inexplicable que ninguno de los ejecutivos aparezca en el proceso investigativo.
También señaló que en los vaciados de los teléfonos solamente se incluye la relación entre los supuestos autores materiales a pesar que en el crimen participó una estructura .
En relación al allanamiento a la casa de Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad de DESA, que se encontró en su vivienda vestimenta militar y un arma de exclusivo uso militar, expresó que no han investigado a la estructura de las Fuerzas Armadas , y cuestionó que esto pueda deberse a que están protegiendo a las Fuerzas Armadas que militarizó la zona y uno de sus miembros asesinó a Tomás García, uno de los integrantes del COPINH.
Sobre el allanamiento a la empresa DESA y el que se encontrara una camisa polo donde se lee Fiscal General-Ministerio Público, denunció que “ nos preguntamos si el Fiscal General tiene una relación directa con DESA, si tiene relación con lo que denunció la familia de Bertha Cáceres que el Fiscal General tiene relación con DESA”.
Ante las preguntas de periodistas de si el Fiscal General debe ser recusado por ese hallazgo, el abogado dijo que esperaba que se excusara de seguir conociendo del caso y no esperar una recusación.
Por otro lado Fernández cuestionó que el Ministerio Público no describe la cadena de custodia y se incluye un informe de un perito que no lo firmó y que es relativo a las cámaras que filmaron la escena del crimen, se preguntó “ es casualidad u obedece a otro tipo de comportamientos?”
Sobre las acciones que la familia y sus abogados continúan realizando para que el crimen no quede en la impunidad, Fernández informó que hicieron una petición a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, al CONADEH y al Alto Comisionado de Derechos Humanos, para que respondan si están de acuerdo con las actuaciones del Estado o es una conducta criminal.
Comunicado íntegro difundido en la conferencia de prensa
PMSPH: Ante las irregularidades e irresponsabilidad en el caso de Berta Cáceres
Ante la pérdida del expediente judicial del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, PMSPH, hace saber al pueblo hondureño y a la comunidad internacional lo siguiente:
Primero: No creemos en la versión oficial sobre robo del expediente a la Magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, María Luisa Ramos, de la manera que se cuenta. Pues no conocemos, hasta el momento, a ningún magistrado o magistrada que se movilice sin protección policial y que mueva un expediente, en estado de secretividad, con la ligereza e irresponsabilidad como se quiere mostrar ante la opinión pública.
Segundo: No es difícil suponer que hasta la fecha, se haya filtrado importante información sobre las diligencias de investigación, en torno a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, y que dicha información, en manos de los asesinos, podría ayudar a garantizar ocultamiento de pruebas y por lo tanto impunidad, tanto para los autores intelectuales como materiales del asesinato.
Tercero: Denunciamos que la información contenida en el expediente ya no es secreta. Pero la Corte Suprema insiste en dilatar y ocultar el proceso investigativo, sin adelantar una tan sola acusación contra los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera. La sustracción del expediente en “estado de secretividad”, en las circunstancias que se haya dado, nos indica que los hilos del poder se mueven en función de ocultar o proteger a los que ordenaron matar a la compañera Berta.
Cuarto: Recientemente hemos sido testigos, como el Banco FMO en su último informe sobre le proyecto “agua zarca” intenta limpiar de culpas al Estado y la Empresa DESA, ocultando las violaciones a los DDHH, colectivos y espirituales del pueblo lenca y del COPINH, en consonancia, la empresa DESA y algunos medios de comunicación, han atacado deliberadamente al COPINH, negando su condición de defensores legítimos del territorio lenca y del Río Gualcarque. En estas circunstancias no nos parece extraño que en las mismas fechas de las acusaciones y de criminalización hacia el COPINH, se reconozca por parte del poder judicial la filtración del expediente judicial con las lamentables implicancias investigativas que se derivan de dicha filtración.
Quinto: La filtración de la información, bajo la idea de un “robo”, solo nos demuestra la escasa voluntad política y negligencia del gobierno para dar con los verdaderos responsables de la muerte de nuestra compañera Berta. Queda entonces evidenciado una vez más, la importancia de contar con una investigación imparcial de expertos internacionales apoyados por Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que transparente la investigación y garantice que no habrá impunidad para ninguno de los implicados en el asesinato de Berta Cáceres.
Como Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, no descansaremos hasta lograr juicio y castigo a los criminales responsables de la muerte de nuestra compañera. Seguiremos denunciando y luchando por la liberación de nuestros territorios y en especial por ver pronto el Río Gualcarque libre de represas como lo soñó y por lo que murió nuestra coordinadora póstuma Berta Cáceres.
Desde los territorios en lucha contra el extractivismo y el autoritarismo,
Honduras 04 de octubre de 2016.
PLATAFORMA DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR DE HONDURAS
PMSP
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