De sorpresa en sorpresa se desarrolla el caso de cuatro defensores y defensoras de derechos humanos torturados y detenidos por la policía el pasado 08 de septiembre de este año. La semana pasado Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico  Internacional de Derechos Humanos, llegó a reclamar una tablet decomisada a la Fiscalía de Delitos Comunes  del Ministerio Público, MP, pero le manifestaron  el 11 de octubre  que no se la podían entregar porque aún estaban en investigación.

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Pen Honduras demandó este 04 de octubre de 2017, en un comunicado público,  el castigo inmediato y sin demoras contra altos mandos policiales que participaron de las torturas y detención ilegal contra defensores de derechos humanos, entre ellos la miembra Pen Tomy Morales. Además condena la complicidad que ha  mostrado el Ministerio Público para mantener en la impunidad estas acciones que ya casi llevan un mes de haber ocurrido desde que el 08 de septiembre se produjeron y hasta ahpora no hay consecuencias para los culpables.

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Siguiendo el mismo esquema que los casos anteriores, un juez dictó medidas sustitutivas a la prisión a favor del estudiante Marvin Campos, capturado por elementos COBRAS el pasado jueves 28 de septiembre cuando salía de trabajar en grupos de una clase de sicología, carrera que él estudia en ese centro de estudios. 

Desde el golpe de Estado la justicia en Honduras se pasea de un lugar a otro, entre postas policiales, batallones y ahora en el Colegio de Abogados, donde nacen y crecen las personas que impartirán o reclamarán justicia. Este 25 de septiembre de 2017 en este último lugar comenzó la Audiencia Inicial contra tres defensores de Derechos Humanos y unos 28 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

Su misión es investigar a defensores y defensoras de derechos humanos en su entorno laboral y familiar con el objetico de controlarlos, “se solicita a quien corresponda, darle seguimiento a estos defensores a fin de que podamos controlarlos”, según un cuadro que circuló por whatsaap .

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Wednesday, 19 July 2017 00:05

Las apariencias no engañan

La utilización del paramilitarismo en Honduras fue importado de Colombia hace varios años, hoy sus malos frutos son recogidos para la represión de movimientos sociales. La acción más reciente fue en la UNAH el pasado 17 de julio de 2017, su accionar fue avalado por las autoridades universitarias a través de un contrato.

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Estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, instalaron desde la tarde del martes 27 de junio de 2017, una huelga de hambre indefinida, entre sus demandas están el cese a la criminalización de la protesta social y la renuncia inmediata de la rectora Julieta Castellanos a la que consideran el mayor obstáculo para avanzar en un proceso de democratización dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

El 26 de mayo de 2017  el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, escuchó las declaraciones de los tres estudiantes Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla quienes relataron que ejercían su labor como defensores de derechos humanos en julio de 2015 y no eran activos como manifestantes en las protestas de esa fecha en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

Con grilletes en pies y manos llegaron 20 estudiantes de la Universidad Nacional  y el periodista Ronnie Huete, a la Audiencia de Imputado en el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, este 26 de mayo de 2017. Aunque el Ministerio Público, MP, a instancias de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, solicitó la prisión preventiva, el juez que lleva la causa otorgó medidas sustitutivas.

Un clima de tensión que aumenta conforme pasan las horas se vive desde el 19 de noviembre en la Universidad Nacional de Agricultura, UNA,  donde la protesta estudiantil por respeto de los derechos de estudiantes y docentes desencadenó en intolerancia y falta de diálogo, al contrario la respuesta se hizo sentir desde el 20 de este mes con decisiones arbitrarias de expulsiones, represión e inminente criminalización de la protesta pacífica, según lo denunciaron los afectados y según consta en resolución emitida por la UNA.

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