El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es el primer mandato legítimo después del golpe de Estado ocurrido hace 13 años en Honduras. Ella junto al expresidente Manuel Zelaya Rosales, su familia y todo el pueblo hondureño, fueron víctimas de una cruenta represión cuyos perpetradores no han sido castigados. La titular del Poder  Ejecutivo tiene a cuestas una gran deuda social que va desde el combate a la impunidad, resarcimiento a la víctimas hasta el rescate del Estado de Derecho que está completamente diezmado.

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La Sala de lo Constitucional declaró Ha Lugar, un Recurso de Inconstitucionalidad  contra el Decreto Ejecutivo PCM-052-2019, aprobado en el gobierno anterior que otorgó facultades a las Fuerzas Armadas de Honduras para manejar recursos por unos 4 mil millones de lempiras desde el año 2019. Aunque la sentencia estaba desde el 22 de febrero de 2022, fue notificada hasta finales de abril del mismo año.

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En 2021 la Secretaría de Defensa excedió su gasto presupuestario en casi 872 millones de lempiras porque no ejecutó los 8 mil 464 millones 949 mil 206 lempiras aprobados por el Congreso Nacional sino  L.9,336,149,156.

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“Voy a dar la primera orden para que se quiten todos estos muros que rodean al Congreso Nacional que es un espacio del pueblo”, dijo la presidenta Xiomara Castro tras ordenar a la Policía Nacional que procediera de inmediato a cumplir la disposición, al momento de llegar a una vigilia convocada por ella para no permitir que se consume lo que denominó una traición en la conformación de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional.

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La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, externo su preocupación a través de twitter  este 16 de diciembre de 2021, donde señala que esto se debería a las reformas penales que amplían el delito de usurpación y el uso de desalojos en el ámbito penal.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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