El calor en Choluteca, en la zona Sur de Honduras, es infernal, pero se ha recalentado en las últimas horas con las acciones de presión de la empresa privada de la zona para desactivar las protestas de las comunidades contra la energía solar o fotovoltaica, que ha venido a afectarlas. Aunque han denunciado esta situación,  los oídos sordos del Ministerio Público se abrieron a favor de los empresarios y emitió 14 requerimientos fiscales por el delito de coacciones contra los liderazgos de la comunidad Prados  que han mantenido un campamento de resistencia desde hace varias semanas.

PBI expresa su preocupación por la situación de seguridad de las personas defensoras de  derechos humanos : Hedme Castro, Tommy Morales, Carlos del Cid y Ariel Díaz, quienes fueron objeto de actos de represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de judicialización en el marco del desalojo realizado el pasado 8 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expresa una alerta de Brigadas Internacionales de Paz Proyecto Honduras, (PBI-Honduras),  emitida este 19 de septiembre de 2017.

Dos semanas sin justicia pero con muchas consecuencias en su salud, esa es la impunidad que rodea a los altos mandos de la policía que han sido tratados con guantes de seda por la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público, que de oficio debió haber actuado iniciando procesos criminales contra los oficiales Leonel Sauceda, Colindres y Aguilar, entre otros, responsables de la represión sin precedentes contra cuatro defensores de derechos humanos,el pasado 08 de septiembre de 2017.

Decenas de personas intoxicadas por gases lacrimógenos este 15 de septiembre de 2017 cuando la policía reprimió una movilización que año a año desde el golpe de Estado de 2009 , realizan miles de ciudadanos y ciudadanas para protestar por la decadencia del  Estado de Derechos y las graves violaciones a los derechos humanos.

La mayoría de los mensajes de la marcha ciudadana estaban relacionados con la condena a la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, que es el candidato por el Partido Nacional, a pesar que violenta la Constitución de la República.

Quién da la orden de reprimir?

Los policías tienen una verticalidad en el mando y por lo tanto en la mayoría de los casos no toman decisiones sin que el alto mando les dé las órdenes de reprimir.

Este tipo de hechos han sido una costumbre en diferentes partes del país, los cuerpos represivos del Estado utilizan gas pimienta para dispersar a los participantes, en algunas ocasiones ha habido detenidos como en San Pedro Sula en el año 2010, decenas de manifestantes fueron golpeados y gaseados y otros detenidos.

De acuerdo al relato del artista Roger Rovelo fueron afectadas  muchas personas entre ellas niños.

Asimismo periodistas que se encontraban en la zona como el caso de Miriam Mercado y Félix Cesario que tenían dificultades para respirar, “los cobardes no dejaban de tirar bombas y recuerdo haberle arrebatado a una mujer joven dos bolsas de agua para auxiliar a los pequeños como de 9 y 11 años”, denunció.

Según explicó en su cuenta de facebook la policía llegó a provocar para tener justificación para reprimir, “la policía que llegó a provocar y a reprimir a niños, jóvenes y ancianos, sin importarles la vida de las personas y disparando a mansalva despiadada sus bombas con gas pimienta contra el pueblo indefenso, que salió en multitudinaria manifestación a protestar en esta fecha que recuerda la "independencia" contra el gobierno tirano, corrupto, criminal y usurpador, de Juan Orlando Hernández Alvarado, el más tirano y corrupto criminal, de todos los presidentes traidores que ha tenido Honduras”.

Relató que disparaban en los cuerpos de las personas las bombas lacrimógenas dejándolas con golpes y quemaduras, lo cual hicieron con saña y premeditación.

Qué dicen los organismos internacionales sobre la represión a las manifestaciones 

Para censurar a sus opositores, los gobiernos, cuya legitimidad o decisiones políticas son públicamente discutidas en manifestaciones populares, recurren a veces, supuestamente para proteger la seguridad nacional y el orden público, a las derogaciones justificadas por un peligro público excepcional. Estos gobiernos, juzgando que el derecho a la libertad de expresión limita su posibilidad de prohibir demostraciones de oposición, utilizan a veces limitaciones y suspensiones de la libertad de expresión para criminalizar la protesta social como forma de expresión, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH en su informe “La protesta social pacífica: ¿un derecho en las Américas?”.

La manifestación pacífica es uno de los derechos que más pone en evidencia el grado de respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la fortaleza de sus instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público en contra de los ciudadanos, expresa Civilis Derechos Humanos en el documento "Derecho a la manifestación pacífica",  de enero de 2013.

Puede definirse como un ejercicio de acción cívica para expresar de forma pública inconformidad o insatisfacción con problemáticas no resueltas, de diversa índole. Esta acción cívica también puede estar motivada por la indignación, la disidencia o la resistencia ante políticas públicas o conductas de los poderes públicos que afectan de manera significativa el ejercicio de derechos, argumenta.

La manifestación tiene fundamento jurídico en el derecho a la disidencia, y está relacionada con la protección de las minorías y el respeto a los derechos individuales en el marco de una sociedad libre y democrática. La disidencia es “…la posibilidad de decir “No” a situaciones en la que prevalecen la indignidad, la falta de libertad o la desigualdad”. Las personas pueden expresar pacíficamente sus desacuerdos con la opinión oficial o la de otros, y luchar por ser reconocidos como libres e iguales en sus derechos, destaca Civilis Derechos Humanos.

Su misión es investigar a defensores y defensoras de derechos humanos en su entorno laboral y familiar con el objetico de controlarlos, “se solicita a quien corresponda, darle seguimiento a estos defensores a fin de que podamos controlarlos”, según un cuadro que circuló por whatsaap .

Una serie de llamadas a su teléfono celular fue el preámbulo al sabotaje contra el vehículo de Merly Eguigure, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, este 11 de septiembre de 2017, cuando las cuatro llantas tenían clavos y el cable del aire había sido cortado, según lo denunció la lideresa a pasosdeanimalgrande.com.

Demandamos castigo al comportamiento cómplice y servil del Ministerio Público el cual en el marco de este conflicto y través de sus agentes fiscales, ha sido eficiente para instar procesos penales en contra de estudiantes bajo el uso de figuras penales evidentemente inaplicables,  no obstante, ha sido ineficiente para investigar las múltiples denuncias interpuestas en contra de Julieta Castellanos por abuso de autoridad y otros delitos, dijo la Coalición contra la Impunidad en un comunicado público difundido este 11 de sepriembre de 2017, al referirse a las torturas de que fueron vpictimas cuatro defensores de derechos humanos y siete estudiantes por policías comandados por altos jefes policiales.

En un pronunciamiento público, diversas organizaciones de derechos humanos demandaron la inmediata suspensión del Ministro de Seguridad; la cúpula policial que participó en la represión contra defensores de derechos humanos y estudiantes, el pasado 08 de septiembre, así como de la rectora Julieta Castellanos, en una conferencia de prensa este 11 de septiembre de 2017.

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