En la primera semana del juicio oral y público contra David Castillo, imputado como coactor del crimen contra Berta Cáceres, perfila no solo al criminal sino que vincula a otros actores y alumbra el camino para sentar las bases para alcanzar a los autores intelectuales del asesinato contra Berta Cáceres hace más de cinco años, señaló la acusación privada que lleva la representación de la familia y del COPINH.

La parte acusadora contra David Castillo anunció este 07 de abril de 2021,  el aporte de una nueva prueba la que considera importante por la relación empresarial que se desprende de la transferencia de más de un millón de dólares a la cuenta de la compañía representada por Castillo y que fuera girada por Daniel Atala, gerente financiero de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, de acuerdo a Víctor Fernández, abogado del equipo legal, que representa a la familia de Berta Cáceres.

A menos de una semana para que inicie el juicio oral y público contra David Castillo, uno de los enjuiciados por el crimen contra  Berta Cáceres, lideresa indígena y Coordinadora General del COPIHN, el Juzgado de Ejecución de Francisco Morazán emitió orden de captura contra la diputada y ex comisionada de policía María Luisa Borjas, quien fue condenada a dos años y ocho meses de prisión, en un proceso por difamación y calumnias por haber leído un comunicado sobre la falta de investigación del asesinato de la defensora de la etnia lenca. El Comité de Solidaridad con Borjas realizó una conferencia de prensa donde exigió al Poder Juidicial abstenerse de ejecutar la orden de captura por estar viciada de ilegalidad.

El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, informó este 11 de mayo de 2020, que solicitó hace una semana ante el Ministerio Público requerimiento fiscal contra Daniel Atala Midence , a quien señala de haber participado en el crimen contra Berta Cáceres y esta organización también denunció  que el  retardo de justicia es por responsabilidad del  Fiscal General Oscar Chinchilla que se ha hecho de la vista gorda con pruebas contundentes que la familia de la defensora le entregó desde hace cuatro años.

El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH denunció este 07 de abril de 2020 que "las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país" refiriéndose a los involucrados en el crimen contra Berta Cáceres.

Hace cuatro años, en la madrugada fue asesinada Berta Cáceres, la coordinadora del Consejo Popular de Pueblos Indígenas de Honudras, COPINH. La mataron dentro de su casa, con toda la impunidad que les dio el sistema estatal, que se trató de lavar las manos para deslindar su responsabilidad del crimen. En las primeras horas el Ministerio Público quiso colocarlo como un asesinato pasional, pero los criminales dejaron con vida a Gustavo Castro, un defensor mexicano, quien reveló la verdad de lo sucedido, se llevó a cabo un crimen político contra una de las personas más comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas.

Este 26 de marzo de 2019 continuó el juicio contra 16 implicados en el caso Fraude en el Gualcarque, impulsado por el Ministerio Público, en acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH. En esta oportunidad la se profundizaron las agresiones racistas y de odio contra el COPINH y la descalificación contra defensores de derechos humanos que observan las audiencias.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, instó el jueves a Honduras a revocar la concesión de una obra para construir una represa en tierras ancestrales indígenas, que motivó el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

Las víctimas y los abogados de la familia Berta Cáceres le invitan este martes 13 de noviembre, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para conocer las verdaderas razones y otras arbitrariedades ocurridas en el proceso por las cuales fueron excluidos de la causa.

La Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, fue denunciada por la familia de Berta Cáceres, el COPINH, abogados y organizaciones, por cometer graves delitos en contra de la búsqueda de justicia y a pesar de estar recusada por sus ilegales actuales, expulsó a los representantes legales de las víctimas dejándolas en total indefensión, según lo dieron a conocer en conferencia de prensa este 24 de octubre de 2018.