A mentir fue Gobierno hondureño al Comité de Derechos Humanos de la ONU

Thursday, 27 July 2017 12:27 Written by  Published in Contexto Read 827 times
En la foto el Procurador General de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia En la foto el Procurador General de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia

El gobierno de Honduras “no aprobó el examen de derechos humanos” en su segunda presentación periódica ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,  en las sesiones celebradas los días 5 y 6 de julio del 2017, según Guillermo López Lone., miembro de la Coalición Contra la Impunidad.

Dicho Comité en su informe inició aplaudiendo los supuestos logros del gobierno que preside Juan Orlando Hernández, al mismo tiempo que lamentó que se presentara con cinco años de retraso.

Miembros y miembras de la sociedad civil se mostraron escépticos en cuanto a los aspectos positivos que el Comité resaltó en donde consideraron que el Estado ha realizado aparentes esfuerzos en la aprobación de leyes que minimicen la violación a los derechos humanos, pero que solamente se encuentran escritas, más en la práctica revelan grandes deficiencias, porque no se asigna presupuesto para que se ejecuten las normas que deberían erradicar la transgresión de derechos.

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Apoyo a la  MACCIH

Entre los aspectos positivos resaltados por el Comité se encuentra la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras,(MACCIH),  y en particular en relación a su trabajo: la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción; y la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos,(“Ley de Política Limpia”).

Al respecto Guillermo López Lone expresó que la instalación de la MACCIH no tiene que verse como una ganancia del gobierno sino como una situación de carácter institucional que evidenció la debilidad del Estado, ya que el origen de este ente es el producto de las exigencias de la sociedad ante la incapacidad y poca voluntad política para combatir la corrupción y la impunidad.

“Las instituciones del sector justicia en Honduras han demostrado negligencia y corrupción al interior de las mismas, lo que provocó la necesidad de crear un organismo supranacional para hacerle frente a este fenómeno, por eso no es un logro del gobierno”, reiteró el profesional del derecho.

Otra falacia del gobierno es que está apoyando a un cien por ciento a la MACCIH y es que cuando acuden a los organismos internacionales muestra cuestiones que no están haciendo, pero las personas que viven en el país o se desempeñan como defensores se dan cuenta de la verdadera realidad que enfrenta el pueblo, contrario a lo que informan a la comunidad internacional.

De hecho “desde que vino la MACCIH el gobierno ha estado maniobrando para delimitarla y debilitar su mandato, concretamente en los últimos meses hemos visto como políticos vinculados a los sectores económicos tratan de entorpecer sus actividades más el lobby que se desarrolla en Washington de la misma organización de Estados Americanos”, denunció López.

Agregó que lo que pasa es que con el carácter diplomático del Comité, debe plantearse algunos puntos como positivos donde recoge en resumen lo que el gobierno ha ido a decir, aunque no “sea el blanco y negro que conocemos en el país”.

También el gobierno se adjudica como resultados la aprobación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción y la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos (“Ley de Política Limpia”),  “hemos realizado o vamos a realizar” en el plano de políticas públicas, aprobación de leyes o creación organismos como una especie de rutina para los Estados llevarlos a los informes, pero hay que darles un tiempo de observancia del cumplimiento.

Asimismo destacó que se pone en duda que la Ley de fiscalización revelará de verdad del financiamiento a los partidos políticos y la revisión por parte de los comisionados debe ser honesta, de otro modo serán prácticamente meros formalismos.

No obstante, sopesa la cantidad de recomendaciones que recibió el Estado en los temas de mujeres, territorios, defensores y justicia.

López comentó que “Honduras ha salido aplazada y nuevamente un organismo internacional le dijo que no están respetando los tratados internacionales, ni hacen una debida protección a los y las defensoras de derechos humanos”, por ende, la verdad es abismal.

Mentiras de género

Mencionando la Política Nacional de la Mujer y el II Plan de Igualdad y Equidad de Género, 2010-2022, es una presentación teórica ante la ley aprobada hace tres gobiernos antes de Juan Orlando Hernández y además no se ha cumplido en la gran mayoría de los casos, indicó la feminista Carmen Castro.

Ejemplificó la desigualdad en el salario como sucede con las mujeres que laboran en la industria del café a las se les paga cien lempiras el día, pero a los hombres 150 por la misma cantidad de trabajo, quizás con una mejor calidad laboral por parte de ellas.

De igual forma presenta una deficiencia en el marco jurídico, ya que está la ley pero no se cumple, viendo que el 70 por ciento de la población es juventud sin empleo siendo que la mitad son mujeres, entre las edades de 18 a 30 años.

Visualizando que del dato anterior el 35 por ciento son madres solteras o de familia sin trabajo remunerado y es en este gobierno que se ha acentuado más la desigualdad, recargando sobre sus hombros labores sin sueldo como es el doméstico, de cuidado y de reproducción de la vida.

A esto se dice que en papel los derechos se ven bonitos, pero en la práctica no se ejecutan, aunando la poca o nada implementación de las normas que se aprueban, porque en materia jurídica en los últimos años la criminalización de las mujeres es descomunal,  manifestó Castro.

Denunció que en muchos municipios del país los Jueces de Paz u Oficinas Municipales de la Mujer les están aplicando la Ley Contra la Violencia y de Paternidad Responsable de la misma forma que a los hombres, sin tomar en cuenta la falta ingreso económico que tienen, considerando que muchas veces quienes cometen las faltas son los hombres y las denuncian con el fin de sacarlas de sus casas, violentándolas en el momento en que las tratan como si percibieran ingresos por las labores domésticas.

Trajo a colación que el gobierno se escuda en el programa “Ciudad Mujer” que funciona en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que solamente regula algunas causales de la violencia, en tanto que son sesgados, al grado que el nivel de femicidios en los últimos años ha crecido en todo el país, y solo el  cuatrp por ciento de los casos fueron investigados.

Lo anterior es interpretado como una clara violación a los derechos humanos, refiriéndose a  la deficiencia en la impartición de la justicia que genera la impunidad, a pesar del aumento del aparato jurídico y el esfuerzo de las organizaciones de mujeres para que asignen presupuesto a la “Unidad Investigadora de crímenes contra las mujeres” , que depende de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, (ATIC) y “el problema está en que se dan los acuerdos pero no se les asigna el dinero para que funcionen”,  interpuso Castro.

En la ley del aborto por las tres causales el Congreso Nacional no quiso aprobarla,  en cambio se judicializó aumentando las penas.

El gobierno plantó como acción positiva el bono diez mil que viene desde hace tres gobiernos con el agravante que  actualmente lo han orientado a un partido político en específico, no como un programa de país, que son mecanismos establecidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para compensar la aplicación de políticas neoliberales, aumentando con ello la pobreza y la vulnerabilidad de los derechos de las personas.

Estado bipolar y cínico

La presentación de la  Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, 2013-2022, en la opinión del doctor en derechos humanos Joaquín Mejía “es una acción positiva aprobada en el pasado gobierno, en esta estrategia se incluye a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que está atravesando una grave crisis y donde se violentan diversos derechos humanos”.

En tanto que tener un plan por escrito es lo que pasa con todas las leyes y los tratados internacionales ratificados que están allí, pero no se aplican, de hecho, comentó que “el Estado tiene una bipolaridad o cinismo,  por un lado adopta leyes internas como el CONADEH y la Fiscalía de Derechos Humanos y la propia Constitución, pero al mismo tiempo viola los derechos reconocidos en esas normas”.

Definió al Estado como “el principal violador a los derechos humanos”, por el motivo de tener dos instancias internacionales de derechos humanos como son la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la MACCIH, que en perspectiva son muestra de que las autoridades de Honduras son incapaces de resolver la situación de derechos humanos en el país que se agravo a partir del golpe de Estado del 2009.

Sabemos que el papel aguanta con todo, pero existe una criminalización hacia aquellas personas que defienden derechos o se oponen a un modelo que es violatorio a los derechos humanos y se debe señalar la falta de voluntad política para poner en marcha a las instituciones que protejan correctamente a la ciudadanía.

El entrevistado habló de las decisiones que profundizan las causas que provocan violaciones a derechos humanos ejemplificando el extractivismo sin consulta previa y sin participación ciudadana, que provocan conflictos por la oposición y la militarización del Estado donde se ve el uso excesivo de los recursos públicos que deberían ser destinados para fortalecer entes como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Salud y la Educación, declaró Mejía.

Al analizar el presupuesto de este año notó que el CONADEH apenas funciona con la mitad del presupuesto que necesita  y en otra instancia su titular asume posiciones críticas ajenas no conflictivas con el gobierno actual en temas como la reelección, las concesiones mineras o políticas de seguridad “se sube al discurso oficial”, emplazó el defensor.

Eso se convierte en un círculo vicioso alrededor de la violación a los derechos humanos repetitivo y un Estado que no responde adecuadamente a las necesidades de la población, por ende podría ser una sistematicidad  de violaciones,  finalizó el experto.

Todavía no arranca

En la La Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de la justicia así como la puesta en marcha del Sistema Nacional de Protección, existe  una brecha entre la ley y su implementación, especialmente cuando ésta presenta algunos vacíos, en el sentido que quien violenta los derechos no debería ser juez ni parte, indicó Suyapa Martínez una de las actuales consejeras por la Sociedad Civil en el Mecanismo de Protección.

Hasta el momento el Mecanismo recibió más casos que al principio, enumerando que  los gremios que más pidieron protección son los abogados y periodistas, y menos son las  solicitudes de defensores y defensoras de derechos humanos,  teniendo en cuenta que por el estudio de riesgo no todos cumplen con los requisitos para que sean beneficiarios de la protección. Hasta ahora 17 peticiones de abogados fueron denegadas con el argumento que no hay nexo causal, ésto es que están en peligro por circunstancias ajenas a su profesión.

Hablando en términos negativos, el Mecanismo no actúa con la debida agilidad al riesgo, dijo Martínez.

Prosiguió que uno de los puntos es que la atención en algunas organizaciones de defensa de derechos humanos ha ido bajando, por el motivo de que la cooperación internacional aconseja a la gente que se apegue al mecanismo, lo que en cierta manera viene a debilitar a los organismos que se dedican a la defensoría.

“Al rato la CIDH va a decir que hay que ir al mecanismo y si la gente no confía en él, estará en un estado de indefensión, quizás sea necesario establecer un balance entre las acciones de defensa y de protección de las organizaciones, para prestar una alternativa a aquellas personas en riesgo inminente”, aconsejó la feminista.

Pero es preocupante que el Mecanismo se está centrando en publicar exhortos y no pasan de comunicados, las medidas que aplican son duras como acompañamiento policial, cámaras en las oficinas y teléfonos que no tienen cobertura en tierra adentro, destacó.

Refirió que este ente no cuenta con un protocolo para elaborar análisis de riesgo desde la perspectiva de género, lo que significa que se coloca aún más vulnerables a las mujeres para su protección, señaló Martínez.

Trata de personas y desplazamiento

En los temas de el Plan Estratégico contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas 2016-2022; La Ley contra la Trata de Personas,  y la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, ; “es importante la aprobación de nuevas normas legislativas relacionadas con estos temas, pero presentarlos como logros en una instancia internacional desde la mirada de la Sociedad Civil no es correcto, porque el país no avanza solo por la aprobación de leyes ni planes estratégicos” , indicó Wilmer Vásquez, director de la Red COIPRODEN.

Lo importante es garantizar que haya voluntad política de las autoridades del país que tienen la responsabilidad directa de perseguir los delitos, además de que es necesario que cuenten con los recursos para implementar los procesos debidos y sean de carácter efectivo.

En este sentido la sociedad civil en su participación ante la Comisión Interinstitucional, hace incidencia para que pueda fortalecerse técnica, logística y financieramente, la unidad de investigación de los delitos que regulan las leyes antes mencionadas y que funcionen en todos los departamentos del país.

Por otro lado enlistó que  el Estado debe impulsar campañas de sensibilización a la población que se conviertan en un eje estratégico dentro de los planes de acción dentro de la estructura estatal como son el Ministerio Público, la Secretaria de Desarrollo de Inclusión Total, Dirección de Adolescencia de Niñez y Familia, Instituto Nacional de la Juventud, Programa Nacional de Prevención y Rehabilitación de Reinserción Social, Secretaria de Seguridad, entre otras.

Recordó que en el 2013 se aprobó una política nacional de prevención de toda forma de violencia y la sociedad civil dio a conocer una hoja de ruta nacional para aparejar todo signo de intimidación, aunque no fueron asumidas por las diferentes instituciones encargadas de aminorar dichos delitos, persistió Vásquez.

Por esta razón para que se agrave el problema tiene que ver la desigualdad social que impera en el país, como la pobreza extrema y la exclusión social, en donde la inseguridad y la violencia se profundizan con los elementos del crimen organizado y el narcotráfico.

En conclusión, el gobierno faltó a la verdad al decirle al Comité que de alguna manera está erradicando la Trata y el desplazamiento forzado, mientras el país se hunde cada día en la violencia generalizada.

Recomendaciones

El Comité hizo recomendaciones basándose en el documento que el Estado de Honduras le expuso.

Si bien reconoce la importante labor del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras lamenta que tenga la categoría B, después de que el comité de acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos le rebajara la categoría. El Comité también está preocupado por cuestiones relativas a la alegada falta de transparencia en el proceso de selección del Defensor y de un presupuesto adecuado para un funcionamiento efectivo (art. 2).

Le preocupa que haya un número sustancial de recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 2011 sobre las violaciones que tuvieron lugar durante el golpe de Estado de 2009, que están todavía pendientes de pleno cumplimiento, así como los obstáculos que se interponen en la investigación y enjuiciamiento de los presuntos violadores de derechos humanos (art. 2).

La discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afro-hondureña, los pueblos indígenas y las personas que viven en áreas rurales. El Comité también está preocupado por la insuficiente presencia de los pueblos indígenas y los afro-hondureños en los órganos de representación política, así como en el gobierno.

El Comité está también  preocupado por la discriminación que sufren las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), incluyendo respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo y la identidad de las personas transgénero (arts. 2, 3, 25, 26 y 27).

La  limitada participación de la mujer en la vida política y pública, y en particular por el Reglamento de Aplicación del Principio de Paridad y del Mecanismo de Alternancia en la Participación Política de Mujeres y Hombres en los Procesos Electorales el cual no garantiza la alternancia efectiva en los cargos de elección popular (arts. 2, 3 25, y 26).

Las elevadas tasas de violencia contra la mujer, inclusive la violencia doméstica, y en particular por los centenares de muertes anuales por feminicidio; así como por la violencia contra las personas trabajadoras del sexo. Al Comité le preocupa también el extremadamente reducido número de enjuiciamientos y condenas impuestas por este tipo de violencia, lo que conduce a la impunidad de los autores. (arts. 2, 3, 6, 7 y 26).

Tomó nota de la reducción de la tasa de homicidio en el Estado parte, sin embargo continúa preocupado por las extremadamente altas tasas de homicidio, los ataques a la integridad física y contra la propiedad, el reclutamiento de niños para actividades criminales por parte de bandas criminales o maras; así como por las altísimas tasas de impunidad respecto a este tipo de crímenes (art. 6, 9 y 24).

Le intranquiliza al Comité la militarización de la seguridad pública y la insuficiente regulación y control sobre las empresas de seguridad privadas. Si bien el Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para reducir el número de licencias de armas, lamenta el deficiente control ejercido sobre la posesión y uso de las armas (arts. 2, 6 y 9).

Las informaciones respecto a que las prácticas de “limpieza social” y otras ejecuciones extrajudiciales que implican a las fuerzas de seguridad, todavía continúan. El Comité toma nota de la tipificación como delito de la desaparición forzada; sin embargo, le preocupan las informaciones sobre el alto número de desapariciones forzadas sin resolver. Al Comité también le preocupa la impunidad de dichos presuntos crímenes, incluyendo las alegaciones que relacionan la impunidad con la corrupción en las fuerzas del orden. (arts. 2, 6 y 7).

Las denuncias e informaciones de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía, fuerzas armadas y otros funcionarios públicos.

Al Comité le preocupa también la falta de criterios objetivos para la determinación de la pena para los actos de tortura  (arts. 2, 7 y 10), entre otras.

Last modified on Thursday, 27 July 2017 13:04