Este 14 de febrero pudo convertirse en una masacre cuando hombres de civil reprimieron con balas vivas a campesinos enfrente de la policía, los militares y una Jueza Ejecutora, en Casa Vieja, Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés al norte de Honduras, cuando ejecutaban  una orden de desalojo por mandato del Juzgado de Paz, denunció la Plataforma Regional Agraria Noroccidental.

A casi ocho años del despido injustificado de tres jueces y una magistrada, el Estado de Honduras demostró la “falta de voluntad política”, para restituirlos en sus cargos haciendo caso omiso a la resolución que emitiera  la Corte Interamericana de Derechos humanos (CorteIDH), en el año 2015.

En el ejercicio periodístico en Honduras, algunos comunicadores tienen un código de acomodamiento al poder fáctico, son voceros oficiales de las élites y hay una relación de contaminación que en los  procesos electorales  ha servido para oxigenar y mantener  una democracia de mentiras. Pero hay quienes se arriesgan a que se conozca la verdad, señalaron periodistas entrevistados por pasosdeanimalgrande.com  con el objetivo de conocer su opinión sobre la libertad de expresión en el marco de los procesos de elecciones en Honduras.

Global Witness expresa su profunda consternación por la respuesta de algunas personas  que representan al Estado y voceros y voceras empresariales ante la publicación de su nuevo informe ‘Honduras – el país más peligroso para defender el planeta’.

Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, indicó que existen dos razones por las cuales el impacto del informe de Global Witness causó conmoción en algunas esferas. Por un lado es que es una organización de mucho prestigio internacional y  el hecho de que por primera vez se plantea que un conjunto de empresarios están  vinculados al negocio de las hidroeléctricas y extractivistas y además "muestra las vinculaciones y las redes de corrupción que se dan entre la élite política y económica que manejan estos negocios”.

Detrás de los proyectos turísticos en donde el matrimonio de capital extranjero y las élites del país se funden, los derechos del pueblo garífuna están en peligro constante, los cuales pretenden ser avasallados utilizando los cuerpos armados del Estado de Honduras para contener su defensa.

La Coordinadora de Protección para las Américas de Frontline Defenders, Ivi Oliveira, señaló que es preocupante que se pretenda desprestigiar la lucha legítima de los defensores y defensoras del territorio  vinculándoles con partidos políticos, como parte de una campaña en Honduras donde la situación de los derechos humanos está en peores condiciones.

Para Aridana Tovar, Investigadora para las Américas de Amnistía Internacional, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández debe impulsar las investigaciones de ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos pero además hacer pronunciamientos fuertes de respaldo a la labor que realizan.

Las organizaciones aglutinadas en el Grupo Impulsor del Diálogo por el Derecho Humano a la Alimentación en Honduras, señalaron que  es "altamente preocupante la campaña de descrédito, intimidación y amenazas de criminalización que se han desatado en Honduras, en particular las devenidas de altos Funcionarios como el titular de la Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro (públicamente le ha restado credibilidad al informe), y de José Antonio Galdámez, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (pidió la detención del representante de la organización por desacreditar al país con el informe)".

El Ministerio Público, MP, recibió este 02 de febrero de 2017 dos solicitudes de investigación en relación al informe de Global Witness: una de la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Autora López  para querellar a Billy Kyte y la otra por parte de organizaciones de derechos humanos de Honduras con el objetivo de investigar violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción documentados en el informe. A cuál le dará prioridad el MP?.