DENUNCIAS

Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, IM-Defensoras, denunció la detención  este 22 de febrero de 2018, de Aquelina Mejía Guerra, defensora de derechos humanos integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, quien está siendo acusada por tenencia de bombas de fabricación casera.

Mientras a tres defensores de derechos humanos el Ministerio Público les armó un juicio en 36 horas, los envió a prisión después de ser torturados y fueron presentados enchachados de pies y manos ante un juez, a los policías torturadores les emitió requerimiento fiscal tres meses 8 días después de los hechos ocurridos el 08 de septiembre de 2017 y solicitó medidas distintas a la prisión.

Representantes de varias organizaciones de sociedad civil reaccionaron ante las amenazas del gobierno de Juan Orlando Hernández a través de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), de cancelar las personerías jurídicas aduciendo que algunas promueven el odio, argumento que ya fue usado en el gobierno de facto de Roberto Micheletti en el año 2009 con el golpe de Estado.

Los policías militares que dejaron inconsciente a un joven que ha participado en las protestas contra el fraude electoral, podrán estar tranquilos que no se les castigará por el abuso cometido contra la víctima, que por razones de seguridad no se brindará su nombre. El Fiscal Jacobo Santos, de la Fiscalía de Derechos Humanos, se negó a tomar la denuncia y exigió pruebas de que los responsables eran policías militares.

Cinco meses y 23 días suman este 28 de febrero,  en que se realizará la Audiencia de Imputado a las 2:00 p.m, en los Juzgados de lo Penal de Comayaguela, contra los oficiales de policía que torturaron a defensores y defensoras de derechos humanos el pasado 08 de septiembre.La falta de voluntad política para castigar graves violaciones a derechos fundamentales ha fomentado la repetición de los hechos con otros defensores.

Edwin Robelo Espinal, luchador social desde el golpe de Estado, fue detenido este viernes 19 de enero en  la noche por hombres encapuchados que no quisieron identificarse y se lo llevaron a la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, hasta que estuvo en esa dependencia  él supo por qué delitos lo capturaron, entre ellos el de terrorismo, daños y robo.

“En cuanto al Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras/es, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia, denunciamos al menos 4 casos documentados en los cuales aduciendo argumentos respecto del alcance de sus funciones se ha negado a actuar oportunamente para mitigar el riesgo denunciado y que, en 2 de los 4 casos, resolvió desconociendo la importante labor de defensoría realizada por 5 defensores y defensoras de derechos humanos”, denunció este 17 de enero de 2018 la Coalición contra la Impunidad.

Esta organización se pronunció sobre lo que denominó una guerra sucia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales a través de campañas de desprestigio, por oponerse al fraude electoral.

El Mecanismo de Protección nace a la luz de la Ley de Protección a Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada por el Congreso Nacional y publicada en mayor de 2015.

Cuerpos de seguridad ejercen hostigamiento contra defensores y defensoras

“Desde la Coalición contra la Impunidad, hemos documentado 63 casos de defensores, defensoras y líderes sociales en situación de riesgo en todo el país, 10 de ellos en El Progreso, Yoro, 29 en Atlántida donde el 1 de enero de 2018 fue asesinado Wilmer Paredes, una de los líderes solicitó protección frente al seguimiento del cual estaba siendo víctima, 2 en Tegucigalpa, 1 en Santa Bárbara, 4 en La Paz, 1 en Choluteca y 17 en Cortés. Datos que no son excluyentes del resto de casos que aún no han sido documentados”, agrega el comunicado público.

Respecto de los riesgos y los ataques de los cuales ahora son víctima los y las defensoras y líderes sociales, denunciamos el papel de los cuerpos de seguridad, como ser la Policía Militar en sectores como Atlántida y zonas de Cortés como ser Cofradía y Choloma y de la Policía Nacional en el sector de Villanueva, Pimienta y Potrerillos, quienes ejercen labores de hostigamiento, persecución e incluso han llevado a cabo allanamientos ilegales en casas de habitación de las personas en riesgo, argumentó esta Red de Organizaciones.

Este es el comunicado hecho público:

Condenamos enérgicamente ataques y campañas de desprestigio en contra de defensores, defensoras y líderes sociales en la coyuntura post electoral

La Coalición contra la Impunidad, condena enérgicamente los ataques y campañas de desprestigio en contra de liderazgos del movimiento social y de los compañeros y compañeras que se han posicionado en contra del fraude electoral.

Como parte de una guerra sucia han estado circulando libelos, afiches y mensajes por las redes sociales mediante los cuales se viene orquestando una campaña de desprestigio, cuyo objetivo es confundir y levantar perfiles de compatriotas comprometidos y comprometidas con cambios políticos y sociales en nuestro país.

Estas campañas dieron inicio en Tegucigalpa señalando a dirigentes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura de determinados hechos violentos, continuó el 23 de diciembre en Atlántida con personalidades que ejercen participación en la vida pública de las comunidades, posteriormente en El Progreso el 30 de diciembre de 2017, contra el Ismael Moreno, reconocido como el Padre Melo, Bartolo Fuentes, Araminta Pereira y Karina Flores, Roberto Rivera, entre otros(as), y en una segunda ocasión el 6 de enero de 2018 vinculándoles al tráfico de armas en contubernio con agentes policiales depurados.

El más reciente ataque se suscitó el 14 de enero en contra de liderazgos del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), específicamente en contra de Martín Fernández, coordinador general y Víctor Fernández, a quienes se les señala de forma infundada del asesinato de Wilmer Paredes, quien se destacó en las acciones anti fraude en la zona de Atlántida, y cuya vida fue arrebatada por sicarios el pasado 1 de enero de 2018. Pretendiendo con estos hechos tendenciosos encubrir a los verdaderos responsables de la represión y de los asesinatos políticos en esta coyuntura electoral.

Desde la Coalición contra la Impunidad, hemos documentado 63 casos de defensores, defensoras y líderes sociales en situación de riesgo en todo el país, 10 de ellos en El Progreso, Yoro, 29 en Atlántida donde el 1 de enero de 2018 fue asesinado Wilmer Paredes, una de los líderes solicitó protección frente al seguimiento del cual estaba siendo víctima, 2 en Tegucigalpa, 1 en Santa Bárbara, 4 en La Paz, 1 en Choluteca y 17 en Cortés. Datos que no son excluyentes del resto de casos que aún no han sido documentados.

Al respecto, evidenciamos y denunciamos el comportamiento de instituciones como el Ministerio Público el cual frente a los riesgos denunciados no ha actuado pronta y oportunamente, la Dirección Policial Investigación (DPI) que en al menos 5 de los casos ha puesto obstáculos para la recepción de las denuncias limitando con ello el acceso a la justicia para las víctimas.

En cuanto al Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras/es, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia, denunciamos al menos 4 casos documentados en los cuales aduciendo argumentos respecto del alcance de sus funciones se ha negado a actuar oportunamente para mitigar el riesgo denunciado y que, en 2 de los 4 casos, resolvió desconociendo la importante labor de defensoría realizada por 5 defensores y defensoras de derechos humanos.

Respecto de los riesgos y los ataques de los cuales ahora son víctima los y las defensoras y líderes sociales, denunciamos el papel de los cuerpos de seguridad, como ser la Policía Militar en sectores como Atlántida y zonas de Cortés como ser Cofradía y Choloma y de la Policía Nacional en el sector de Villanueva, Pimienta y Potrerillos, quienes ejercen labores de hostigamiento, persecución e incluso han llevado a cabo allanamientos ilegales en casas de habitación de las personas en riesgo, siendo alarmante en al menos 2 de los casos documentados, el uso de armas de electrochoque (tasser) como parte de los métodos de tortura empleados, lo cual evidencia un claro abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios y funcionarias ya que sus actuaciones son al margen de la ley.

Por todo ello, desde la Coalición contra la Impunidad, denunciamos la falta de voluntad política de este régimen dictatorial de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos, y de al menos 30 compatriotas que han sido asesinados en esta coyuntura política post-electoral.

 Por lo que, a la institucionalidad hondureña PEDIMOS:

• Se investiguen pronta y eficazmente los hechos denunciados que ponen en riesgo la vida de hombres y mujeres valiosas para este país, y garantice el castigo de los responsables en ese sentido, exigimos que el Ministerio Público asuma su papel y actúe oportunamente.

 • Se reconozca por parte de las distintas instituciones y en particular el Mecanismo de Protección de la Ley de Defensores/as, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia la condición de defensores y defensoras de las personas en riesgo, insten la investigación eficaz de los hechos y actúen en consecuencia para proteger sus vidas

 • A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, particularmente al CONADEH que actúen de manera pronta a fin de mitigar los riesgos que enfrentan los y las defensoras y líderes sociales objeto de ataques en la actual coyuntura.

Al Estado de Honduras, recordamos que parte de sus compromisos internacionales respecto de quienes defienden derechos humanos, es la NO obstaculización de sus actividades de defensoría, pero anudado a eso, investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra.

17 de enero de 2018

 COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

Vea el comunicado en PDF Aquí

 

En sus redes sociales Ismael Moreno,(Padre Melo), denunció este 01 de enero  de 2018 que se está montando una campaña de odio así como acciones que hacen peligrar su vida, por lo que alertó a la comunidad nacional e internacional a la vez que criticó el llamado diálogo del gobierno al cual consideró una tapadera de olla de presión.

Más de tres meses se llevó el Ministerio Público para hacerse de oídos sordos con los requerimientos fiscales contra jefes de policía que torturaron a cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes, el 08 de septiembre de 2017. Las excusas ya se le terminaron a este ente acusador que se fue de vacaciones y  escamoteó las acciones penales.

Cuatro periodistas son objeto en los últimos días de una campaña de desprestigio para hacer ver  a dos de ellos como “asalariados de Maduro”, el presidente de Venezuela y a los otros dos como saqueadores de comercios. Todos son comunicadores sociales críticos, pero que representan una amenaza porque no se apegan a la agenda del presidente Juan Orlando Hernández.