De acuerdo a denuncia en conferencia de prensa de este 11 de octubre por el Centro de Estudios de la Mujer Honduras, CEM-H; El Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, el Grupo de Sociedad Civil,GSC y las Plataformas 25 de Noviembre y Credi-Mujer, desde el 2015 se establecieron las audiencias públicas de presupuesto de la inversión del Estado en género lo que obliga a que hayan renglones específicos en el presupuesto para atender las necesidades de las mujeres, pero no se cumplió con este requisito.
Lo anterior ha provocado que en lo que va del año 2016 unas 40 mujeres sean asesinadas por cada mes, representando a Honduras como el país más violenta para que las mujeres puedan vivir, mientras al presupuesto militar se le subieron más de cinco mil millones de lempiras, lo que deja en evidencia que la vida de las mujeres se cambia por balas contra la población, como una política represiva contra la sociedad hondureña que deja consecuencias letales para las mujeres.
En el año 2014 y 2015 se produjeron 997 femicidios, de los cuales la impunidad ronda el 94.2 por ciento y aunque hay presupuestos precisos para instituciones encargadas de las investigaciones como la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, dependiente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, el presupuesto no fue desembolsado, al igual que el de otras dependencias, lo que podría ir a parar a las bolsas del Programa Vida Mejor, impulsado por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández que tiene aspiraciones reeleccionistas y que con él pretende granjearse “una buena imagen”.
Las organizaciones denunciaron que hay unos 20 mil casos de violencia doméstica y la violencia sexual es la tercera causa de denuncias en el país, “las asignaciones presupuestarias para las mujeres siguen siendo microscópicas”, sumado a ello se ha debilitado el Instituto Nacional de la Mujer, INAM, al que se le redujo su presupuesto en más de seis millones de lempiras.
Asimismo los créditos para las mujeres rurales están engavetados convirtiendo las disposiciones presupuestarias “un papel mojado”, sin que haya consecuencias para quienes tienen la responsabilidad de cumplir con la Ley.
Ante tal situación que provoca más violencia y atraso para las mujeres, las organizaciones en la conferencia de prensa demandaron que se realicen audiencias públicas específicas sobre el presupuesto de género, mediante las cuales se exponga el informe de gasto sensible de género y el gasto etiquetado para mujeres, involucrando al mayor número de organizaciones feministas y de mujeres .
Las demandas van encaminadas también a que se precisen sanciones ejemplares para las instituciones que incumplan con el artículo 10 de las Disposiciones de Presupuesto General, DPG.
Con este panorama queda claro que el Estado de Honduras no respeta a las mujeres y provoca más violencia al quedarse con los presupuestos que mitigarían las acciones que provocan violencia en su vida.
En el año 2015,antes de participar en el Examen Periódico Universal, EPU, el Estado de Honduras ya había consultado a las iglesias para que “autorizaran” si se aprobaba o no el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, el cual se mantiene engavetado en el Congreso Nacional, la respuesta de estas iglesias fue negativa y muy obediente el Estado prefirió violentar tratados y convenios internacionales de protección a los derechos de las mujeres.
En cuanto a la participación política de las mujeres se aprobó la participación paritaria a partir de estas próximas elecciones pero las trampas ya están planteadas para obstaculizar ese proceso.
En suma el Estado hondureño tiene en su agenda desconocer los derecho de las mujeres a pesar de compromisos y responsabilidades adquiridas.
Vea comunicado difundido en la conferencia de prensa Aquí