La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, IM-Defensoras, denunció la detención  este 22 de febrero de 2018, de Aquelina Mejía Guerra, defensora de derechos humanos integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, quien está siendo acusada por tenencia de bombas de fabricación casera.

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Desde el pasado veintiséis de noviembre, los hondureños que claman respeto a la institucionalidad del país y el esclarecimiento del denunciado fraude electoral que mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández, han sido duramente reprimidos por la Policía Militar, el ejército  y la Policía Nacional, que a la fecha ya han protagonizado la muerte de más de treinta personas, cientos de heridos, miles de intoxicados con gases lacrimógenos y con daños psicológicos. 

En medio de un contexto de represión al pueblo hondureño,el Movimiento de Mujeres y Feministas salieron a las calles con machetes, cacerolas, pitos, cruces, calzones blancos con la consigna “Fuera JOH”, y con fotografías de los rostros de las mujeres y mártires asesinados en el post golpe 2009 y post electoral, en un acto de rebeldía, resistencia y alegría por las luchas que las feministas impulsaron desde 1955 que lograron el derecho al voto de la mujer hondureña.

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La falta de acción del Ministerio Público para castigar las violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes que protestan por el fraude electoral, ha hecho que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, haga un llamado a este ente estatal para que actúe contra los perpetradores, según un comunicado difundido este 13 de enero de 2018.

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El Jefe departamental de la Policía Preventiva en el Sur del país, Comisionado Eduardo Turcios ha desafiado la resolución del Comité Técnico del Mecanismo de Protección, al Negarse a implementar las medidas de protección del periodista Jairo López, según lo ha denunciado el afectado a la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.

La Mesa de Derechos Humanos oficializó este 19 de octubre de 2017 denuncia por Abuso de Autoridad contra María Dolores Barahona, quien fungía como fiscal de turno de la Fiscalía de Delitos Comunes, del Ministerio Público, MP,  el fatídico 08 de septiembre, cuando policías al mando de altos oficiales torturaron a estudiantes y cuatro defensores de derechos humanos, en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

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La resolución de un juez de decretar prisión preventiva para el estudiante Marcio Noé Silva desencadenó nuevas protestas estudiantiles en la  Universidad Nacional Autónoma de de Honduras, UNAH. La policía llegó con antimotines y tanquetas con gas pimienta contra estudiantes que se tomaron la calle enfrente del centro de estudios  este jueves 28 de sepriembre de 2017 y fue detenido el estudiante Marvin Israel Campos.

Los Oficiales de Policía Leonel Sauceda y Félix Adrián Colindres Hernández, llegaron a la Audiencia Inicial contra defensores de derechos humanos y estudiantes vestidos con su uniforme, a pesar que se anunció desde la Comisión Especial para el Proceso de  Depuración y Transformación de la Policía,  la suspensión de la alta oficialidad. Ambos jefes de policía además falsearon la verdad de los hechos ocurridos el 08 de septiembre de este año cuando atacaron a defensores de derechos humanos y estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

PBI expresa su preocupación por la situación de seguridad de las personas defensoras de  derechos humanos : Hedme Castro, Tommy Morales, Carlos del Cid y Ariel Díaz, quienes fueron objeto de actos de represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de judicialización en el marco del desalojo realizado el pasado 8 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expresa una alerta de Brigadas Internacionales de Paz Proyecto Honduras, (PBI-Honduras),  emitida este 19 de septiembre de 2017.

Dos semanas sin justicia pero con muchas consecuencias en su salud, esa es la impunidad que rodea a los altos mandos de la policía que han sido tratados con guantes de seda por la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público, que de oficio debió haber actuado iniciando procesos criminales contra los oficiales Leonel Sauceda, Colindres y Aguilar, entre otros, responsables de la represión sin precedentes contra cuatro defensores de derechos humanos,el pasado 08 de septiembre de 2017.

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