La contraproducente legalización de las radios comunitarias ha sido como un bumerán que está utilizando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para cerrar radios comunitarias que no están en sintonía con su agenda oficial. En esta ocasión la Radio garífuna Waruguma a quien esa institución del Estado declaró como rebelde, siendo la segunda ocasión que tiene amenazas de cierre.

Los estudiantes Moisés Cáceres, Cesarario Padilla y Sergio Ulloa, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, estarán este 24 de mayo ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en el juicio oral y público que deriva de un proceso penal por Usurpación  iniciado por las autoridades de este centro educativo desde julio de 2015, quienes barajan la posibilidad de cerrar el expediente en el marco del espíritu del los acuerdos suscritos en el 2016

Unos 50 periodistas y comunicadores sociales de medios alternativos del Valle de Sula, en la zona Norte de Honduras, están bien “fichados “ por la Policía Preventiva, la Policía Militar y del Orden Público, y por los COBRAS, sus vida están en inminente riesgo , lo que hace urgente que se tomen medidas inmediatas para protegerlos. Pasosdeanimalgrande.com detalla a continuación los riesgos de ejercer la profesión  en esta área geográfica  sin que el Estado de Honduras proceda a castigar a los responsables.

Las reformas al Código Penal aprobadas por el parlamento hondureño podrían implicar la censura hacia las personas promotoras del arte, especialmente a través del artículo 335.b, “en el pasado se ha hecho, nos reprimieron, mataron artistas como Moisés Landa verde”, denunció el periodista y dramaturgo Isidro García España.

El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), se reunieron en Viena el pasado 03 de marzo de 2017  para  emitir la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y "Noticias Falsas", Desinformación y Propaganda.

Los crímenes contra periodistas, comunicadores sociales y en general los trabajadores de la comunicación se han vuelto “una normalidad” en el país. Cuando matan a alguien de este sector el tema en los medios de comunicación dura una o dos semanas, después sale de la agenda pública. Paralelamente a ello, sucede lo mismo con los operadores de justicia que al principio actúan por la presión mediática y dicen que están haciendo grandes esfuerzos para llevar a los culpables a la justicia.

Diversas organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos y  periodistas presentaron este 24 de febrero ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  un Amparo con Suspensión del  Acto Reclamado contra el artículo 335 B para que se mantenga el derecho a la libertad de expresión y la participación en asuntos públicos para periodistas, personas que usan las redes sociales y de la población hondureña  en general, por lo que se solicita se derogue dicho ordenamiento jurídico.

La Reforma Penal  al artículo 335B fue cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, en un comunicado emitido este 23 de febrero de 2017, donde declararon que no deben haber ambiguedades en la formulación de los tipos penales. Sobre la información vinculada a actos terroristas a través de medios de comunicación los Estados no deben limitar el trabajo de los periodistas.

Sin duda las dictaduras toman medidas extremas para contener las protestas ciudadanas. En Honduras desde el golpe de Estado se vienen implementando medidas de tipo penal y administrativo para dejar fuera de escena a la oposición, a periodistas y medios independientes, esto queda evidenciado con las reformas penales del presidente Juan Orlando Hernández.

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El Centro Pen Honduras alertó a Pen Internacional y a todos sus centros Pen alrededor del mundo sobre la campaña de desprestigio y la pérdida de pruebas en el expediente de la querella contra el periodista Jairo López, quien es miembro del mencionado centro. A la vez hizo un llamado al Estado de Honduras a investigar la pérdida de los documentos, castigar a los responsables de la campaña de desprestigio investigando su procedencia y la protección inmediata a su vida y la de su familia, en un comunicado difundido este domingo 19 de febrero de 2017.

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