La coyuntura de enero y febrero, sin lugar a dudas, ha estado marcada por un contexto de descontentos y de fricciones entre la ciudadanía, un sector político del país y el Gobierno de Juan Orlando Hernández, debido al paquete de reformas de no menos de 6 leyes hondureñas, entre ellas el Código Penal, que desde inicios del mes de enero envío el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación. Asimismo, por el regreso de la población hondureña a manifestarse en las calles de diversas ciudades del país, en contra de la corrupción e impunidad, y en particular, en oposición al fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en contra de Kevin Solórzano, un joven universitario a quien se vincula al asesinato del ex fiscal del Ministerio Público, Edwin Eguigure. 

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Periodistas de distintos medios de comunicación y del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, se pronunciaron en contra de la reforma al artículo 335-B del Código Penal y consideraron que va dirigido a periodistas, medios de comunicación y a todas las personas que hacen uso de las redes sociales para ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Miércoles, 22 Febrero 2017 20:34

Terroristas

Bueno, señoras y señores, tal parece que ya aprobaron las reformas al Código Penal en el Congreso Nacional, tal y como dijo este gobierno que haría. Y aunque a mi madre no le gusta que opine sobre estas cosas, porque sabiamente dice que solo me ponen en riesgo, yo no aguanto la sensación de malestar en el estómago, un deseo entre vómito, angustia y ganas de salir corriendo a algún lado, cualquiera, que me evada de esta realidad.

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La Alianza de Partidos Políticos de Oposición anunció en una conferencia de prensa este 21 de febrero de 2017 que no quiere ser cómplice de que Honduras continúe en la ruta de profundizarse como  un Estado represor, terrorista y violador sistemático de los derechos humanos.

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La extorsión, el chantaje y el terrorismo es ejercido desde las esferas del Estado, todo está a la vista desde que se dio un golpe de Estado, protagonizó un fraude electoral y aprobaron la reelección violentando la constitución, denunció José Manuel Zelaya Rosales, Coordinador del Partido Libertad y Refundación, (LIBRE).

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Global Witness expresa su profunda consternación por la respuesta de algunas personas  que representan al Estado y voceros y voceras empresariales ante la publicación de su nuevo informe ‘Honduras – el país más peligroso para defender el planeta’.

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Las organizaciones aglutinadas en el Grupo Impulsor del Diálogo por el Derecho Humano a la Alimentación en Honduras, señalaron que  es "altamente preocupante la campaña de descrédito, intimidación y amenazas de criminalización que se han desatado en Honduras, en particular las devenidas de altos Funcionarios como el titular de la Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro (públicamente le ha restado credibilidad al informe), y de José Antonio Galdámez, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (pidió la detención del representante de la organización por desacreditar al país con el informe)".

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La población hondureña reprobó a Juan Orlando Hernández en su tercer periodo con una nota de 5.15% sobre una escala de 0 a 10, según el sondeo de opinión publicado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC, este 31 de enero de 2017.

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Funcionarios y ex funcionarios estatales involucrados en actos de corrupción para imponer proyectos hidroeléctricos y de minería, así como acuerdos ilegítimos, sobornos millonarios ,delitos que se utilizan también para acallar a la oposición  con el apoyo de los cuerpos represivos del Estado y el financiamiento que los Estados Unidos, son parte de los puntos claves del Informe de Global Witness “Honduras el lugar más peligroso para defender el planeta”, presentado la mañana de este 31 de enero de 2017 en Tegucigalpa.

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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, recordó este lunes al Estado de Honduras que ha venido dando seguimiento al paquete de reformas legislativas y que en ese marco presentó a las autoridades hondureñas un análisis con el objetivo que no se violenten los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que reitera su apoyo técnico para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que garanticen el goce de derechos de los hondureñas y hondureños.

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