Un grupo de estudiantes “encapuchados” demandan derechos a pesar de varios enfrentamientos con la criminalización, el desprestigio y la violencia.

El Ministerio Público sacó las castañas del fuego a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, que este domingo 10 de julio no tenían argumentos para no desistir de proceso penales ilegales incoados ante esa institución del Esto. Hoy 11 de julio esta entidad que mantiene un voluminoso expediente de denuncias contra la rectora Julieta Castellanos sin tocar, emitió un comunicado público con los mismos argumentos esgrimidos por la UNAH en el pre diálogo establecido el fin de semana.

Más de  cuatro horas duró la reunión este 10 de julio, entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH y los estudiantes , al final el punto de estancamiento para un avance certero fue el cierre de procesos penales contra unos 75 estudiantes, demanda no negociable por la dirigencia estudiantil y un punto inflexible de la comisión nombrada por la rectora Julieta Castellanos, lo que evidenció que la criminalización de la protesta en la universidad está lejos de erradicarse.

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Aunque el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán este 08 de julio de 2016 dejó sin valor las órdenes de captura emitidas contra 18 estudiantes, los procesos penales no se detienen y tanto éstos como otros 57 a nivel nacional tendrán que enfrentar un proceso judicial por sedición y usurpación, impulsado por la rectora Julieta Castellanos, desde principios del mes de junio ante demandas estudiantiles, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

El martes 05 de julio José Humberto Palacios , Juez de turno en el Juzgado de lo Penal en Tegucigalpa,  resolvió otorgarle medidas sustitutivas a la prisión a una estudiante, pero este 06 de julio antes de realizarse la audiencia de imputado para los estudiantes Kennet Aguilar, Josué Palencia, Fausto Cálix y Gabriela Cubas, todos en el mismo proceso, anunció que los enviaría a prisión aún sin escuchar al Ministerio Público que es el organismo que tiene el monopolio de la acción penal en Honduras.

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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), emitió un comunicado este 04 de julio de 2016 donde señaló que le preocupa la judicializacuión contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, la que está relacionado con la protesta estudial y el desalojo de las instalaciones de la universidad en la capital y otros centros regionales.

El Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán, pospuso la Audiencia de Imputado que estaba programada para los estudiantes Moisés Cáceres y Cesario Padilla,  de este jueves 23 de junio para el lunes 27 del mismo mes a las nueve de la mañana, supuestamente porque el apoderado legal de la Universidada Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, no fue notificado. Sería el segundo grupo de procesados que iría a este tipo de audiencias.

Este jueves 23 de junio a las 8 y 30 a.m. estarán en Audiencia de Imputado los estudiantes Cesario Padilla y Moisés Cáceres, en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán, en el Barrio La Granja de Comayaguela, acusados de Usurpación por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, Julieta Castellanos .

El Movimiento de Estudiantes Universitarios (MEU) en una conferencia de prensa este 22 de junio, presentó una propuesta de diálogo, con el objetivo de  llegar a un acuerdo con las Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH , que permita encontrar una solución viable a la problemática académica y política que se ha identificado en el actual proceso de reforma universitaria, en un esfuerzo conjunto entre ambos a favor de la calidad educativa. Pero aunque buscaron entregársela a la rectora Julieta Castellanos, ésta no salió por ningún lado.

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Un fin de semana de intensa actividad represiva vivieron estudiantes que mantienen una protesta pacífica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Desde intentos de desalojo violento, corte del fluido eléctrico, fumigaciones para sacarlos a la fuerza, hasta presiones por parte de autoridades universitarias en compañía de una funcionaria del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH y guardias de seguridad.

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