De sorpresa en sorpresa se desarrolla el caso de cuatro defensores y defensoras de derechos humanos torturados y detenidos por la policía el pasado 08 de septiembre de este año. La semana pasado Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico  Internacional de Derechos Humanos, llegó a reclamar una tablet decomisada a la Fiscalía de Delitos Comunes  del Ministerio Público, MP, pero le manifestaron  el 11 de octubre  que no se la podían entregar porque aún estaban en investigación.

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El pasado 08 de septiembre cuatro defensores de derechos humanos fueron atacados por los cuerpos represivos del Estado cuando trataban de rescatar a estudiantes de la universidad nacional que habían quedado atrapados en un cerco de hombres armados, tanto policías como guardias de seguridad, quién sabe qué les hubiera pasado si la presencia de los defensores dos hombres y dos mujeres que expusieron sus vidas para proteger a los jóvenes.

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14 pobladores de la comunidad de Los Prados, Namasigue, Choluteca, en el Sur de Honduras, serían el conejillo de indias para desarticular la resistencia de  miles de personas que se oponen a la continuación de la empresa Energías Solares, S.A, que se asentó en esa comunidad alzándose con un contrato por 20 años y ganancias anuales de 15 millones de dólares, unos 353.4 millones de lempiras al cambio actual, sumando alrededor de 7 mil 68 millones de lempiras en 20 años prorrogables. Ellos enfrentan un juicio por su oposición al proyecto sin un cinco en sus bolsas, pero tendrán en su contra abogados que son pesos pesados para impulsar condenas.

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"Es evidente la frustración y desesperanza de los diversos actores y sectores ante el incumplimiento de los preceptos constitucionales en materia electoral. El incremento del autoritarismo, el continuismo del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, abre la puerta para la exacerbación de prácticas que se contraponen al diálogo, al respeto democrático lo que generará mayor descomposición social que traerá más violaciones a los derechos humanos. En el contexto actual el país está polarizado y expectante de los resultados electorales", señala el Foro Honduras-Suiza, en un informe divulgado sobre la tercera misión de observación de derechos humanos a Honduras.

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Siguiendo el mismo esquema que los casos anteriores, un juez dictó medidas sustitutivas a la prisión a favor del estudiante Marvin Campos, capturado por elementos COBRAS el pasado jueves 28 de septiembre cuando salía de trabajar en grupos de una clase de sicología, carrera que él estudia en ese centro de estudios. 

“Me amenazaron que me iban a embolsar y que no me dejara filmar por los medios de comunicación, eso fue lo que me salvó, después me llevaron a dos postas de policía donde me obligaron bajo amenazas a firmar una hoja donde decía que estaba acusado por atentado y daños, no tuve opción me amenazaron con presentar más cargos si no les firmaba”, dijo Marvin Israel Campos, estudiante de la UNAH y tesorero de la Asociación de Estudiantes de Psicología, desde una celda de la Policía Metropolitana número Uno, CORE7, esta mañana del 29 de septiembre de 2017.

Desde el golpe de Estado la justicia en Honduras se pasea de un lugar a otro, entre postas policiales, batallones y ahora en el Colegio de Abogados, donde nacen y crecen las personas que impartirán o reclamarán justicia. Este 25 de septiembre de 2017 en este último lugar comenzó la Audiencia Inicial contra tres defensores de Derechos Humanos y unos 28 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

PBI expresa su preocupación por la situación de seguridad de las personas defensoras de  derechos humanos : Hedme Castro, Tommy Morales, Carlos del Cid y Ariel Díaz, quienes fueron objeto de actos de represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de judicialización en el marco del desalojo realizado el pasado 8 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expresa una alerta de Brigadas Internacionales de Paz Proyecto Honduras, (PBI-Honduras),  emitida este 19 de septiembre de 2017.

En un pronunciamiento público, diversas organizaciones de derechos humanos demandaron la inmediata suspensión del Ministro de Seguridad; la cúpula policial que participó en la represión contra defensores de derechos humanos y estudiantes, el pasado 08 de septiembre, así como de la rectora Julieta Castellanos, en una conferencia de prensa este 11 de septiembre de 2017.

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Saúl Aguilar se involucró en el movimiento estudiantil cuando se dio cuenta de la vasta problemática a lo interno de la universidad y no quería ser indiferente a lo que pasaba en el campus.

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