“Esto es una experiencia más por la lucha que llevamos si nos quedáramos en la casa aceptando todo quizá no nos pasaría nada porque el gobierno y las autoridades locales dirían estos están tontos, son sumisos”, expresó Víctor Vásquez, dirigente del  Movimiento Indígena Lenca de la Paz, Honduras (MILPAH), quien aún no se recupera del balazo que recibió por parte de la policpia el pasado 13 de enero de este año cuando los cuerpos represivos llegaron a desalojar a una empresa campesina.

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El 31 de enero de 2017 la organización internacional Global Witness presentó el informe “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”, los hallazgos publicados tras dos años de investigaciones movieron los cimientos de una impunidad que se nutre de la complicidad de las instituciones del Estado para mantenerse viva y robusta.

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Global Witness hace un llamado al Estado hondureño a que tome medidas enérgicas para poner fin a una campaña de desprestigio en contra de grupos que trabajan para proteger a las y los defensores de la tierra y del medio ambiente en Honduras, el país más peligroso del mundo para este tipo de activismo. El gobierno debe garantizar la protección de defensoras y defensores locales e investigar nuevos actos de intimidación en contra de comunidades que se han movilizado en contra del robo y la destrucción de su tierra, demandó la organización no-gubernamental, señala un comunicado difundido este 15 de marzo de 2017 por esta organicación internacional.

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Global Witness expresa su profunda consternación por la respuesta de algunas personas  que representan al Estado y voceros y voceras empresariales ante la publicación de su nuevo informe ‘Honduras – el país más peligroso para defender el planeta’.

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Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, indicó que existen dos razones por las cuales el impacto del informe de Global Witness causó conmoción en algunas esferas. Por un lado es que es una organización de mucho prestigio internacional y  el hecho de que por primera vez se plantea que un conjunto de empresarios están  vinculados al negocio de las hidroeléctricas y extractivistas y además "muestra las vinculaciones y las redes de corrupción que se dan entre la élite política y económica que manejan estos negocios”.

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La Coordinadora de Protección para las Américas de Frontline Defenders, Ivi Oliveira, señaló que es preocupante que se pretenda desprestigiar la lucha legítima de los defensores y defensoras del territorio  vinculándoles con partidos políticos, como parte de una campaña en Honduras donde la situación de los derechos humanos está en peores condiciones.

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Berta se enfrentó - y, a menudo derrotó - a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. Berta fue finalista del Premio Front Line Defenders para defensores/as de derechos humanos en riesgo 2014 y, en 2015 e insta a las autoridades hondureñas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de la familia de Bertha Cáceres y de los miembros y miembras del COPINH.

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