“Esto es una experiencia más por la lucha que llevamos si nos quedáramos en la casa aceptando todo quizá no nos pasaría nada porque el gobierno y las autoridades locales dirían estos están tontos, son sumisos”, expresó Víctor Vásquez, dirigente del  Movimiento Indígena Lenca de la Paz, Honduras (MILPAH), quien aún no se recupera del balazo que recibió por parte de la policpia el pasado 13 de enero de este año cuando los cuerpos represivos llegaron a desalojar a una empresa campesina.

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Con una sonrisa en sus labios el policía Carlos Alberto Arzú Herrera, acusado por la Fiscalía de Derechos Humanos de Abuso de Autoridad y Lesiones contra la periodista Dunia Montoya hace más de un año, llegó este 15 de febrero de 2017 al tribunal con su apoderado legal y decidió declarar ante la Jueza del Juzgado de Letras de la Sección de lo penal de El Progreso, Yoro. En forma contundente dijo “es cierto ese día nos desplazamos con nuestros jefes para la manifestación de Quebrada Seca”.

A casi año y medio después de los hechos de violencia contra la periodista Dunia Montoya cuando cubría una manifestación pacífica el 01 de  septiembre de 2015, este 15 de febrero de 2017 a eso de las nueve de la mañana está programada la audiencia de imputado para uno de los policías que participó en las torturas contra la comunicadora social.

Un clima de tensión que aumenta conforme pasan las horas se vive desde el 19 de noviembre en la Universidad Nacional de Agricultura, UNA,  donde la protesta estudiantil por respeto de los derechos de estudiantes y docentes desencadenó en intolerancia y falta de diálogo, al contrario la respuesta se hizo sentir desde el 20 de este mes con decisiones arbitrarias de expulsiones, represión e inminente criminalización de la protesta pacífica, según lo denunciaron los afectados y según consta en resolución emitida por la UNA.

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Las fuerzas de Seguridad del Estado hondureño llegaron temprano y preparadas para evitar que la población se acercara a las casetas de peaje. Fue así que los agentes del orden se olvidaron de su obligación de garantizar la vida de las personas y comenzaron una brutal represión que dejó a decenas de manifestantes con golpes y afectados por los gases.

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Este sábado 11 de junio  el gobierno de Juan Orlando Hernández movilizó a la Policía Nacional para reprimir una manifestación pacífica en El progreso, Yoro, que protestaba contra las casetas de peaje que violentan la libertad  de locomoción de las personas,  debido a que si no pagan cuando pasan con sus vehículos, no pueden circular.