Cinco requerimiento fiscales contra estudiantes en San Pedro Sula y amenazas contra otros en el Centro Regional de Comayagua, son algunas de las últimas acciones de la rectora Julieta Castellanos, que pretende desarticular la protesta estudiantil con la ley del garrote y el uso del derecho penal, repitiendo la estrategia del año 2015 cuando 26 procesos fueron incoados a nivel nacional.