La organización internacional de Derechos Humanos Front Line Defenders está en alerta roja por el último ataque que sufrieron los defensores de derechos humanos Ana Mirian Romero y Rosalio Vásquez Pineda, en el departamento de La Paz, el 02 de febrero pasado,  cuando su vivienda fue incenciada, como parte de las represalias por defender sus territorios de las amenazas de hidroeléctricas donde se ha denunciado está involucrada la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.

El Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan con el monocultivo de palma africana, amenazando la soberanía alimentaria.

Protestas y fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y ambientalistas acompañaron la asamblea anual de accionistas de la transnacional Siemens el 26 de enero de 2016 en Múnich, Alemania.

Tras una movilización por las calles de la capital hondureña este 25 de enero Día de la Mujer Hondureña, las Chonas aglutinadas en el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla,  señalaron que el Golpe de Estado dejó secuelas de  infames resultados como el aumento de las diferentes violencias contra las mujeres pero en especial la violencia extrema como son los femicidios y su impunidad, así como  la imposición de credos religiosos y sus voceros.

Tegucigalpa.- El Congreso Nacional se apresta hoy a elegir 15 de una lista de 45 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuyos resultados de las pruebas de confianza son para la ciudadanía “información restringida”.

Otra comisionada se va del IAIP

Martes, 19 Enero 2016 18:40

El Congreso Nacional seleccionará una nueva comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y todavía se desconoce quién será la sustituta de la funcionaria saliente Doris Imelda Madrid.

Una multa de tres salarios mínimos tendrá que pagar cada uno de los 14 integrantes de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que violentaron el derecho ciudadano de acceso a la información pública.

La secretividad de la información pública que aplica el actual gobierno violenta la libertad de expresión porque impide a la ciudadanía recibir y difundir información vital para la mejor toma de decisiones relacionada con la gestión pública, coincidieron periodistas.

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