Un clima de tensión que aumenta conforme pasan las horas se vive desde el 19 de noviembre en la Universidad Nacional de Agricultura, UNA,  donde la protesta estudiantil por respeto de los derechos de estudiantes y docentes desencadenó en intolerancia y falta de diálogo, al contrario la respuesta se hizo sentir desde el 20 de este mes con decisiones arbitrarias de expulsiones, represión e inminente criminalización de la protesta pacífica, según lo denunciaron los afectados y según consta en resolución emitida por la UNA.

Desde el 2014 se comenzaron a discutir las reformas que se harán al Código Penal de Honduras (CPH). Sin embargo, de acuerdo con la Articulación 611, integrada por organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos, de derechos de mujeres, de la comunidad Lésbico-gay, entre muchos más que adoptaron ese nombre debido a la cantidad de artículos que contenía la primera versión del CPH, hay varias situaciones que deben denunciarse, de forma urgente:

Los muros del Congreso Nacional se cerraron ante la ciudadanía y el dinero de la Cooperación Española estaría sirviendo para avalar ilegalidades contra los derechos humanos, de aprobarse el nuevo Código Penal en los próximos meses, según lo han denunciado diversas organizaciones de sociedad civil.

Más de 900 personas llegaron a la capital de Honduras a la Primera Cumbre contra el Extractivismo denominada “Arreciemos la lucha, ya no hay tiempo”. Representan a unas 400 comunidades de todo el país. Su objetivo es tejer estrategias para luchar contra una plaga que está haciendo estragos tanto en los cuerpos como en el medio ambiente. 

Medelin David Hernández, garífuna de la comunidad de Guadalupe, Colón, fue golpeada por infantes de marina que acompañaban a la Policía Nacional  y detenida el 10 de noviembre en la tarde, la acción la promovió el empresario canadiense Randy Jorgensen, propietario de CARIVIDA, empresa que aduce haber adquirido un predio en la comunidad de Guadalupe, según denuncia de la Organización Fraternal Negra de Honduras.

Unas horas después de haber oficializado su candidatura presidencial a la reelección, el presidente Juan Orlando Hernández acusó a organizaciones de derechos humanos de recibir dinero de grupos pandilleros.

Tegucigalpa, 7 de noviembre de 2016.- A petición de los familiares de Berta Cáceres Flores y con el apoyo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Cívicas de Honduras (COPINH), de Gustavo Castro Soto y de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, se ha creado el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), un equipo conformado por especialistas en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado.

Ocultar las verdaderas causas de la violencia en Honduras  y ponerla sobre las espaldas de las juventudes es una estrategia norteamericana con la sumisión del gobierno de turno para implementarla, colocando a las maras y pandillas como el centro de la responsabilidad , lo que trae estigma y discriminación contra los y las jóvenes que mueren a montones todos los días en Honduras. Esa es parte de las conclusiones a que ha llegado el estudio “Maras y Violencia: Estado del Arte de las maras y pandilla en Honduras”, realizado por el investigador Tomás Andino y presentado por la Fundación Friedrich Ebert, FES,  en Tegucigalpa el pasado 01 de noviembre.

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