En el año transcurrido desde que Berta Cáceres fue asesinada en su casa, al menos otros siete defensores y defensoras de la tierra y el medioambiente han sido asesinados en Honduras, mientras que el gobierno aumenta su represión contra el activismo, afirma Global Witness.

La Empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, entabló una demanda en el Juzgado de Letras de lo Civil, de Francisco Morazán, por un millón de lempiras contra Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H,  aduciendo que la defensora de derechos de las mujeres ha señalado” informaciones inexactas y perjudiciales” en contra de esa empresa y sus miembros por el crimen de Bertha Cáceres. El juzgado la citó a una audiencia para el 21 de marzo de este año a las 10 de la mañana.

Ayer 27 de febrero de 2017 entraron en vigencia las reformas enviadas por el presidente Juan Orlando Hernández, con la publicación por la tarde-noche en el Diario Oficial La Gaceta.Mientras  el presidente del Congreso Nacional a través de una delegada sin poder de decisión sino con un mandato claro, sostiene reuniones con organizaciones de sociedad civil que demandan un stop tanto a las reformas penales como a  nuevo Código Penal que profundizará violaciones a los derechos humanos, entre ellas la cárcel para periodistas, comunicadores sociales, la ciudadanía que proteste y la oposición política, evidenciando que solo es una estrategia de entretenimiento.

Por irregularidades en los concursos de plazas de docentes, la mala gestión administrativa, Abuso de Autoridad, malos tratos y humillaciones en detrimento de estudiantes y docentes, solicitan la   destitución de Noé Leiva, Director de la carrera de Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), y de Marisela Bustillo Zúniga, quien funge como Coordinadora Académica.

Pen International moviliza a sus más de 30 mil miembros en unos 165 países alrededor del planeta para que demanden a las autoridades hondureñas que aseguren de inmediato la protección del periodista  y miembro Pen ,Jairo López,  a través de medidas efectivas, apropiadas e inmediatas para proteger su vida y la de su familia, especialmente a la luz de la escalada de las amenazas contra él,  y que  también les exhorten a investigar imparcial y rápidamente los orígenes de las amenazas, así como llevar  a los responsables ante la justicia. Esta Acción Rápida fue emitida en las últimas horas.

Diversas organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos y  periodistas presentaron este 24 de febrero ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  un Amparo con Suspensión del  Acto Reclamado contra el artículo 335 B para que se mantenga el derecho a la libertad de expresión y la participación en asuntos públicos para periodistas, personas que usan las redes sociales y de la población hondureña  en general, por lo que se solicita se derogue dicho ordenamiento jurídico.

Sin duda las dictaduras toman medidas extremas para contener las protestas ciudadanas. En Honduras desde el golpe de Estado se vienen implementando medidas de tipo penal y administrativo para dejar fuera de escena a la oposición, a periodistas y medios independientes, esto queda evidenciado con las reformas penales del presidente Juan Orlando Hernández.

La Alianza de Partidos Políticos de Oposición anunció en una conferencia de prensa este 21 de febrero de 2017 que no quiere ser cómplice de que Honduras continúe en la ruta de profundizarse como  un Estado represor, terrorista y violador sistemático de los derechos humanos.

Página 2 de 44