La falta de acción del Ministerio Público para castigar las violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes que protestan por el fraude electoral, ha hecho que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, haga un llamado a este ente estatal para que actúe contra los perpetradores, según un comunicado difundido este 13 de enero de 2018.

Miles de personas se manifestaron este viernes 12 de enero de 2018 por enésima vez contra el fraude electoral, en las vísperas de la toma de posesión del actual presidente Juan Orlando Hernández, que pese a que se declarara ganador de los comicios electorales muy cuestionados por la observación internacional, está dispuesto a quedarse en el cargo a fuerza de bayonetas.

“…En medio de alarmantes niveles de represión, el 22 de diciembre, Canadá reconoció la confirmación de Juan Orlando Hernández como presidente y afirmó que alienta la protección de los derechos humanos y el diálogo político. Tal declaración demuestra una falta total de preocupación genuina por los derechos humanos dado que 34 civiles han sido asesinados, más de 200 arrestados y cientos heridos por la policía militar bajo la administración de la misma persona que ahora es declarada presidente….”, señalaron un grupo de académicos , miembros de sociedad civil y estudiantes de Canadá en una misiva enviada al Primer Ministro Justin Trudeau y al Ministro de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland.

Las detenciones ilegales, encarcelamientos por varios delitos con pruebas sembradas, vigilancia, levantamiento de perfiles y la utilización de listas negras de luchadores sociales, son solo apenas algunas de las estrategias del gobierno para detener las protestas contra el fraude electoral en El Progreso, Yoro. A pesar de esa cadena de atropellos miles de personas se resisten a dejar que la ilegalidad ahogue la defensa de la democracia y los derechos humanos.

A través de un documento oficial el gobierno de Juan Orlando Hernández rechazó la petición del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luís Almagro, para que se permita un delegado de ese organismo a fin de verificar la situación de las protestas, los crímenes contra manifestantes, reuniones con  los familiares de las víctimas y observación en los lugares donde están los detenidos como consecuencia del ejercicio de su derecho a la protesta social, en el marco del fraude electoral  de noviembre de 2017.

Más de tres meses se llevó el Ministerio Público para hacerse de oídos sordos con los requerimientos fiscales contra jefes de policía que torturaron a cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes, el 08 de septiembre de 2017. Las excusas ya se le terminaron a este ente acusador que se fue de vacaciones y  escamoteó las acciones penales.

Cuatro periodistas son objeto en los últimos días de una campaña de desprestigio para hacer ver  a dos de ellos como “asalariados de Maduro”, el presidente de Venezuela y a los otros dos como saqueadores de comercios. Todos son comunicadores sociales críticos, pero que representan una amenaza porque no se apegan a la agenda del presidente Juan Orlando Hernández.

Más de 9,000 firmas ha recolectado una carta iniciada por un ciudadano a través de la red especalista en campañas change.org, con la intención de enviarla a la Corte Penal Internacional, CPI, para que el presidente Juan Orlando Hernández sea enjuiciado por crímenes de Lesa Humanos, por su responsabilidad en más de 20 asesinatos a manos de la Policía Militar del Orden Público.

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