Este proceso es el resultado de la lucha del movimiento de mujeres y feministas que durante años evidencian ante este y pasados gobiernos que la violencia ha dejado un registro de más de 6 mil asesinatos de mujeres, desde el año 2003 a la fecha. Lo más preocupante es que el 90 por ciento de los casos están en impunidad”, sostuvo Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer Honduras CEM-H.

La Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios fue creada  está conformada por el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, y las secretarías de Seguridad, de Derechos Humanos y de Justicia, Gobernación y Descentralización además, el Instituto Nacional de la Mujer y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Francia Maradiaga representante del CONADEH, aseguró que esa alarmante cifra de casos sin investigar y sin judicializar comprometen al Gobierno, ya que no ha tenido la voluntad de ser un firme protagonista para la solución del problema, y los recursos económicos destinados para atender estos delitos son raquíticos.

“En una reunión con las Organizaciones de Mujeres señalábamos las causas de la mora judicial en casos de violencia de género y una de ellas es que tenemos pocos recursos para la investigación, como ejemplo, para esclarecer este 90 por ciento de casos en impunidad, la unidad de Delitos contra la Vida solo cuenta con tres investigadores y un automóvil que está en mal estado, nosotros en el Comisionado también contamos con pocos recursos para investigación”, recalcó.

Otro de los elementos que impide cerrar el ciclo investigativo y judicial es el miedo en que incurren los testigos para presentarse a declarar, ellos a sabiendas del actual estado de inseguridad prefieren no buscarse problemas con una declaración, aquí la impunidad se potencia debido al temor. Idéntica situación vive la comunidad LGTBI”, apuntó

La representante del CONADEH manifestó que otra barrera que han detectado es la referente a que al momento de procesar pruebas en los juicios los jueces priorizan o se basan mucho para su dictamen final en el testimonio de los testigos y no en la prueba científica, algo que llama poderosamente la atención, “creemos sin perjuicio de la independencia de los togados, que estas cosas deben cambiar”.

Se le consultó a la funcionaria qué otro aspecto social están considerando trabajar para encontrar soluciones al flagelo y detalló que definitivamente la formación en el hogar es un aspecto muy importante lo mismo que la formación académica, por tanto están trabajando junto con la Secretaría de Educación para incluir en la curricula básica el tema de derechos humanos y el de género para menguar el flagelo.

Por otra parte Honorina Rodríguez, también del CEM-H explicó que este tipo de iniciativas generadoras de acción y reflexión no nacen en este momento, “se le viene dando forma desde el 2006, pero hemos caído en una serie de altos y bajos y resurge este año, pero esta vez, con la exigencia que para su eficiencia, cuente con un presupuesto etiquetado y propio, reforzando los mecanismos de investigación y judicialización.

Los femicidios son casos especiales

Rodríguez explicó que los asesinatos de mujeres encierran circunstancias especiales para ser investigadas “y con esto no estamos solicitando del Estado un trato especial, simple y sencillamente deben entender los entes investigativos y judiciales que la violencia de género responde a patrones específicos, la inseguridad hacia nosotras incide directamente en los niños, las niñas, en el hogar y finalmente en la sociedad en general”.

Para hacer entender esto a los operadores de justicia estamos trabajando en conjunto con la Unidad de Género de la Corte Suprema de Justicia, las organizaciones de sociedad Civil, el CONADEH, entre otros, pero según la entrevistada les está costando mucho la sensibilización debido a que los patrones culturales patriarcales están jugando también su papel es esta situación.

Por su parte Jackeline Anchecta, Viceministra de Derechos Humanos,  dijo que como representantes del Estado están conociendo las inquietudes de estos sectores y entienden que su papel está suscrito a reforzar el marco legal de esta comisión de investigación interinstitucional, brindar el financiamiento y reforzar los aspectos técnicos y tecnológicos que sean necesarios para ayudar a rebajar la incidencia de estos casos de violencia, “hemos logrado que el Ministerio de Finanzas amplié el presupuesto para la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC y la Dirección Policial de Investigaciones, DPI”.

Mirta Kennedy, otra representante del CEM-H, aseveró que este es un gran reto para el Gobierno, incrustar el tema violencia de género en su agenda, ya que la mujer ha sido asimilada históricamente como un objeto, por lo tanto las leyes las discriminan y las desaparecen, es por eso que se convierte en un desafío que estos actos no solo quedan en discursos y protocolos, lo importante es que lo acordado se cumpla, finalizó.