Lunes, 18 Marzo 2024

Contexto

El juicio oral y público contra ocho defensores de Guapinol que se encuentran encarcelados desde hace más de dos años, no pudo iniciarse este 02 de diciembre de 2021 debido a que el Ministerio Público sigue negándose a entregar al tribunal que conoce la causa medios de prueba importantes, y éste debe mostrarlos a la defensa. La fecha próxima es el 09 de diciembre del año en curso.

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Al menos siete heridos por armas de fuego tipo R-15, Fal y escopetas usadas por guardias de seguridad de Inversiones Ceibeña, resultaron de un ataque armado suscitado la mañana de este lunes 27 de diciembre de 2021 contra familias campesinas de la Cooperativa, en Trujillo, Colón. El operativo estaba dirigido por el ex coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras, Francis Reyes Contreras, quien además es el jefe de seguridad de la compañía, según denuncia de la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.

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La Sala de lo Constitucional  nombró a la defensora pública Claudia López como Jueza Ejecutora de Hábeas Corpus interpuesto por los apoderados legales de los defensores del Río Guapinol, este mismo día 14 de diciembre de 2021 ante esa instancia, como una nueva acción para que cese la prisión hacia los ocho encarcelados desde hace más de dos años.

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El juicio oral y público contra ocho defensores de Guapinol que se encuentran encarcelados desde hace más de dos años, no pudo iniciarse este 02 de diciembre de 2021 debido a que el Ministerio Público sigue negándose a entregar al tribunal que conoce la causa medios de prueba importantes, y éste debe mostrarlos a la defensa. La fecha próxima es el 09 de diciembre del año en curso.

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El Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia de Trujillo se han negado a entregar a la parte legal de los defensores de Guapinol, unos audiovisuales, a pesar que el tribunal lo mandó meses atrás, mientras dicho órgano de justicia no ha proporcionado la copia de la audiencia inicial, lo que violenta la igualdad de los intervinientes en el proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia.

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Un juez resolvió entregar el 23 de noviembre de 2021,  una carta de libertad provisional a los defensores de derechos humanos del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, que fueron acusados por el Ministerio Público de Incendio Agravado y Atentado contra la Secretaría de Seguridad. El proceso puede retomarse en cualquier momento por el Ministerio Público, lo que es considerado por la defensa y las víctimas como un chantaje para obligarlos a abandonar la lucha por el Río Petacón.

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Lo que se había considerado un triunfo legal el 11 de octubre de 2021  en medio de tanta arbitrariedad del Ministerio Público contra las personas defensoras de derechos humanos, dos días después ha quedado constatado que hay una franca decisión cueste lo que cueste de mantener en la cárcel a los defensores indígenas campesinos Victor Vásquez y José Vijil.

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Los periodistas Héctor Amador y Brayan Flores, de Radio Globo y GloboTV,  del programa Analizando la Noticia,  denunciaron en esta semana una supuesta  censura  por revelar “el planillazo”, un documento que el medio difundió y donde se especifica los excesivos sueldos que tienen asignados algunos funcionarios del Ministerio Público.

La Mesa de Derechos Humanos en Honduras demanda que el Ministerio Público y el Poder Judicial pongan fin al uso indebido del derecho penal contra las personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Organización, Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), quienes deben comparecer a Audiencia Inicial este 13 de abril de 2021, en franca desigualdad ante la empresa avícola El Cortijo que contamina el Río Choluteca,  pero que es tratada con guantes de seda por la justicia y no es castigada por sus acciones contra el medio ambiente por el Estado de Honduras que utiliza la criminalización para sepultar la protesta pacífica en el país.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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