Horas después del crimen contra el estudiante de la UNAH, Luis Joel Rivera, algunas personas allegadas al lugar del hecho informaron que vieron dos camionetas blancas con vidrios polarizados que ingresaron y seguidamente se escucharon los disparos. En el crimen de Roberto Gómez, padre de otro estudiante criminalizado, también testigos mencionaron la presencia de un vehículo similar.

El Estado de Honduras enfrentará una nueva demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por el asesinato Nery Geremías Orellana, ocurrido desde el 2011 y hasta la fecha no hay investigación y el expediente hasta se ha extraviado, lo que significa para el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), una forma de respaldar la impunidad, según lo de nunciaron en conferencia de prensa este 11 de julio de 2017.

El rastro de sangre que el dinero canadiense va dejando en sus inversiones en la minería en Honduras, y actualmente en la construcción de ciudades modelo, es el significado de un nuevo neocolonialismo que genera violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y originarios.

Organizaciones de mujeres y feministas declararon que la estrategia de seguridad no les sirve a las mujeres, ya que las políticas las redujeron a simples cosas que no merecen ni siquiera justicia, lo que se reflejó en el porcentaje de femicidios resueltos en  apenas cuatro por ciento, según lo denunciaron este 04 de julio de 2017 en una protesta frente el Ministerio Público, en la capital hondureña.

En 10 días de junio han asesinado impunemente a 18 mujeres lo que se traduce en dos femicidios por día y han violado o abusado a tantas otras, seguro muchas más de las que nos imaginamos pues generalmente los abusos sexuales transcurren en el más absoluto silencio. Ni la Fiscalía de la Mujer, ni la Secretaría de Seguridad, ni la Agencia de Investigación Criminal, ni el Instituto Nacional de la Mujer, han dicho o hecho nada al respecto, señala un manifiesto del movimiento de mujeres y feministas de Honduras alrededor de los femicidios, publicado este 28 de junio de 2017.

En un conversatorio denominado “Reducción de la edad de imputabilidad en Honduras”, desarrollado la semana pasada, varios organismos internacionales sostuvieron que encerrar a niños y niñas no es la solución para disminuir los niveles de violencia en la que está sumergido el país, en tanto que es necesario dejar de edificar cárceles para convertirlas en escuelas y con esto se generen las condiciones para que ellos gocen de los derechos más fundamentales.

“El Estado no quiere cumplir con el reintegro y nosotros no vamos a agarrar dinero, ellos lo que quieren es darnos una indemnización extra, ya la CorteIDH dijo que no era así, sino que ellos tienen que reintegrarnos”,  explicó la ex magistrada Tirza Flores Lanza.

Debido a que las mujeres negras poseen pocos recursos económicos son limitadas en sus derechos políticos, aunque son vistas para ser electas, pocas veces tienen oportunidades para participar activamente en puestos de decisión dentro de los institutos políticos y menos para optar a cargos de elección popular, manifestó Marlen Lino, candidata a diputada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Con el proyecto hidroeléctrico Cuyamel II en el  municipio de San Francisco, departamento de Atlántida, la empresa Compañía de Energía de San Francisco S.A, CONERSA,  se violentan los derechos humanos de al menos siete mil habitantes que además de luchar por proteger su medio ambiente deben soportar los abusos del Cuarto Batallón de Infantería que pone en grave riesgo el  derecho al agua , según un informe publicado recientemente en Honduras.

Desde hace casi siete décadas el Banco Mundial (BM) promovió la privatización de los ríos hondureños, convirtiéndola en la nueva forma de colonización para explotar los recursos naturales del país. Dicha conquista moderna trae consigo la violación a los derechos humanos de las comunidades donde se desarrollan los grandes proyectos hidroeléctricos, acrecentando la represión y la muerte que amenaza constantemente las vidas de los y las defensoras de los territorios.