DENUNCIAS

Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.

Organizaciones sociales a través del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ, denunciaron ante la MACCIH al Partido Nacional y al presidente Juan Orlando Hernández,   por el fraude electoral cometido en las elecciones generales del 26 de noviembre y demandaron la semana anterior  que se investigara por  asociación ilícita para delinquir, los hechos violentos contra la población suscitados a raíz de las protestas masivas de la población en rechazo a las irregularidades que han dejado varios muertos, heridos, detenidos y encarcelados.

La periodista Eleana Borjas, de Radio Progreso y Pedro Landa, defensor de derechos Humano, del Equipo de Reflexión  Investigación y Comunicación, ERIC, fueron sometidos a registro por militares de las Fuerzas Armadas cuando desempeñaban sus respectivas labores, en horas de la mañana de este domingo 03 de diciembre de 2017.

Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, denunció que el Mecanismo de Protección últimamente hace su trabajo por medio de llamadas telefónicas lo cual es demasiado lento pues reacciona varias horas después de que las víctimas han llamado al número de emergencia, por encontrarse en situación de grave peligro.

La expulsión del grupo Guaraguao ha dejado al descubierto que este acto no fue un hecho aislado sino que se enfoca con precisión también contra defensores y defensoras de derechos humanos internacionales que hacen observación de la situación de violencia contra sus pares en Honduras y organizaciones como el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

El gobierno de Honduras violentó el Debido Proceso Legal al no permitir el ingreso del grupo venezolano Guaraguao, a su llegada al país, este 16 de noviembre de 2017, sin observar la Ley funcionarios de Migración no los dejaron salir del aeropuerto Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, declarando inadmisible su ingreso. Las autoridades negaron el  ingreso a defensores de derechos humanos para vigilar la situación de derechos humanos  de los cuatro afectados del grupo.

Alrededor de 28 mil 500 infantes fueron adiestrados en estrategias de guerra en el año 2017 por las Fuerzas Armadas de Honduras a través del “Programa Guardianes de la Patria”, que viola convenios internacionales de protección a la niñez y la adolescencia, pero a pesar de ello persiste en los planes del alto mando militar.

Los períodos electorales en Honduras son tiempos fatales para la vida de integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, los crímenes contra este sector se agudizan, mientras el Estado hondureño no mueve un dedo  para poner fin a esta violencia que en menos de una semana ha dejado cuatro personas asesinadas en lo que va de noviembre de 2017, apenas a pocos días de las elecciones generales en el país.

Shirin Ebadi(Irán) y Tawakkol Karman(Yemen),  premios nobel de la Paz,  recalcaron que Honduras es un país totalmente peligroso para las defensoras de derechos Humanos, con más asesinatos perca cápita en todo el continente , según lo dijeron ante periodistas el pasado 24 de octubre de 2017 en la capital hondureña.

Hombres descomocidos se han dado a la tarea de seguir, vigilar y fotografiar cada movimiento de la defensora de derechos humanos, Tomy Morales, pero para la fiscal del Ministerio Público Dina Moncada eso puede ser un mero supuesto, "yo soy la fiscal y no corresponde a ningún tipo penal eso, por lo que no puedo tomar la denuncia", dijo la funcionaria este 25 de octubre cuando la afectada llegó a denunciar los hechos que ponen en riesgo su vida.

Con quiénes te vas a reunir, es la pregunta insistente que agentes de inteligencia del Estado de Honduras hacen a defensores de derechos humanos a los que también registran, amedrentan y obstruyen la salida del país  a estar personas que tienen agendas de incidencia para evidenciar la situación de derechos fundamentales en Honduras que están en un franco retroceso. Los casos son constantes según lo han denunciado organizaciones a las que pertenecen los afectados.