Coalición contra la Impunidad: Ministerio Público ha sido pieza clave en el incremento del conflicto en el sector de Pajuiles

Lunes, 07 Agosto 2017 12:09 Written by  Published in Denuncia Read 269 times

Denunciamos el papel del Ministerio Público el cual ha sido pieza clave en el incremento del conflicto ya que a pesar de haber corroborado mediante dictamen desde el 2016 los daños ambientales provocados por la empresa, continúa sin emitir requerimiento fiscal en contra de
HIDROCEP, de igual forma, la Policía Nacional ha jugado un papel nefasto como observador permisivo de todos los hechos que antecedieron a las agresiones en contra de Martín Fernández y Oscar Martínez, denuncia la Coalición contra la Impunidad en un comunicado emitido este 07 de agosto.

La reacción de esta red de organizaciones que suman más de 30 en Honduras es en relación a los hechos violentos ocurridos el pasado 04 de agosto en contra además de los campamentistas que en forma pacífica mantienen una toma en Pajuiles, en el Altántico de Honduras y que fueron atacados por entre 80 a 100 hombres armados que procedieron a destruir el campamento y a quemar los enseres que estaban en la zona.

Este forma de resitencia ya lleva casi dos meses y es la consecuencia de denuncias interpuestas ante el Ministerio Público las cuales han sido engavetadas y hay una complicidad directa en el conflicto.

Este es el comunicado íntegro:

CONDENAMOS LAS AGRESIONES EN CONTRA DEL COORDINADOR E INTEGRANTE DEL
MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA


La Coalición contra la Impunidad (CCI), lamenta y condena los hechos suscitados el día viernes 04 de agosto de 2017 en el departamento de Atlántida, Honduras, escenario en el cual fueron agredidos Martín Fernández, coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y Oscar Martínez, integrante de dicha organización, en vista de ello, a la comunidad nacional
e internacional comunica lo siguiente:

PRIMERO: Reconocemos la importante labor desarrollada por el Movimiento Amplio en defensa de los bienes naturales en todo el país y particularmente en el departamento de Atlántida donde desde el año 2010 han denunciado y desarrollado acciones legales en contra de más de 24 concesiones para proyectos mineros e hidroeléctricos otorgados y que, producto de ese trabajo, han sido pieza clave en los procesos de declaratorias de territorios libres de minería e hidroeléctricas en 5 municipios del departamento contribuyendo con ello al desarrollo de ejercicios de soberanía desde las comunidades y que, actualmente sostienen dos campamentos de defensa de los ríos en el Sector Pajuiles en Tela y Jilamito en el municipio de Arizona.

SEGUNDO: Condenamos que las agresiones sean producto de sus actividades en defensa de los bienes naturales en el Sector Pajuiles y que estas sean motivadas y dirigidas por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario Jaison Hawit la cual ha sostenido una fuerte campaña en contra de Martín Fernández y las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio desde el diciembre de 2016, luego de que estas impugnaran el cabildo abierto y denunciaran a los funcionarios(as) y al alcalde municipal Mario Fuentes, quienes aprobaron dicho proyecto violentando la voluntad de las comunidades.

TERCERO: Denunciamos el papel del Ministerio Público el cual ha sido pieza clave en el incremento del conflicto ya que, a pesar de haber corroborado mediante dictamen desde el 2016 los daños ambientales provocados por la empresa continúa sin emitir requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP, de igual forma, la Policía Nacional ha jugado un papel nefasto como observador permisivo de todos los hechos que antecedieron a las agresiones en contra de Martín Fernández y Oscar Martínez como ser la quema del campamento No. 2 el 22 de julio, las amenazas proferidas el 01 y 02 de agosto y la quema de ambos campamentos en horas anteriores a las agresiones el mismo 04 de agosto, llevándose a cabo estos últimos en presencia de la policía quienes decidieron no intervenir en una clara confabulación con la empresa y las personas pagadas para tal fin.

CUARTO: Denunciamos que estos hechos no constituyen situaciones aisladas, sino que forman parte de un patrón de comportamiento seguido por las empresas del rubro extractivo en contra de quienes defienden la tierra y el agua y demás bienes naturales y cuyas acciones generan detrimento de sus interés económicos. En el caso particular del Movimiento Amplio, los hechos ocurridos plantean una escalada de violencia en su contra por parte de la empresa HIDROCEP bajo la permisividad de las autoridades en la zona. Es verdaderamente lamentable que en Honduras defender los bienes naturales, y defender derechos humanos en general puede costarnos la vida.

Finalmente, exigimos que se realice una investigación efectiva de todas las agresiones en contra del Movimiento Amplio las cuales han sido oportunamente denunciadas ante el Ministerio Público, se deduzca responsabilidad penal a los implicados a fin de asegurar que no continúen actuando impunemente y que estos hechos no sienten nuevos precedentes que sirvan de fomento a ataques más graves en contra de los y las integrantes del Movimiento Amplio y de defensores y defensoras en Honduras. Demandados también que el Ministerio Público deduzca responsabilidad a la empresa HIDROCEP por los daños ambientales provocados en la Cordillera Nombre de Dios y el Río Mezapa, los cuales ya fueron debidamente constatados y a los jefes y agentes policiales que presenciaron las agresiones en contra de Martín Fernández y Oscar Martínez y a pesar de ello, decidieron no intervenir.

Instamos a la OANUDH-Honduras y demás organismos de derechos humanos con sede en el país a que asuman con mayor beligerancia su gestión en estos conflictos que muestran un notorio, grave y peligroso aumento de los riesgos a los que están expuestos los defensores y defensoras en Honduras.


COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD
San Pedro Sula, 07 de agosto, 2017.