La aprobación en septiembre de 2017 del artículo 590 del nuevo Código Penal, el cual tipifica como actos de terrorismo toda acción de protesta pública, encontró a sus víctimas, esta vez en las demandas de los habitantes del sector de Guapinol, en Tocoa, Colón, quienes protestan en legítima defensa de sus recurso hídricos.

Cómo empieza la ilegalidad

El lesivo manipuleo legislativo ejecutado por las élites económicas gobernantes que mueven peones a puestos clave del gobierno, permite que éstos diseñen y faciliten leyes para favorecer y promover sus frívolas inversiones, llevadas a cabo atropellando la dignidad y las necesidades básicas de la gente humilde.

Juan López, Líder y coordinador del Comité Pro defensa de los Bienes comunes y Públicos del Municipio, en entrevista a pasosdeanimalgrande.com, relató cómo se entreteje el hilo de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias alrededor de la concesión para que la empresa minera Inversiones los Pinares se establezca.

Según su recuento el año 2008 cuando fue solicitada una concesión para explotación minera en esta zona de Tocoa supuestamente por la empresa “Mi Esperanza”, propiedad del señor Javier Rivera, quien fue requerido por la justicia de Estados Unidos por lo que después le fue otorgada a la empresa Emco Mining Company, de Lenir Lopez, empresario sampedrano propietario también de la compañía Alutech y Yerno del ya fallecido empresario Miguel Facussé quien en vida fue dueño de Corporación Dinant.

Luego, para beneficiar a Inversiones Los Pinares, (Antes Emco Mining Company), el Estado a través de las instituciones Instituto de Conservación Forestal, ICF y el El Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN, modificó el decreto que delimita la zona de amortiguamiento del “Parque Nacional Carlos Escaleras”, ampliando sus extensiones en zona de amortiguamiento con el argumento de aumentar las áreas protegidas.

Pero en realidad lo que se estaba fraguando era la reducción de la zona núcleo y así crear un asidero legal donde la empresa minera pudiera justificar el desastre ecológico causado justo en el corazón del Parque Nacional, en el mismo lugar donde nacen los ríos San Pedro y Guapinol, sector considerado santuario de la naturaleza por los habitantes de la zona, ya que es fuente principal de agua potable y un refugio de vida silvestre.

Según relató el líder comunal, las comunidades han llegado a constatar que se ha construido por parte de la minera de Lenir López, alrededor de 552 metros de carretera, en el corazón del área núcleo, cuando según reglamentos del ICF se prohíbe tácitamente cualquier tipo de proyectos, así sea en área de amortiguamiento como en zona núcleo.

Lo anterior ha provocado que el sedimento resultante de la remoción de tierra por la poderosa maquinaria se deposite directamente en el cauce de los ríos alterando la calidad del agua, la que se convertirá en una especie de refresco de tamarindo, viéndose obligados a comprar agua a compañías privadas.

Por otra parte Juan López lamentó que se le haya librado orden de captura contra él y otros dirigentes, quienes para proteger la zona se han visto en la necesidad de levantar un campamento como especie de posta de resguardo forestal en la parte alta de la zona conocida como Ceibita, para impedir que esta empresa continúe dañando el medio ambiente.

”Nos condenan por proteger nuestras fuentes de agua, por proteger la vida, por exigir respeto a nuestro derechos humano. He recibido amenazas de cárcel porque me consideran el responsable de este movimiento, cuando somos un grupo de ciudadanos conscientes que no queremos heredar un desierto a nuestros hijos”, dijo.

Por su parte Juana Esquivel, otra de las dirigentes de la protesta y Coordinadora de la Fundación San Alonzo Rodríguez, organización aglutinada en el Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes del Municipio, compartió a pasosdeanimalgrande.com, documentos que respaldan sus demandas.

Detalló que el ICF reconoce que el proyecto minero no es factible ya que el mismo está ubicado en el área de cobertura forestal y en la sub zona de recuperación del área protegida PNMB. En el documento esta institución recomienda mediante dictamen técnico a MIAMBIENTE declarar sin lugar la licencia ambiental para dicho proyecto.

No obstante, en un súbito e inesperado cambio, las mismas entidades reformaron este dictamen y en el año 2014 durante el gobierno de Porfirio Lobo, se le conceden los tan anhelados permisos de explotación a la minera, descociendo las recomendaciones de impacto ambiental anteriormente expuestas a través de estudios técnicos.

Los afectados han solicitado los documentos que sustenten el cambio de dictamen por parte de las autoridades, sin embargo se han mostrado herméticas para brindar dicha información alegando que están amparados en la ley de secretos oficiales y clasificación de la información, calzando así otra de las artimañas legales diseñadas para que las élites del poder devoren sin contemplaciones legales todos los recursos del Estado.

“No importa si en el camino se lleven de encuentro la dignidad de las personas, basta con que esto represente un negocio para la minoría que ostenta el poder”, lamentó Esquivel.

Denunció que el mismo alcalde Tocoa, Adan Fúnez, otro peón del juego de poder, apoye la explotación minera negando la posibilidad al pueblo que se manifieste, discutiendo la problemática en un cabildo abierto “ él sabe que el pueblo consciente, que es la mayoría, rechazará negociar sus tesoros naturales por unos cuantos billetes.

Para ambos dirigentes y 19 más, se libraron las órdenes de captura por dirigir acciones de protesta, pero admiten que su conciencia está tranquila, tienen el suficiente respaldo moral, espiritual y legal para seguir y tener esperanza en esta lucha, que consideran justa.

Aseguraron que no descansaran hasta lograr se declarare al municipio “libre de minería”, pero lamentan sentirse en total indefensión ante el Estado, y señalan que hasta de la prensa les ha cerrado las puertas para enviar el mensaje claro que de la única forma que levantarán el campamento es hasta que esta empresa minero Inversiones Los Pinares detenga completamente los trabajos y le sea cancelada la licencia de nueve proyectos de explotación más que se pretende llevar a cabo, “no hay cabida a negociaciones bajo la mesa”, finalizó.