Jueves, 28 Marzo 2024

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Plataforma 25 de noviembre: Vida y seguridad de las mujeres debe ser una emergencia nacional

Posted On Jueves, 26 Noviembre 2020 17:42 Written by Heidy Dávila

La Plataforma 25 de Noviembre exigió castigo para los culpables de los asesinatos de las defensoras Berta Cáceres y Margarita Murillo, y que se declare emergencia nacional la seguridad y la vida de las mujeres en Honduras, en protestas realizadas frente al Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, este 25 de Noviembre, que se conmemoró el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres.

Esta fecha se recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, en 1960 por órdenes del dictador Rafael Trujillo, en República Dominicana.Las mujeres hondureñas organizadas en la Plataforma 25 de Noviembre, denunciaron que solo en los primero 10 meses del 2020, se registraron 350 muertes violentas de mujeres y femicidios, y los culpables no tienen sanciones ya que están siendo beneficiados bajo los protocolos aplicados por el Estado, para controlar la pandemia por Covid-19.

De acuerdo a esta red de mujeres la pandemia ha traído repercusiones en cuanto al seguimiento de las denuncias, pues los tribunales han pospuesto las audiencias hasta el próximo año, dando así tregua para que los agresores se sientan en total libertad de continuar agrediendo a las mujeres y las niñas.

Asimismo argumentó que la vida y seguridad de las mujeres debe ser considerada una emergencia nacional, debido a que las cifras de los últimos 11 años desde el 2009 hasta el 2019, documentan 5 mil 106, dejando un promedio de mortalidad anual de 222 antes del 2009 a 464 después, o sea, semanalmente asesinan 9 mujeres y la impunidad en los crímenes es más del 90 por ciento.

La violencia de genero se acrecentó con las medidas de confinamiento de la pandemia por Covid-19, donde las mujeres y niñas quedaron encerradas con sus agresores, una situación preocupante observada en la línea de atención del Sistema Nacional de Emergencia 911 donde desde enero a octubre se recibieron 84 mil 572 llamadas, y el promedio mensual pasó de 7 mil 900 antes de la pandemia a 8 mil 594 durante la misma, solo el 9 por ciento de estas cifras se concretizan en denuncia ante instancias como el Ministerio Público o los juzgados.

Según las organizaciones de mujeres , producto del Estado fallido, la situación para las mujeres tiende agravarse después de estar confinadas sin oportunidades laborales e ingresos alimenticios.

Con la llegada de los Huracanes ETA y IOTA, donde las personas evacuadas fueron albergadas sin las condiciones adecuadas y una atención diferenciada, se están reportando más de 10 casos de violaciones sexuales, un problema alarmante ya que aún sigue prohibida la Píldora de Anticoncepción de Emergencia PAE, en una negación abierta de los derechos de las mujeres hondureñas.

Por eso las organizaciones de la Plataforma 25 de noviembre en un documento le recordaron al gobierno que es firmante de acuerdos y convenciones de los derechos de las mujeres, y su responsabilidad a través de las instituciones, de promover el fin de la violencia, aumentando la sensibilización sobre sus causas y, en consecuencia, fortaleciendo las capacidades de las instancias creadas para dar respuesta a la problemática investigando, enjuiciando y castigando a los culpables, así como el deber de ofrecer atención y apoyo a las sobrevivientes.

Asimismo demandaron que respalde las instancias de apoyo para las sobrevivientes de violencia como Casas Refugio, que incluyan seguridad , salud y otros servicios esenciales, que restablezca durante el resto del año las audiencias de las denuncias de violencia contra las mujeres y las niñas, que sea incorporado un plan de reconstrucción del país con perspectiva de género.

También piden un incremento en el Presupuesto General de la República para la inversión destinada al acceso a la justicia, salud y el empoderamiento económico de las mujeres como CREDIMUJER, fondo semilla para las mujeres y sus iniciativas económicas, condonar las deudas de las mujeres porque en la situación que están no hacerlo profundiza la feminización de la pobreza, de igual manera a los alcaldes y alcaldesas les demandan respetar el cinco por ciento de la transferencia municipal destinada a las mujeres.

Entre otras exigencias agregaron la aprobación de la ley de trabajo doméstico y la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, marco legal protector de las trabajadoras domésticas y el respeto a las recomendaciones internacionales en el marco del Examen Periódico Universal como es la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

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