Las concesiones mineras se extienden sobre 185 municipios y los de generación de energía eléctrica sobre 81 municipios. Mientras otros 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos, señala un estudio denominado “Territorios en riesgo III Minería, hidrocarburos y generación de energía eléctrica en Honduras”, realizado por  la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras, FOSDEH, la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo, COSUDE y OXFAM.

El Consejo de Derechos Humanos en reunión de este 20 de septiembre de 2021, detalló  no haber recibido informe de seguimiento a las recomendaciones que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en el caso de ocho defensores de Guapinol, remitiera desde febrero de este año.

Representantes de mujeres, sindicatos, patronatos, jóvenes, organizaciones sociales y de derechos humanos, se lanzaron a las calles este 30 de agosto de 2021 para alertar tanto al gobierno como a los empresarios extranjeros que no permitirán que prosperen las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE.

Haciendo caso omiso de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y otras demandas internacionales, el Poder Judicial a través de una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió mantener en prisión preventiva a ocho defensores del Río Guapinol, quienes hoy 26 de agosto cumplían dos años de permanecer en la cárcel.

El Ministerio Público debe acusar por el delito de traición a la patria, entrega del territorio nacional y soberanía nacional, a las y los diputados y magistrados que votaron por la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDE, exigió la Mesa de Derechos Humanos en una conferencia de prensa  este 24 de agosto de 2021, además de anunciar que documentará las violaciones de derechos humanos, producto del establecimiento de las ZEDE, acciones de incidencia a nivel nacional e internacional, al mismo tiempo demandará castigo para quienes promueven dicho proyecto en el marco de la búsqueda de justicia para las víctimas.

Ese es el criterio de muchos sectores que detrás de la captura de Henry Arturo Bonilla Acevedo, apresado el 03 de agosto recién pasado y acusado de haber quemado la sede diplomática por lo que  enfrentará  la maquinaria de la embajada americana en Honduras y una justicia sometida, que además baila a la comparsa de acciones de criminalización de la oposición política para neutralizar posibles protestas ante las vísperas de otra reelección del presidente Juan Orlando Hernández para un tercer período.

“Desde la creación de la UNAH nunca había estado tan amenazada, en su misión de impulsar y tutelar la educación superior y profesional del país, siguiendo los senderos marcados por la Constitución, esto a consecuencia del artículo 34 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, (ZEDE)", señala en su parte medular el Recurso de Inconstitucionalidad, interpuesto ante la Sala de lo Constitucional, por el rector de la universidad nacional, Francisco José Herrera Alvarado, este 21 de julio de 2021.

Una serie de estrategias que dejaron a un presidente fuera de su cargo y establecieron las bases de la ilegalidad, la desarticulación de la institucionalidad y una impunidad galopante que se agudiza cada día, fueron las conclusiones a las que llegó el foro vitual “La Protesta Social y la Criminalización de la Oposición Política en Honduras”, desarrollado este 28 de junio de 2021, a 12 años de esos hechos violentos contra el pueblo hondureño.

Los periodistas Héctor Amador y Brayan Flores, de Radio Globo y GloboTV,  del programa Analizando la Noticia,  denunciaron en esta semana una supuesta  censura  por revelar “el planillazo”, un documento que el medio difundió y donde se especifica los excesivos sueldos que tienen asignados algunos funcionarios del Ministerio Público.

Expertos  expusieron las consecuencias que pueden tener las leyes en favor de las ZEDE, y entre ellas destacan una situación de una contradicción insalvable donde los hondureños que residen en su propio territorio tengan un carácter de casi extranjeros y que límite los derechos humanos en la lucha contra la corrupción y extradición.