Los defensores ambientales de la comunidad de Guapinol se han enfrentado con una serie pesada de injusticias desde el momento que su río se convirtió en lodo en 2018 durante la construcción de una mina cercana. Una de esas injusticias más difundidas ha sido la detención de ocho de sus compañeros por más de dos años mientras esperan el juicio en un sistema de justicia que supuestamente presume su inocencia.

La Sala de lo Constitucional  nombró a la defensora pública Claudia López como Jueza Ejecutora de Hábeas Corpus interpuesto por los apoderados legales de los defensores del Río Guapinol, este mismo día 14 de diciembre de 2021 ante esa instancia, como una nueva acción para que cese la prisión hacia los ocho encarcelados desde hace más de dos años.

El equipo legal de la Red de Trabajadoras Domésticas, RTD,  presentó este 23 de junio de 2021, un  Recurso de Amparo solicitando que se derogue el régimen especial que regula en forma precaria  el acceso a la salud de este sector y que se apruebe una Ley para su beneficio que se encuentra engavetada en el Congreso Nacional hondureño.

Laura Zuniga, hija de la ambientalista Berta Cáceres y Coordinadora del COPINH,  describe como indignación y rabia el sentimiento que percibe la población lenca al encontrar edificios del pueblo cerrados y cercados con policías, son instituciones del  sistema judicial alejado de las exigencias de una población que ha sido violentada.

Una acción de inconstitucionalidad contra la suspensión de los cabildos abiertos presenciales y el establecimiento de los mismos a través de medios virtuales, fue presenta por diversas organizaciones aglutinadas en la Coalición contra la Impunidad, este 20 de abril de 2021, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte de Justicia hondureña.

Los procesos judiciales  impulsados  desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, repercuten en la vida privada y profesional, según Cesario Padilla y Moisés Cáceres, ex líderes estudiantiles que vivieron los peores años de persecución al mando de la ex rectora Julieta Castellanos. Ellos enfrentan una sentencia de tres años actualmente por ejercer el derecho a la protesta social.