Mientras a tres defensores de derechos humanos el Ministerio Público les armó un juicio en 36 horas, los envió a prisión después de ser torturados y fueron presentados enchachados de pies y manos ante un juez, a los policías torturadores les emitió requerimiento fiscal tres meses 8 días después de los hechos ocurridos el 08 de septiembre de 2017 y solicitó medidas distintas a la prisión.

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La Comisión  Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos (OACNUDH) expresan su preocupación por amenazas y prácticas de hostigamiento contra personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas y medios de comunicación en el contexto post-electoral en Honduras.

Más de tres meses se llevó el Ministerio Público para hacerse de oídos sordos con los requerimientos fiscales contra jefes de policía que torturaron a cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes, el 08 de septiembre de 2017. Las excusas ya se le terminaron a este ente acusador que se fue de vacaciones y  escamoteó las acciones penales.

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Cuando intentaban persuadir a policías que detuvieran la represión contra miles de manifestantes la noche del 29 de noviembre, los defensores de derechos humanos Henry Rodríguez, de ACI-Participa y Kevhin Ramos, de ASOPODEHU, fueron golpeados con los cascos e insultados, a pesar que portaban carnets y chalecos de sus respectivas organizaciones.

La expulsión del grupo Guaraguao ha dejado al descubierto que este acto no fue un hecho aislado sino que se enfoca con precisión también contra defensores y defensoras de derechos humanos internacionales que hacen observación de la situación de violencia contra sus pares en Honduras y organizaciones como el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

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En un número creciente de países la presión sobre los defensores de los derechos humanos ha aumentado continuamente, y la comunidad internacional no ha logrado brindar estabilidad y la paz a las regiones de conflicto, en agudo contraste con los esfuerzos emprendidos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, señaló el programa ProtectDefenders.eu, que reunió defensores de derechos humanos de todos los continentes el 08 de noviembre de 2017 en el  encuentro denominado “Campeones del Cambio”, en Bruselas, Bélgica.

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Con quiénes te vas a reunir, es la pregunta insistente que agentes de inteligencia del Estado de Honduras hacen a defensores de derechos humanos a los que también registran, amedrentan y obstruyen la salida del país  a estar personas que tienen agendas de incidencia para evidenciar la situación de derechos fundamentales en Honduras que están en un franco retroceso. Los casos son constantes según lo han denunciado organizaciones a las que pertenecen los afectados.

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Los Oficiales de Policía Leonel Sauceda y Félix Adrián Colindres Hernández, llegaron a la Audiencia Inicial contra defensores de derechos humanos y estudiantes vestidos con su uniforme, a pesar que se anunció desde la Comisión Especial para el Proceso de  Depuración y Transformación de la Policía,  la suspensión de la alta oficialidad. Ambos jefes de policía además falsearon la verdad de los hechos ocurridos el 08 de septiembre de este año cuando atacaron a defensores de derechos humanos y estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

PBI expresa su preocupación por la situación de seguridad de las personas defensoras de  derechos humanos : Hedme Castro, Tommy Morales, Carlos del Cid y Ariel Díaz, quienes fueron objeto de actos de represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de judicialización en el marco del desalojo realizado el pasado 8 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expresa una alerta de Brigadas Internacionales de Paz Proyecto Honduras, (PBI-Honduras),  emitida este 19 de septiembre de 2017.

Dos semanas sin justicia pero con muchas consecuencias en su salud, esa es la impunidad que rodea a los altos mandos de la policía que han sido tratados con guantes de seda por la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público, que de oficio debió haber actuado iniciando procesos criminales contra los oficiales Leonel Sauceda, Colindres y Aguilar, entre otros, responsables de la represión sin precedentes contra cuatro defensores de derechos humanos,el pasado 08 de septiembre de 2017.

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