DENUNCIAS

Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.

El Abogado Laureano Carbajal Rivas, apoderado legal por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, en varios casos de derechos humanos, fue enviado a prisión este día jueves 10 de agosto, al presidio de La Ceiba por un Juez con Jurisdicción Nacional.

Carbajal Rivas fue detenido en el marco de la "Operación Tormenta de Fuego VII", donde el gobierno argumenta el ataque frontal a la criminalidad en el país. Él fue exhibido de tal manera que fue presentado como un gran delincuente en un contexto de mucha violencia en Honduras y de aspiraciones reeleccionistas del actual presidente Juan Orlando Hernández.

Después de más de más de 30 horas de haber sido detenido en Tegucigalpa se realizó la Audiencia de Imputado por el delito de Falsificación de documentos privados. Primero fue llevado a San Pedro Sula y luego a La Ceiba, como en los tiempos de Carías, traslado por cordillera como le llamaban. Su captura fue a las 6 de la mañana del 09 de agosto y la Audiencia se desarrolló hasta las 2 p.m. del siguiente día 10 de agosto, argumentando que el juez tenía otra audiencia.

A pesar ser conmutable el supuesto delito y menor de cinco años de prisión, no se admitió la solicitud de medidas sustitutivas a la prisión.

El abogado Carbajal autenticó unos documentos en el año 2012 y de eso ha derivado su captura, con un desplazamiento inusual de decenas de policías que lo sacaron de su casa llevándoselo sin informar a la familia por qué lo capturaron y realizando un registro minucioso de su vivienda en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, este 09 de agosto de 2017.

El profesional del derecho representa a varias víctimas de violaciones a derechos humanos como apoderado legal de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU. Entre ellas al periodista Jairo López, en una querella por haber denunciado pegues ilegales de agua; a la periodista Dunia Montoya, torturada por la policía en el 2015; a los Estudiantes de la UNAH Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, condenados a tres años por Usurpación contra la UNAH; así como apoderado legal en un juicio iniciado por las abogadas Kenia Oliva (que estuvo en ASOPODEHU) e Ivania Galeano, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde se demandó a la UNAH por violación a los derechos fundamentales de 6 estudiantes entre ellos los tres condenados.

En representanción de la ASOPODEHU presentó denuncias contra toda la Sala del Tribunal de Sentencia de Choluteca por extravío de Pruebas en el caso de Jairo López y por retardo de justicia afectando a la periodista Dunia Montoya.

En los últimos días ha dado declaraciones públicas antes y después de la sentencia contra los tres estudiantes Padilla, Cáceres y Ulloa, informando a los periodistas sobre los alcances de la sentencia.

Por las actuaciones de los operadores de justicia en este caso se visualiza una persecusión por su trabajo y más aún este jueves 10 de agosto cuando se presentó una constancia médica por la grave condición de salud que pasa en estos momentos por afectación de su próstata por lo que requiere un tratamiento constante.

La utilización de los falsos positivos al estilo Colombia ya no es una novedad en Honduras. No es el primer caso de este tipo con lo que se pretende desprestigiar la imagen de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Será hasta el próximo martes 15 de agosto que se llevará a cabo la Audiencia Inicial donde debería quedar en libertad, pero con todos los antecedentes de su captura el panorama se observa oscuro.

Esta mañana policias TIGRE junto a la Dirección Policial de Investigación, llego hasta las instalaciones del Campamento Digno en Pajuiles, donde las comunidades mantienen una toma pacífica de 140 días en defensa del río que les provee de agua potable y ahora el gobierno de Honduras lo ha concesionado a la empresa HIDROCEP para la realización de un proyecto hidroeléctrico.

Al respecto, Martín Fernández manifiesta que los hechos en su contra son el reflejo de la determinación de indiferencia por parte del Estado de Honduras en relación a los y las defensoras y que producto de esto no existen en el país ni las condiciones más básicas o mínimas para poder defender derechos humanos.

Denunciamos el papel del Ministerio Público el cual ha sido pieza clave en el incremento del conflicto ya que a pesar de haber corroborado mediante dictamen desde el 2016 los daños ambientales provocados por la empresa, continúa sin emitir requerimiento fiscal en contra de
HIDROCEP, de igual forma, la Policía Nacional ha jugado un papel nefasto como observador permisivo de todos los hechos que antecedieron a las agresiones en contra de Martín Fernández y Oscar Martínez, denuncia la Coalición contra la Impunidad en un comunicado emitido este 07 de agosto.

Martín Fernández, coordinador general del Movimiento Amplio fue agredido y golpeado por un grupo de aproximadamente 20 personas afines y contratadas por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario Jason Hawit en el Sector Pajuiles, departamento de Atlántida, denunció esta organización a través de una alerta que circuló en redes sociales este 04 de agosto de 2017.

Empresas de palma africana podrían estar detrás de la muerte masiva de peces ocurrida en la Laguna de los Micos, en el Atlántico de Honduras, entre los días 07, 15 y 16 de julio de 2017, cuya causa se debería a la contaminación que hacen esas  empresas, sin que hasta la fecha se haya deducido responsabilidades, según denuncia presentada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ ante el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, este 24 de julio de 2017.

La Unidad de Crímenes de alto Impacto adscrita a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, cuyo rol principal es investigar los crímenes cometidos contra periodistas, comunicadores sociales y otros sectores vulnerables, es infuncional  y fomenta de esta forma la impunidad, de a cuerdo a lo manifestado por la abogada Brenda Mejía, del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación. ERIC.

Como si fuera poco la violencia impulsada contra los estudiantes en los predios de la UNAH desde las autoridades el pasado lunes ,utilizando una empresa de seguridad, este jueves anunciaron la expulsión por cinco años para los estudiantes que el pasado 24 de mayo se tomaron el edificio administrativo, según trascendió la noche de este 20 de julio a través de medios de comunicación.

La organización Front Line Defenders urgió al estado de Honduras iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el intento de asesinato de David Valle, defensor de los derechos de la comunidad LGTBI, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley, en una alerta emitida este 14 de julio de 2017.

En sus análisis la explotación sexual tiene que ver con el crimen organizado donde están inmiscuidos empresarios, políticos, Fuerzas Armadas, policías y  grupos de poder, indicó Wilmer Vásquez director de la Red COIPRODEN, en el marco del lanzamiento de la campaña “Denuncia la Trata, de eso se Trata”, este 14 de julio de 2017.