DENUNCIAS

Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.

Un desplante del presidente de la República,Juan Orlando Hernández y del Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla, dejó un sabor amargo a Amnistía Internacional que varios meses atrás llegó al país a realizar una investigación como apoyo al informe denominado “Defendemos la Tierra con Sangre”, el cual contempla a Honduras y Guatemala para describir la situación de defensores y defensoras que defienden la tierra, el medioambiente y el territorio.

Apenas 12 días tiene de haber ingresado al país, después de permanecer en el exilio y las amenazas no han parado al poner  un pie en Honduras, el pasado 11 de agosto. Las llamadas son constantes, el acoso es de tal magnitud que los perpetradores no quieren que duerma ni un minuto, esa es la vida en estos momentos de Dayanara Castillo, líder estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

“Esta señora ha tenido comentarios negativos diciendo que ella no se iba a sentar con los miembros de APUVIMEH, con José y Sandra Zambrano porque somos personas iletradas, vulgares que no tenemos el nivel educativo como el de ella para tener una ponencia en sus talleres”, fueron las frases lapidarias que según Sandra Zambrano, defensora de derechos humanos de la diversidad sexual, lanzó Maritza O’Hara, funcionaria de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

El gobierno de Juan  Orlando Hernández ordenó seguimiento e investigación contra los defensores de derechos humanos Wilfredo Méndez, de CIPRODEH; Dina Meza,  de la Iniciativa Periodismo y Democracia; Hugo Maldonado ,  del CODEH, Jorge Jiménez, del CODEH,  Karla Alegría,  de Vía Campesina; Kenia Oliva , de la Iniciativa Periodismo y Democracia, Cesario Padilla, egresado de periodismo y criminalizado por su liderazgo en la UNAH  y otra persona, a través de una lista que fue entregada a la Dirección Policial de Investigación y al Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información, SERCAA, de acuerdo a una fuente que informó a  pasosdeanimalgrande.com que el gobierno los considera “defensores de derechos humanos hostiles al sistema”.

El 8 de Agosto de 2016, el defensor de derechos humanos Jorge Jiménez recibió amenazas de muerte a través de una carta que demandaba que se desligara de su trabajo de derechos humanos en las próximas 24 horas o si no le iban a asesinar. 

En la madrugada del 13 de Julio de 2016, la oficina en San Pedro Sula del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), fue objeto de un robo selectivo por parte de un individuo que se apropió únicamente de discos duros, computadoras y cámaras donde se encuentra la información vinculada a las causas judiciales sobre actos emblemáticos de corrupción y violaciones a derechos humanos que se manejan desde el equipo legal de la organización. 

Los pobladores y ambientalistas de la comunidad de Azacualpa, La Unión, departamento de Copan, están resistiendo a una transnacional, porque quiere quitarles el cementerio en donde yacen los restos de sus familiares, ya que en ese lugar existen yacimientos de oro.

A horas muy tempranas de este lunes 20 de junio, la decana de la carrera de Química y Farmacia, María Victoria Zelaya y cuatro catedráticos quisieron echar abajo el portón de entrada de la facultad en mención gritándoles a los estudiantes: “ustedes son responsables de todos los atrasos administrativos”.

Un fin de semana de intensa actividad represiva vivieron estudiantes que mantienen una protesta pacífica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Desde intentos de desalojo violento, corte del fluido eléctrico, fumigaciones para sacarlos a la fuerza, hasta presiones por parte de autoridades universitarias en compañía de una funcionaria del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH y guardias de seguridad.

Miles de estudiantes universitarios están a expensas de los gases lacrimógenos, toletazos, amenazas y otra serie de atropellos cada vez que hacen uso de la protesta pacífica para demandar sus derechos, eso sucedió otra vez el pasado jueves 26 de mayo cuando la rectora universitaria Julieta Castellanos les echó el Batallón COBRAS y la Policía  Nacional, para ella no hay tregua, combina la represión física y la penal.