banner topUNAH1


 

Roberto Gómez, fue asesinado este 23 de junio de 2017 cuando salía de su casa a recoger su vehículo. Él es el padre del joven criminalizado por la UNAH, Johan André Gómez , quien está acusado junto a 18 estudiantes más y un periodista  de Daños Agravados y Privación Injusta de la Libertad.

Tres guardias de seguridad presentados como testigos protegidos mintieron ante el Juez sobre los hechos ocurridos el 24 de mayo pasado en el toma del edificio administrativo de la UNAH, el Ministerio Público además de esa irregularidad presentó entre las pruebas un video editado donde no aparecen todos los hechos ocurridos esa fecha y que contine datos importantes para determinar que los agenets armados nunca fueron sometidos por los estudiantes sino al contario, según los resultados de a Audiencia Inicial ocurrida este 22 de junio en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán.

Pen Internacional lanzó una Acción Rápida para todo los centros Pen el el mundo para que accionen alrededor de la condena contra Cesario Padilla, miembro fundador y directivo del Centro Pen Honduras que fue condenado por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa el pasado 07 de junio de este años, por el Delito de Usurpación contra la UNAH, en una sentencia que desestimó todas las pruebas presentación a su favor y de sus compañeros Sergio Ulloa y Moisés Cáceres.

Una Comisión del Movimiento Estudiantil Universitario,(MEU), entregó este 19 de junio de 2017,  un documento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), solicitando la reinstalación de la Mesa Mediadora,  acompañamiento ante la CIDH para solicitar medidas cautelares  y la instalación de una comisión investigadores de todas las actuaciones de la rectora Julieta Castellanos y de sus allegados que ha provocado el rompimiento de los acuerdos suscritos en el año 2016, entre otros puntos.

La  represión judicial y administrativa contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se profundizó en esta semana recién pasada, los comunicados bombardeando instituciones internacionales y organizaciones nacionales de derechos humanos desde la rectora, se traslapó con audiencias de descargo para 20 estudiantes , una fuerte represión policial y siete capturas de cinco jovencitas y dos varones, acusados de usurpación y privación injusta de la libertad, según requerimientos fiscales del Ministerio Público, MP.

El 11 de junio obtuvo su título universitario como licenciada en historia, Marta Alejandra Canales Silva, militante del Movimiento Estudiantil Universitario, (MEU), a quien las autoridades de la máxima Casa de Estudios le negaron la mención honorifica de excelencia académica en represalia por su  participación en la defensa de la educación pública.

“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha tenido un desempeño lamentable, deplorable y desde nuestro punto de vista ha perdido nuestra confianza y credibilidad, ellos decidieron estar presentes en el conflicto anterior, como parte en un desalojo se colocaron al lado de las organizaciones que estuvieron con los estudiantes para darles protección”, declaró la rectora Julieta Castellanos en horas tempranas de la mañana de este 13 de junio de 2017, en el noticiero “TVC” de Canal 5.

Mientras la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos continúa su campaña descalificadora de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, ambos organismos recuerdan el mandato de cada uno de ellos para actuar en momentos de violaciones a derechos humanos, además demandan que en la universidad debe prevalecer el conocimiento sobre la promoción de los derechos humanos, la manifestación pacífica y un mecanismo de resolución de conflictos, según un comunicado emitido este 13 de junio de 2017.

Un alto nivel de intolerancia e irrespeto por parte de la rectora Julieta Castellanos se evidencia  a través de comunicados firmados como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, y que se publican cada vez que un organismo internacional le expresa sus preocupaciones en torno a la criminalización de la protesta social en ese centro educativo. Este lunes 12 de junio de 2017, le tocó el turno a la  Asociación de Cooperación Internacional o espacio ACI.

 “Denunciamos que la seguridad privada contratada por las autoridades universitarias y pagada con fondos públicos, es uno de los instrumentos utilizados para generar vigilancia, intimidación, tortura psicológica y en general un clima de hostilidad y violencia en contra de la comunidad estudiantil”, señaló  la Coalición Contra la Impunidad y la Articulación 611, en una conferencia de prensa convocada este viernes 09 de junio de 2017, en respaldo a tres estudiantes condenados por el Tribunal de Sentencia y 20 nuevos procesados.