El rompimiento del bipartidismo y la irrupción de una nueva fuerza política en el poder no han cambiado nada, por el contrario, las viejas prácticas de la intolerancia y el control de los medios de comunicación y prensa aparecen cada vez más. 

Tegucigalpa. Lejos de abrazar la libertad de expresión, de prensa y de información como elementos claves para fortalecer la democracia, desde la década de 1970 a la fecha, los militares y políticos vienen viendo estos derechos fundamentales como una amenaza contra sus intereses de poder.

Desde aquella época a la actual, ciertos patrones de violaciones a estos derechos humanos se repiten con cada gobierno que asume la administración el Estado. En este aspecto, el militarismo y el bipartidismo siempre mostraron una misma tendencia en los últimos 50 años. Con la llegada al poder de un nuevo partido en el 2022, la sociedad hondureña esperaba que las cosas cambiarán, pero la tendencia sigue siendo la misma, según informes relacionados con la temática.

En los últimos 30 años del siglo pasado, la libertad de expresión manifestada desde los medios de comunicación y los periodistas siempre fue objeto de vigilancia y control gubernamental, ya sea abierta como discretamente. Todo para la prensa amiga y leal, y mano dura y represión para la independiente.

Los militares, los partidos políticos y los gobiernos han adoptado variadas formas de control sobre la prensa, debilitando los fundamentos de un periodismo objetivo e imparcial, de orientación e información, obstaculizando también la libertad de ideas y opiniones en los medios de comunicación.

Históricamente, la manipulación y los ataques a los medios de comunicación y a la prensa- instrumentos primordiales para el ejercicio de la libertad de expresión- han tenido un enorme impacto en la democracia y desarrollo de este país, cuyos índices de ingobernabilidad, corrupción e impunidad actualmente destacan entre los más altos del mundo.

Mecanismos de control

En el estudio denominado Honduras: Prensa, Poder y Democracia del Centro de Documentación (Cedoh) la periodista Lucila Funes detalla como el derecho a la libertad de expresión, prensa e información viene siendo golpeada desde el militarismo de loa años 70 y el auge de los políticos a partir de los 80.

Los gobiernos militares en los años 70 crearon la Secretaría de Cultura, Turismo e Información, Sectin, desde donde se fundó la Oficina Central de Información (OCI), que inició con un departamento de prensa, con sede en Casa Presidencial. Su fin imponer una agenda distante de una realidad a los periodistas y medios de comunicación.

Luego con la intención de incentivar una imagen favorable interna e internacional, en agosto de 1978 los militares fundaron las secretarías de Prensa y de Cultura y Turismo. En la medida los años avanzaban la intervención de la prensa creció y se diversificó hasta alcanzar altos niveles de control y de censura.

Molesto por la "disidencia" informativa, el gobierno liberal de Roberto Suazo Córdova (1982-1986) inició la compra de la prensa a gran escala. Fiel a su vocación de cacique rural, su prioridad fueron los medios electrónicos, en particular la radio – local y nacional, y sus periodistas más conocidos”, escribió Funes.

Según ella, la Secretaría de Prensa elevó también su perfil frente a los medios, asumiendo un control directo hacia los periodistas y censurando las notas que a su juicio no correspondían con la realidad o abonaban a desprestigiar al país.

Para Funes, Suazo Córdova configuró un "patrón" de intervención oficial contra la libertad de expresión que fue asumido, con altibajos, por los sucesivos gobernantes, incluso por aquellos que mostraron cierta reticencia inicial, como José Azcona Hoyo (1986-1990) o Carlos Roberto Reina (1994-1998), quien primero intentó "echar a los mercaderes del templo", pero luego cedió a su control mediante todo tipo de prebendas.

Ya en los albores del siglo XX, el Ministerio de la Presidencia, encabezado durante la primera mitad del período de gobierno por Carlos Flores Facussé, asumió directamente la relación gobierno - periodistas - medios, que tenía como propósito visible propiciar una imagen favorable al gobierno, en medio de condiciones que más bien lo desprestigiaban.

En este gobierno, la premiación de la prensa leal se disparó, las amenazas a los medios críticos aumentaron y la censura informativa creció. Era la antesala de la llegada de momentos más difíciles para la libertad de expresión, la prensa y los medios de comunicación.

Nuevo siglo

En este nuevo siglo, la libertad de expresión y de prensa se vio golpeada por los políticos poco tolerantes y corruptos, así como por el crimen organizado y el narcotráfico. Los informes de organizaciones nacionales e internacionales que datan a partir del año 2000 describen el acelerado deterioro de la libertad de expresión en Honduras, a tal extremo que el país se volvió uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Además de las tradicionales amenazas a la libertad de expresión, al someter a los medios de comunicación y prensa a mecanismos de premios, coimas, viajes y al reparto irregular de la publicidad oficial; o de represión, negación de información, intimidación y marginamiento, en el nuevo siglo aparecieron los atentados y agresiones contra la prensa,  las querellas judiciales, los ataques cibernéticos, los asesinatos y las amenazas de reformas a leyes existentes y la aprobación de nuevas legislaciones que vulneran a los medios de comunicación tradicionales y digitales.

El 26 de noviembre de 2002, en Santa Rosa de Copán- durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) se registró el asesinato del periodista German Rivas, gerente propietario de Maya Visión canal 7. Para el 2004 los periodistas Nelson Fernández, Luis, Santiago Cerna de Canal 6 y las periodistas Roxana Guevara y Sandra Maribel Sánchez, así como el comunicador social Carlos Galeas, en Marcala, La Paz, habían sido querellados judicialmente.

Dionisio Díaz García

En el 2006, durante la administración del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales conmovieron dos crímenes, el cometido el 4 de diciembre del abogado Dionisio Díaz García, defensor de derechos humanos y libertad de expresión y el asesinato de Salgado.

Durante el 2007 en un afán de controlar la agenda informativa de los medios de comunicación y molesto por la forma en que algunos medios informaron sobre los temas de inseguridad y violencia Zelaya mostró intolerancia a la crítica y hasta intervino con auditores de la entonces Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a medios escritos que no comulgaban con su forma de administrar el Estado.

El hostigamiento verbal e intolerancia hacia la crítica se acrecentó, incluso en abril de 2007 Zelaya intentó dar pautas a los diarios de cómo cubrir la nota roja y amenazó con imponer un marco regulatorio; por otro lado, empeñado en colocar su agenda informativa comenzó promovió el abuso de las cadenas de radio y televisión. Durante su gobierno se dio el asesinato del humorista Carlos Salgado.

Carlos Salgado.

El deterioro de la libertad de expresión se profundizó con el golpe de estado en 2009, periodistas agredidos físicamente, asesinados, fue el saldo de una crisis política marcada por la ambición al poder. En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) las sistemáticas violaciones a la libertad de expresión continuaron por lo que el Estado hondureño, internacionalmente fue duramente cuestionado.

En este gobierno, el Congreso Nacional, entonces dirigido por el congresista Juan Orlando Hernández aprobó una ley de clasificación de documentos públicos que, posteriormente como gobernante del país entre el 2014 y el 2018, luego 2018 y 2022 le sirvió para ocultar la corrupción en la administración de más de 30 mil millones de lempiras de la denominada Tasa de Seguridad.

En estos ocho años de la administración de Hernández, los medios de comunicación continuamente fueron amenazados con reformas a la Ley de Telecomunicaciones, se buscó imponer una ley de ciberseguridad que amenazaba abiertamente la libertad de expresión, mientras que, por otro lado, los asesinatos y el hostigamiento a periodistas y comunicadores sociales se dispararon.

En este periodo gubernamental el narcotráfico- vestidos de policías y de traje de políticos- tocaron las oficinas de algunos medios de comunicación para amenazar a los equipos de investigación, manifestando ser víctimas de difamación por la prensa, pero en las cortes federales de Estados Unidos declararon que si formaron parte de los carteles de la droga.

Actualmente nada ha cambiado con el rompimiento del bipartidismo en el poder. Los atentados a la libertad de expresión en la administración de Xiomara Castro siguen los patrones de abuso de los gobiernos anteriores, la intolerancia a la crítica, el uso de la publicidad como medio de premio y castigo, el uso de mecanismos de control oficial como la creación a través del PCM 023-2022 de una oficina para monitorear a los medios de comunicación, no son referencias positivas.

El más reciente ataque a la prensa ocurrió el recién pasado martes, 12 de marzo, cuando el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo arremetió contra los medios de comunicación acusándolos de difamar en su contra debido a la falta de pago de una pauta publicitaria. A Redondo no le gustó que los medios de comunicación y las redes sociales difundieran una denuncia de su expareja Alejandra Bustillo, quien sospechó que el congresista esté usando fondos públicos para pagar una defensa legal, por una acusación de manutención de su hija, en Estados Unidos. 

Video: Presidente del Congreso Nacional Honduras saca a la prensa

Este tipo de amedrentamiento refleja que el gobierno actual está muy alejado del conocimiento de que la libertad de expresión es un derecho humano y el Estado, constitucionalmente y por compromisos internacionales, está obligado en promoverlo, protegerlo y defenderlo. La legislación nacional e internacional deja claro que cualquier restricción a la libertad de expresión y de prensa vulneran la democracia y la construcción de una sociedad pluralista y participativa.