El Ministerio Público se opuso a la aplicación del Decreto de Amnistía contra estudiantes perseguidos por la ex rectora Julieta Castellanos desde 2014 y quienes fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia anterior a tres años de cárcel por el delito de detentación de edificios públicos, a pesar que en la sentencia se les había criminalizado el derechos a la protesta con el ilícito de usurpación. Pero ahora hay nuevas autoridades del Poder Judicial y en el Ministerio Público, pero la persecusión continúa. La abogada Kenia Oliva de la defensa de los estudiantes hace un llamado urgente al rector Odir Fernández para que termine con este negro capítulo de la historia de la UNAH.

La  audiencia Ad-Hoc, solicitada por la defensa, se llevó a cabo este 29 de enero de 2024, donde estaban los estudiantes sujetos de criminalización, Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, quienes ya casi cumplen 10 años de tragar este amargo trago de la criminalización que ha afectado su vida en todos los niveles y que se encuentran prácticamente presos en su propio país pues no pueden ausentarse del mismo.

Aunque se invocó la aplicación del Decreto de Amnistía aprobado en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el Fiscal Andrés Chévez Arévalo , argumentó que no les aplicaba a pesar que en el juicio Oral y Público el Tribunal de Sentencia les condenó a tres años de prisión por el delitos de usurpación, pero fue modificado el mismo al momento de la resolución de la Casación, a pesar que no estaba en el Código Penal anterior. 

La audiencia continuará este 31 de enero donde se dará la resolución final del juez. La UNAH a la cabeza del actual rector Odir Fernández tiene todavía algunas horas de cerrar este expediente sabiendo que los estudiantes han sido víctimas de persecución en la administración de la ex rectora Julieta Castellanos. 

Fernández puede delegar a uno de sus abogados para que externen la decisión del perdón ante el Juez,  por parte de la casa de estudios, de lo contario la sentencia de tres años de prisión sigue en curso y solo si conmutan no irán a prisión, sin embargo los estudiantes rechazan esta alternativa porque señalan que al pagar por no ir a prisión están aceptando que cometieron un delito,  y lo que hicieron fue defender derechos.

Este es el llamado que la abogada Kenia Oliva hace al rector Odir Fernández: