Es el fruto de todo un trabajo de un equipo. El informe es una de las funciones del ejercicio de nuestro mandato en el país, derivado de un acuerdo con el gobierno suscrito en el año 2015 y que dio paso a la instalación de la oficina en el país, lo cual fue el resultado de la incidencia de sectores y liderazgos de sociedad civil  y que como parte de ese mandato la oficina tiene es monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos y también brindar asistencia técnica al Estado en su conjunto acompañamiento, asistencia y cooperación técnica para poner en marcha todas aquellas recomendaciones , gráficas , medidas o políticas públicas que sean necesarias para avanzar en el respeto y garantía de los derechos humanos en el país.

Como parte de este mandato de monitoreo y asistencia técnica la oficina tiene todos los años que elaborar un informe anual que se presenta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas , como fue presentado este año, el pasado 26 de febrero en Ginebra, tras el cual hicimos la presentación aquí , con una presentación resumida del informe el pasado 10 de marzo.

Toda la información que se recoja en el informe , más toda la que reposa en poder de la oficina deriva de distintas fuentes de información , en primer lugar pues el trabajo directo de la oficina con distintas contrapartes con las que tenemos relación, interacción y diálogo, adicionalmente de la sociedad civil, que es gran parte de las fuentes de información y las organizaciones  de derechos humanos que están en territorio y que tienen información de primera mano. También las respuestas a las solicitudes de información  que se trasladan al Estado y las víctimas.

Toda esta información debe ser verificada y documentada por nuestra oficina, lo cual no significa que sea todo el universo de las violaciones a los derechos humanos, sino todo lo que la oficina ha podido documentar.

La Oficina ha venido en los últimos meses desarrollando un proceso de fortalecimiento del monitoreo y documentación de casos de violaciones a los derechos humanos, a través de sistemas para asegurar que la información con la que contamos sea rigurosa , verificada, fidedigna y sirva a los fines de apoyar el respeto y garantía de los derechos humanos.

Por qué hago énfasis en este punto, es porque estos sistemas de monitoreo, registro y documentación de casos que hemos venido fortaleciendo y perfeccionando en los últimas meses, nos van a permitir tener información además de la de nuestro informe anual, para distintos fines, para distintos informes temáticos que también vayamos a producir.

La Oficina tiene el interés, yo tengo el interés, de tener un informe temático sobre la criminalización de personas defensoras de derechos humanos porque a menudo en informes anteriores y en este informe también, reivindicamos que la criminalización se produce de manera sistemática contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Quisiéramos tener  información cualitativa y cuantitativa sobre las distintas formas en las que se da la criminalización de los defensores de derechos humanos en su sentido amplio, entendiendo como tales también a  comunicadores sociales y periodistas.

El estar fortaleciendo estos sistemas de monitoreo  nos va a permitir que todos los informes posteriores  de la Oficina no solo anuales si no temáticos sean instrumentos para el desarrollo de propuestas de medidas, de políticas y de marcos legislativos adecuados.

Me voy a referir del período de hace un año a la fecha , que es el período a mi cargo, es difícil referirme a los períodos anteriores , pero sobre todo lo que voy a decir tiene de alguna manera elementos de períodos anteriores.

Debo decir que lamentablemente vemos que cada vez más hay iniciativas regresivas en materia de derechos humanos en el país lamentablemente. Desde el golpe de Estado del año  2009  la represión posterior que se tradujo en graves violaciones a  derechos humanos , ese momento es clave en el país en términos de violaciones a derechos humanos que todavía permanecen en la impunidad, hubo también un momento posterior que es lo que llamamos la crisis post electoral del año 2017 que también fue un punto de inflexión en materia de derechos humanos en términos regresivos , pues hubo violaciones a los derechos humanos contra personas que se manifestaron , y la mayoría de estas violaciones permanecen en la impunidad.

El momento actual también está caracterizado por una situación regresiva en materia de derechos humanos regresiva, más allá de algunas iniciativas que suponen algunas medidas positivas, yo no diría avances pero hay algunas medidas que reconocemos, pero estamos en un momento de inciativas regresivas.

Por ejemplo tenemos una restricción a la fecha del espacio cívico y de la participación ciudadana  que se ha venido aumentando en términos restrictivos en los últimos dos años . Esta restricción también tiene frecuentes ataques a defensores y defensoras de derechos humanos en su más amplia expresión , que van desde ataques hasta asesinatos y desapariciones forzadas, y en lo que afecta al Estado de Derecho, hemos visto la salida de la MACCIH en su momento, con la no renovación de su mandato , también ha traído una menor capacidad en el país para luchar contra la corrupción, desde el punto de vista institucional y jurídico y eso socava las bases del Estado de Derecho , tal como lo hemos dicho en muchas ocasiones, la impunidad y la corrupción socavan el Estado de Derecho, se suma un difícil acceso a la justicia por las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

También una participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas o cuerpos no civiles en tareas de seguridad que en muchos casos se traducen en uso excesivo de la fuerza, por parte de las Fuerzas Armadas,  Policía Nacional  ó Policía Militar.

Vemos iniciativas regresivas también en cuanto a los Derechos Económicos Sociales y Culturales , pues pese a que ningún Estado y Honduras no es la excpeción, estaba preparado para los desafíos de la pandemia, sin duda la crisis por Covid19 y los huracanes han afectado grandemente la situación de derechos económicos y culturales que el país ya tenía antes , eso es importante efatizarlo, es decir es correcto que la situación de derechos económicos se haya dado por la crisis actual sino que la crisis actual ha exacerbado los problemas que ya existían de situaciones de inequidad y porbreza, y eso es falta de derechos económicos sociales y culturales, y ello acompañado de iniciativas en el ámbito empresarial que afectan los intereses de los pueblos indígenas  y afrodescendientes.

Si a ello se suma la muerte ilícita contra mujeres, decir feminicidios y otras situaciones a grupos en vulnerabilidad como las personas LGTBI y los pueblos indígenas.

No obstante lo anterior sí hemos visto que hay algunas medidas que se han podido implementar en el año pasado que podemos considerar como medidas positivas , por ejemplo, en términos de interlocución, la creación del Mecanismo de Interlocución para Derechos Económicos socioculturales de personas en vulnerabilidad, con el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos, y el hecho de que se haya dado algunas liberaciones de personas que estaban privadas de libertad , por parte del Poder Judicial, unas 2 mil 700 aproximadamente como consecuencia que como oficina hemos hecho , aunque lamentablemente , no se han dado en casos emblemáticos de personas como las personas defensoras de Guapinol que están privadas de libertad desde hace unos dos años.

Asimismo la apertura que el Estado en algunas de sus esferas ha mostrado para con la Oficina, por ejemplo el tener espacios de trabajo a nivel técnico con el Ministerio Público y el Poder Judicial, consideramos que hay un nivel de apertura importante y que ojalá que ese nivel de apertura en algún momento se pueda traducir en avances

Se traduce en los escasos y casi ningún espacio de participación de la sociedad civil en la construcción y la puesta en marcha de políticas públicas que les afecta y para las cuales debe existir esta participación informada y amplia, por ejemplo, el Código Penal , la aprobación se dio sin un proceso de consulta participativa de la sociedad civil e incluso en algún momento se anunció que después de la aprobación se pasaría a un proceso de consulta participativa y amplia , de hecho  se  informó que ese proceso iba a estar supeditado a un proceso amplio de consulta y así se le informó también por parte del Congreso a nuestra  Oficina cuando presentamos  las propuestas de reformas, a la fecha ese proceso de consulta amplia y participativa no se ha dado y así lo hacemos saber en el informe.

Ese es uno de muchos ejemplos en procesos donde debe haber una participación de la sociedad civil  que no se está facilitando ni permitiendo.

Pero sumando a esta restricción del espacio cívico y participación ciudadana , me parece muy importante destacar la situación de permanentes ataques y desprotección que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos y que en la práctica se traduce en que eso dificulta la participación, hay precisamente un riesgo.

El primer elemento es que no hay espacios de participación de la sociedad civil, pero el segundo elemento a destacar es que quienes ejercen la defensa legítima de derechos humanos se ven en permanente riesgo y aquí quiero referirme a los distintos patrones que hemos podido documentar de permanentes ataques en términos de agresiones, campañas de desprestigio, hasta asesinatos y desapariciones forzadas.

Como Oficina hemos acompañado 105 casos de agresiones de la sociedad civil que se han producido este año, alguna de sus modalidades, y creo que un aspecto de especial preocupación tiene que ver con una utilización del derecho penal en contra de la labor de los defensores de los derechos humanos , sobre todo de los defensores del medio ambiente y de la tierra que en la práctica se traduce en la utilización de figuras o tipos penales que los criminaliza , en muchos casos hemos visto esa utilización de figuras penales sin el debido proceso .

Esas figuras van desde la usurpación, y tenemos dos casos de la utilización de la del desplazamiento forzado del medio ambiente cuando es una figura que se creó precisamente para proteger a las víctimas de desplazamiento forzado.

Me gustaría poder responderla en algunos meses, porque como digo a la fecha simplemente hemos podido comprobar que hay una manifestación de apertura, pero habría que ver si se traduce primero en acceder a información y a seguimiento de casos no solamente emblemáticos porque yo siempre insisto que en los casos anónimos o de víctimas no tan conocidas son igualmente importantes. Además de las posibilidades que a partir de los seguimientos de estos casos se derechos humanos se pueda dar la posibilidad de asistencia técnica de parte de nuestra Oficina que se traduzca en el aumento de nuestra investigaciones , en la capacidad de investigación, la  persecución penal y la sanción adecuada de esos casos de violaciones a los derechos humanos.

Cualquier eventual proceso de seguimiento , de monitoreo , de fortalecimiento de capacidades de operadores judiciales tiene que ser siempre con el único fin de garantizar los derechos de las víctimas  a la verdad, a la justicia  ya la reparación integral por la violación a los derechos humanos  y que se traduzca en garantías de no repetición  de los hechos, en la medida que eso no se pueda garantizar, no se puede llevar a cabo un proceso de asistencia técnica.

Podríamos decir que sí hay una anuencia , se ha creado a nivel de Ministerio Público una mesa técnica de seguimiento a casos pero está empezando en este momento. En esa Mesa Técnica participa el equipo técnico de nuestra Oficina con algunos representantes del Ministerio Público , pero todavía estamos en un momento incipiente que no sabemos en qué se traducirá ese ejercicio. De los avances que podamos ver en ese espacio técnico dependerán las acciones de nuestra parte.

Un aspecto de preocupación de nuestra oficina, y así lo hemos transmitido y lo seguiremos transmitiendo  a las instituciones encargadas de la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos es que hemos visto que se actúa por parte de las instituciones con rapidez y agilidad para utilizar el derecho penal para criminalizar a defensores de derechos humanos , en especial a defensores del medio ambiente, pero que lamentablemente esa agilidad y esa eficiencia no la vemos cuando se  trata de avanzar en investigaciones en las que están implicados agentes del Estado.

Por ejemplo voy a poner  un caso puntual, las dos defensoras garífunas que fueron detenidas recientemente con un requerimiento fiscal, afortunadamente la Audiencia Inicial terminó en su liberación. Pero hemos visto casos con requerimiento fiscal inmediatamente al hecho contra defensores del medio ambiente, sin embargo en el caso de Keyla Martínez no hemos visto el requerimiento fiscal contra los agentes o efectivos policiales que se consideran presuntamente responsables del hecho . Esto ha sido objeto de transmisión de nuestra preocupación en las instituciones, y es uno de los temas en los que queremos incidir y trabajar para que se pueda subsanar.

Cuando decimos que hay un vacío en el cumplimiento de recomendaciones nos referimos a que hay un vacío en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos que el Estado ha asumido, porque las recomendaciones lo que hacen es recomendar y enfatizar en aquellos aspectos que ya están incluidos en las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido.

Entonces si vemos las recomendaciones de este año, más las de años anteriores y las múltiples recomendaciones que el Estado recibe tanto desde el sistema de Naciones Unidas de protección a derechos humanos como del sistema interamericano, en la medida constituyen una suerte de recordatorio al Estado de la necesidad de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Cuando en una recomendación de este año  le decimos al Estado que debe garantizar la investigación adecuada , pronta efectiva e imparcial, no le estamos diciendo nada diferente de lo que ya se dicen las obligaciones de derechos humanos y se compromete libre y soberanamente a cumplir con estas obligaciones, después no puede de ninguna manera deslindarse de esa responsabilidad porque una vez que ratifica los instrumentos internacionales de derechos humanos, todos estos tratados y esta normativa forma parte del derecho interno con jerarquía superior a la ley y debe ser de obligatorio cumplimiento de los operadores judiciales ,en algunos países esta jerarquía está incluso sobre la constitución .

Todos los agentes judiciales coomo policías, militares, jueces, fiscales, tienen que conocer esas normas internacionales porque son derecho interno de obligado cumplimiento y aplicación.

Cómo pasar de las recomendaciones a la puesta en marcha, que haya un sistema de verificación del cumplimiento y sobre todo que se pueda trabajar sobre las medidas que sean necesarias. Creo que es importante la declaración pública que hizo la Secretaría de Derechos Humanos tras la adopción del informe cuando decía que acoge las recomendaciones de la Oficina y que está dispuesta a trabajar para implementar esas recomendaciones.

Por lo tanto es importante acogerse a esa declaración para con la participación plena de sociedad civil para poder buscar esos espacios y que estas recomendaciones se puedan traducir y pasar de la teoría a la práctica que es donde está la gran brecha, pues no está en la falta de normativa sino en el cumplimiento.

No, no verbalmente, no expresamente, por lo menos desde que yo asumí en marzo del año pasado nunca se me ha expresado verbalmente ese mensaje, pero digamos que es importante que en la práctica se permita el acceso, es decir que no solamente no haya ese mensaje sino que se den las condiciones para que se pueda dar la participación de nuestra parte.

Por ejemplo  como Oficina hemos insistido ante el Estado la protección que requiera la defensa de los derechos humanos y el riesgo en el que están los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, pues sabemos que este ejercicio por los derechos humanos es considerado de alta peligrosidad por lo tanto hay que generar las condiciones de protección y de seguridad , lo que se nos ha respondido es que hagamos un ejercicio de diagnóstico del sistema nacional de protección y esto podría concluir en un plan de reestructuración y no de fortalecimiento sino podríamos decir  casi una reforma del sistema nacional de protección para asegurar que sea efectivo.

Una vez que hayamos consensuado con la participación de los concejales de  sociedad civil cuál va a ser el plan de reestructuración del sistema que éste se ponga en práctica y que no quede, porque hemos visto que es un tema recurrente en otros países, pero aquí también en Honduras que las políticas y los planes que se puedan proponer no queden en papel mojado sino en una implementación adecuada para asegurar la efectividad. Hay que trabajar para que esa situación regresiva en materia de derechos humanos para que hayan avances.

La oficina ha documentado ataques a periodistas y comunicadores sociales , tenemos tres casos bien documentados de asesinatos de periodistas, a lo que se suman otras agresiones  como campañas de desprestigio y la restricción del espacio cívico. Estamos investigando este caso del periodista para verificar si se trata de un patrón.

Quiero volver al caso de Keyla Martínez nos permitió el monitoreo y el diálogo con el Estado. Este caso es considerado una ejecución extrajudicial y debe ser investigado a la luz del protocolo de Minesota , las investigaciones deben orientarse a investigar no solo a los presuntos responsables sino a los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices de ella.

En el comunicado de la Oficina decía que se trataba de una muerte violenta contra una mujer y en este caso de feminicidio y que por lo tanto debía tenerse en cuenta el modelo de protocolo latinoamericano para la investigación de las muertes violentas de mujeres por violencia de género, donde señala que si son funcionarios públicos el Estado debe adoptar medidas eficaces para evitar la repetición de esas conductas, incluyendo la depuración de los entes involucrados y la sanción para los funcionarios que obstaculicen las investigaciones o se pudieran comportar de manera irresponsable. La Oficina urgió a una investigación exhautiva, pronta e imparcial. El caso le estamos dando seguimiento y estamos en constante contacto con los familiares y sus representantes legales.

Entendemos que este no es un caso aislado por lo que se debe investigar bajo una metodología de  contexto donde existan otras muertes extrajudiciales o muertes violentas contra mujeres para que sea categorizado en su dimensión y no como una investigación aislada.

A la fecha vemos con absoluta preocupación que no se ha poresentado requerimiento fiscal para los presuntos involucrados en el hecho. Debió hacerse una respuesta pronta y traducirse en un requerimiento fiscal y vaya acompañado de medidas de protección a la familia, que tiene derecho a la verdad de lo sucedido, que no solo afecta a la familia sino a toda la sociedad y que haya una reparación adecuada.

Para la no repetición de los hechos debe llevarse un proceso de depuración de los entes involucrados, este caso nos revela la urgente necesidad de llevar a cabo un proceso de depuración , profesionalización de la policía para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y la salida de las Fuerzas militares de los asuntos civiles.

Esto es el asunto más difícil de nuestra labor y que no solo sea el monitoreo y el reporte. Es una función de nuestro mandato para cumplir, pero es la única forma, si no tenemos un diálogo con las autoridades no podemos cumplir el mandato, solamente instar a su cumplimiento, exigir el cumplimiento de sus obligaciones y ver si existen las condiciones para asesorar y acompañar.

Se requieren dos condiciones para que como oficina e pueda dar la existencia técnica, una cuando existe falta de capacidad, se trabaja en el fortalecimiento de capacidades , pero el problema es cuando no existe voluntad , allí es donde en la medida en que se constata que no hay voluntad institucional , entonces no se puede dar esa asesoría y asistencia técnica, entonces se hace inviable, pero seguiremos insistiendo en el cumplimiento de las obligaciones internacionales.