Con el Golpe de Estado Militar del 28 de junio del 2009 se debilitó la justicia y aumentó la criminalidad, una situación que se ve reflejada en la impunidad en que el Estado mantiene los asesinatos de 45 periodistas, a pesar de los compromisos que el gobierno asumió el 4 de noviembre de 2010, en la octava sesión del Examen Periódico Universal (EPU), realizado en Ginebra Suiza.

“Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura”, señala el Artículo 72 de la Constitución de la Republica de Honduras. Sin embargo, la libertad de expresión en este país centroamericano es una ilusión inmersa en la crisis que genera la criminalidad, la intolerancia y el discurso intimidatorio y descalificador que profieren las autoridades.