La nueva herramienta informática en línea denominada SIMORE , para el seguimiento a las recomendaciones  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para las personas defensores de derechos humanos es de gran ayuda porque evidenciará arbitrarias medidas impuestas por el Estado frente al contexto de la pandemia del COVID-19, pero también está el escepticismo ante la falta de cumplimiento a las observaciones de este organismo, en Honduras.

El cotejamiento de la información sobre el Covid-19 en Honduras se dificulta porque solo existe una fuente oficial y hay falta de confianza en las autoridades por la inexistencia  de transparencia y los cuestionables datos difundidos en los últimos días que han generado suspicacias.

La Mesa de Derechos Humanos denunció este 30 de marzo de 2020, la reducción del espacio y la represión hacia la labor de las personas defensoras de derechos humanos; el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, tratos crueles, inhumanos y degradantes, retrocesos a los derechos de las y los trabajadores como los despidos y suspensión injustificada de contratos laborales y la  distribución politizada de la ayuda humanitaria, entre otras situaciones que se han están produciendo en el marco de la emergencia por la epidemia COVID19 en Honduras.

El período previsto para aplicar nuevo Código Penal en Honduras es para el 20 de mayo de este año. En la cuenta regresiva faltan tres meses. Esta ordenanza judicial preocupa a varios sectores de la sociedad por considerar la misma como lesiva para los derechos individuales y colectivos de la sociedad hondureña.