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Contexto

Covid19: un arma letal usada por los gobiernos contra los derechos humanos en América Latina

Posted On Miércoles, 10 Junio 2020 23:18 Written by Heidy Dávila

Falta de transparencia sobre la verdadera realidad en los países, desprotección a los sectores vulnerables, altos índices en la violencia contra  las mujeres, corrupción y aprovechamiento de la pandemia para sostener gobiernos dictatoriales sin buscar soluciones democráticas ante posibles elecciones, son algunos de los puntos coincidentes que un defensor de Colombia y dos defensoras,una de Nicaragua y otra de Honduras, expusieron este 10 de junio de 2020, en un foro virtual ante decenas de participantes.

La conferencia fue organizada por Brigadas Internacionales de Paz, PBI, para dar a conocer desde estos países latinoamericanos cómo se está viviendo la situación de derechos humanos frente a las políticas estatales durante la pandemia.

Participaron Yadira Sandoval, defensora de tierras y territorios de Nicaragua, Alirio Uribe Muñoz, abogado y Director Ejecutivo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CCAJAR de Colombia y Dina Meza, periodista y defensora de derechos humanos, Directora Ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.

Nicaragua : La negación del virus

Yadira Sandoval, defensora de tierras y territorios, miembro del movimiento campesino nicaragüense desde 2013. Actualmente se encuentra en Costa Rica colaborando en el trabajo organizativo a favor de la comunidad nicaragüense en el exilio, porque sus derechos existen como reconocimiento de la existencia de las personas y deben ser respetados en todas sus manifestaciones, expresó.

Informó que el Estado nicaragüense se ha negado a decretar confinamiento obligatorio negando la situación que estamos viviendo esperando a que no haya un caos de salud, “el gobierno promueve marchas y buses de activistas para simular que todo está bien controlado pero no es la realidad”.

Sobre el Covid19 manifestó que los afectados son los más desposeídos,  tanto los indígenas como los campesinos porque no tienen acceso a la salud, “un campesino que está infectado necesita dos o tres días para salir de su comunidad hasta donde haya un puesto médico y de cuatro a cinco  días para ir  a caballo, moto o camión para poder llegar a un  hospital donde  no hay medicina y que además no diagnostica la enfermedad.

Un campesino y defensor de derechos humanos fue asesinado en la puerta de la casa, era opositor al régimen, hasta la fecha son 63 los crímenes recientemente en la zona norte del país,  es difícil luchar contra la pobreza, la infección y no tener cómo defendernos de la situación, señaló

Hizo un llamado a la comunidad internacional para apoyar tanto a los que están en el exilio como en el país, nuestros presos y presas políticas y defensores que aún teniendo medidas cautelares han sido encarcelados y siguen siendo amenazados, asediados y perseguidos cada día, por lo que hizo  un llamado a la comunidad internacional, “porque estamos dispuestos y trabajando por el rescate de la democracia institucional de Nicaragua”.

Colombia: intensificación de la violencia

Alirio Uribe Muñoz, es un abogado que su trabajo se ha centrado en investigar y enjuiciar a los responsables de asesinatos políticos, desapariciones forzadas  y el desplazamiento de cientos de miles de colombianos.

Uribe señaló que en Colombia la Corte Constitucional sigue funcionando para el control de todos los decretos de emergencia que más afectan los derechos fundamentales, se han tenido audiencias y controles virtuales en un 30 por ciento.

Describió que es difícil que voten normas contra los derechos humanos, “seguimos en esas mesas de trabajo donde el gobierno tiene poca voluntad política de escuchar a la sociedad civil para que paren las  violencia  porque durante Covid-19 se han intensificado los ataques de los  comandos con el ejército y la policía en contra de líderes y defensores de derechos humanos.

Señaló que al igual que pasa en Nicaragua y Honduras se criminaliza la protesta,  mucha gente que sale a protestar ha sido detenida y golpeada por la policía.

Coincidió en que el acompañamiento internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), agencias internacionales, PBI, la Unión Europea, parlamentarios europeos españoles ,las reuniones con Estados Unidos,  con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , muchos organismos internacionales, diplomáticas , son importantes para estar colocar los problemas de derechos humanos en el marco de la pandemia.

Sentenció que los derechos humanos ni la democracia pueden entrar en cuarentena,  en varios países están intentando posponer procesos electorales precisamente aprovechándose de la pandemia..

También se refirió a violencia contra la mujer que se ha incrementado en un 75 por ciento, “en las protestas en Colombia también nos damos cuenta como muchas mujeres han sido desnudadas y  en los sitios de reclusión violadas”.

Recomendó que debe hacerse una vigilancia social nacional sobre el gobierno del presidente Luque en relación a las políticas que está tomando  frente a la pandemia.

Denunció que en los grupos armados hay un reclutamiento de niños y niñas en muchas regiones del país para el fortalecimiento de los grupos paramilitares, de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC), la intensificación del conflicto armado y se requiere que haya mucha solidaridad internacional en ese tema, Agregó Uribe.

Honduras : Ilegalidad, toque de queda y el Covid19

Dina Meza de la ASOPODEHU explicó la situación del Covid19 desde la suspensión de garantías constitucionales  en Honduras a partir del 16 de marzo.

En relación al ejercicio del periodismo denunció que la libertad de expresión está en asedio, el acceso a la información restringido y el ejercicio del periodismo muy limitado.

Denunció la detención de dos periodistas que fueron encarcelados por cubrir una manifestación “donde la gente se  manifestaba en las calles porque tiene hambre y el gobierno no les está dando la alimentación, sino que los encierran y les dicen que no deben salir”.

La defensora y periodista detalló que el Ministerio Público acciona “rapidísimo” para criminalizar a los defensores y defensoras, que en el contexto de la pandemia no fueron incluidos en la excepciones  y se niegan a entregarles salvoconductos para salir a defender los derechos humanos de la población que sufre represión.

Alertó que no es una prioridad para el gobierno el trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos y se cierran los espacios para que no ejerzan su derecho.

Meza habló de la necesidad del acompañamiento internacional como el de PBI y otras organizaciones como RSF, Article 19, Pen International, la Fundación para la Libertad de Prensa, entre otras con las cuales la ASOPODEHU se ha juntado para trabajar alrededor de la libertad de expresión.

También agregó que la violencia contra las mujeres en Honduras es muy terrible y en la pandemia se ha incrementado con más 18 mil denuncias por violencia doméstica. “ en las casas las mujeres conviven con sus agresores”

Denunció la situación de las mujeres indígenas a quienes se les mantiene bajo persecución a las que están organizacdas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), que están siendo asediadas y atacadas por las fuerzas militares y policiales.

Para finalizar dijo que  “dar recursos a un gobierno violador de derechos humanos es darle herramientas para seguir matando al pueblo, los países deben ver que existe una corrupción tan descarada, tenemos un sistema de salud precario pero por esta pandemia el robo es la norma de todos los días donde la gente no tiene acceso a la salud.

Destacó que el gobierno de Juan Orlando Hernández  desarrolla una campaña mediática para hacer creer que protege los derechos humanos y que está apoyando a la población, “ creo que es importantísimo no solamente ver la prensa corporativa sino los  medios alternativos donde estamos hablando de la situación real del país.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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