Boyd dijo que los titulares de derechos más vulnerables afectados por las actividades empresariales – como los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, las comunidades locales, los campesinos, las personas con discapacidad y, especialmente, aquellos cuya identidad se extiende a través de múltiples grupos en situación de vulnerabilidad- suelen enfrentarse a los peores obstáculos para obtener justicia y reparación, destaca el documento.

El 28 de febrero de este año, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través de MiAmbiente declaró el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto y aseguró que procedería a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales por ser lesivas al Estado de Honduras; los recursos naturales; la salud pública y el acceso al agua como derecho humano.

No obstante que ya han pasado más de cuatro meses de esta declaratoria oficial, las empresas mineras siguen realizando sus labores de forma normal, afectando el medio ambiente y generando violencia contra las comunidades afectadas, según lo han denuncias los liderazgos de estas poblaciones.

Este es el comunicado íntegro:

Leyes de debida diligencia sobre derechos humanos y medio ambiente, cruciales para combatir las actividades empresariales irresponsables, según un experto de la ONU 

GINEBRA (4 de julio de 2022) – La deforestación desenfrenada, la producción de químicos y plásticos, la explotación de combustibles fósiles y otras actividades extractivas a gran escala por parte de las empresas están perjudicando a las personas y a la Tierra, ha declarado hoy un experto de la ONU, al introducir un proyecto de ley para frenar las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente por parte de las empresas.

«Las empresas que operan en la economía global abusan habitualmente del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y de otros derechos humanos», ha declarado David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente.

Ante el aumento de abusos contra los derechos humanos por parte de actores empresariales irresponsables, el Relator Especial lanzó un reporte que contiene un conjunto de elementos recomendados para las leyes de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. «Los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente por parte de los actores empresariales son desenfrenados y se superponen, mientras que las reparaciones efectivas para los titulares de derechos siguen siendo inalcanzables», dijo el experto. 

«Los titulares de derechos rara vez obtienen reparaciones efectivas», continuó el experto, «y los que lo hacen tienen que sortear una serie de obstáculos legales, financieros y de otro tipo. Suelen enfrentarse a amenazas, intimidaciones y represalias contra sí mismos, sus familias y sus comunidades.»

Boyd dijo que los titulares de derechos más vulnerables afectados por las actividades empresariales – como los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, las comunidades locales, los campesinos, las personas con discapacidad y, especialmente, aquellos cuya identidad se extiende a través de múltiples grupos en situación de vulnerabilidad- suelen enfrentarse a los peores obstáculos para obtener justicia y reparación.

«Ante esta cruda realidad, las medidas voluntarias de debida diligencia y las leyes existentes sobre derechos humanos y medio ambiente no son suficientes», afirmó Boyd.

Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de leyes obligatorias de debida diligencia sobre derechos humanos y medio ambiente para que los actores empresariales rindan cuentas sobre la forma en que sus acciones perjudican a las personas y al planeta, dijo el experto.

Se están elaborando numerosas leyes a nivel nacional, regional y global, que representan una oportunidad vital para avanzar y estandarizar la responsabilidad de las empresas. Por ejemplo, la Comisión Europea publicó a principios de este año su Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. «Su trayectoria actual es innovadora, y haría que el acceso de los grandes actores regulados al mercado de la Unión Europea estuviera supeditado a la aplicación de la debida diligencia «, dijo Boyd. 

Dijo que también se espera que en 2022 avance el » Instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas respecto de los derechos humanos» de las Naciones Unidas.

El experto dijo que, a pesar de las imperfecciones, el proyecto del Tratado de las Naciones Unidas sería el primer instrumento global vinculante que exigiría actuar con la debida diligencia, en relación con todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente -incluido el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible-, para todas las actividades empresariales que se desarrollen en el territorio, la jurisdicción o el control de un Estado Parte, incluidas las actividades transnacionales.

En respuesta a estas oportunidades legislativas, el Relator Especial lanzó el informe que articula un conjunto de objetivos generales y 10 elementos legislativos esenciales.

«Si se adoptan, estas propuestas darían lugar a una legislación mejor equipada para prevenir las afectaciones a los derechos humanos, al medio ambiente y a la buena gobernanza por parte de los actores empresariales, y con más probabilidades de reparar eficazmente los daños que se produzcan», dijo Boyd.

FIN.

Lea el comunicado de la OACNUDH sobre las declaraciones del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente en la página oficial Aquí