Contexto (991)
Restricción al espacio cívico, uso excesivo de la fuerza por la policía, utilización desproporcionada de gases lacrimógenos contra manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos bajo vigilancia y amenazas, suspensión de medidas de protección y retrasos en los análisis de riesgo en el Mecanismo de Protección, uso indebido del derecho penal contra defensores de derechos humanos, son parte de una lista interminable de afectación a los derechos fundamentales de la ciudadanía en Honduras, según el informe anual 2020, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH.
Se ha establecido un espacio denominado un crisol de mujeres, que funde la diversidad del pensamiento de más de 100 mujeres, que unifican mil razones para exigir la renuncia del mandatario Juan Orlando Hernández, que se ha destacado como incompetente para resolver las problemáticas del país y ha opacado la dignidad de los hondureños al ser relacionado en casos de narcotráfico a nivel internacional, dijo una de sus integrantes a pasosdeanimalgrande.com este 03 de marzo de 2021.
Las organizaciones que aglutinan la Mesa de Derechos Humanos, se pronunciaron en solidaridad con el Colegio Médico de Honduras CMH, y pidieron que sea el organismo que encabece la estructura en el manejo de la estrategia y toma de decisiones asociadas a la pandemia de covid19.
En la finalización de la primera jornada del Juicio Oral y Público de Jeremías Martínez, el abogado Edy Tábora denunció en una conferencia de prensa que el Ministerio Público, MP, quiere que el caso de Jeremías Martínez sirva de lección para evitar que otras personas se sigan manifestando.
El Juicio oral y público de Jeremías Martínez, criminalizado por la empresa minera Los Pinares y el Ministerio Público, de Tocoa, Colón, por defender los ríos Guapinol y San Pedro y el Parque Nacional Carlos Escaleras, iniciará este lunes 22 de febrero hasta el jueves 25 del mismo mes, en la Sala 1, Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Defensores y abogados explicaron cómo la impunidad de las instituciones judiciales en casos graves de violaciones a los derechos humanos se profundizaron en el 2020, bajo el contexto de pandemia y los huracanes, entrando en vigencia el nuevo Código Penal y afianzando el círculo de poder del presidente de la República Juan Orlando Hernández.
En un foro virtual realizado este 19 de febrero de 2021, Ismael Moreno, director de Radio Progreso y del Espacio de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, expresó que el pacto político de impunidad ha sido un proceso de construcción tras el golpe de Estado del 2009, que se consolidó de una forma dramática en el 2020, por las acciones de Juan Orlando Hernández y de su círculo de trabajo que se alimentan de la angustia de la sociedad cuánto más es la crisis más se afianzan.
Según Moreno está demostrado en actos del año pasado cómo la cancelación de la presencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH y la aprobación e implementación del nuevo Código Penal como una política leal profundizada durante la pandemia por covid-19 y los huracanes ETA e IOTA.
“La maldad cuando es organizada sabe aprovecharse de las circunstancias y cuándo mayor es la fragilidad, amenaza y ambiente de deterioro más se consolida”, describió Moreno.
También agregó que en este 2021 se debe recalcar que el proceso político electoral está debidamente conducido por quienes impulsan y controlan el país, y para debilitar ese pacto tiene que haber una verdadera defensa de las víctimas, crear las condiciones reduciendo los asesinatos y agresiones para que se eviten los fraudes y se restaure el Estado de Derecho.
Heidy Alachán, abogada representante de la Coalición Contra la Impunidad, explicó que en el informe “Honduras Monitoreo de Violaciones de Derechos Humanos en la Coyuntura del fraude electoral”, presentado en enero del 2018, se identificaron 11 patrones de violencia estatal.
Patrones otra vez
Algunos de dichos patrones todavía siguen ocurriendo durante la emergencia sanitaria por covid-19 y los huracanes Eta e IOTA, así como la implementación descarada de preceptos legales y reducción del espacio cívico, la impunidad es un patrón recurrente del Estado para seguir cometiendo los mismos actos, recalcó.
Algunos de los patrones identificados durante la crisis postelectoral del 2017 fueron disparos de bala viva, allanamientos en hogares donde llevaban pruebas prefabricadas, aplicación de castigos y humillaciones públicas, implementación de instrumentos no autorizados como cadenas con ganchos y electrochoques, vehículos para la vigilancia, desplazamiento de oficiales en barrios y colonias , militarización, uso desproporcionado de la fuerza y la infiltración, detalló Alachán.
Agregó que las consecuencias fueron que en las más de mil manifestaciones, protestas públicas y tomas en al menos 14 departamentos, como forma de expresar la indignación ante un fraude electoral, 33 personas fueron asesinadas.
Se instauró como normalidad el uso de disparos a bala viva, se reprimieron 192 manifestaciones, una persona fue detenida y desaparecida, 76 víctimas de tortura, 105 desplazadas por persecución política, 15 periodistas agredidos, 89 personas criminalizadas, vecinos en barrios y colonias tuvieron ataques, allanamientos, intimidación y tentativa de homicidio.
Omar Menjivar, abogado y defensor de derechos humanos, relató que “este pacto es la columna vertebral que hace que haya instituciones debilitadas y controladas, como es el caso del Ministerio Público, MP, una institución muy deficiente y sin compromiso en las investigaciones que deberían ser exhaustivas e iniciadas oportunamente”.
Según Menjivar solo conociendo la verdad se puede hacer justicia y es una necesidad que el MP, como representante del pueblo cumpla con el derecho para las familias de las víctimas, persiguiendo y capturando a los culpables.
El abogado relató un caso que ocurrió desde el 2017 en el fraude electoral, donde un joven fue asesinado por un elemento policial, la institución protegió a al culpable y expuso a otro elemento que terminó confesando cómo se realizaron los hechos. En el caso se evidenció que el MP no hizo la debida diligencia en la obtención de armas y cuando citó a declarar a los entes vinculados se negaron por orden de un alto mando.
Según los exponentes el pacto de impunidad está vigente por las instituciones y funcionarios que cometen actos injustos para la sociedad hondureña, iniciando desde el 2009, con el golpe de Estado, donde se cometieron asesinatos que hasta el día de hoy no han sido investigados y castigados.
La Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, representantes de familiares y garífunas, crearon el Comité Garífuna De Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos Triunfo de la Cruz, SUNLA, que será dirigido por un consejo directivo y mesas de trabajo de derechos humanos, familiares de las víctimas, expertos en investigación criminal y abogados, según lo dio a conocer la organización en esta semana.
El periodo de Juan Orlando Hernández, ha sido una de las administraciones con más endeudamiento, destinando al pago el 20 por ciento de los ingresos ciudadanos, una priorización que afecta a la población hondureña., dijo a pasosdeanimalgrande.com Obed García, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDEH.
El abogado Daniel Salcedo, de la Delegación Centro-Oriente , del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, explicó a pasosdeanimalgrande.com que en el caso del joven Davinson Barrientos, muerto por agentes, ha habido una actuación indebida por parte de la policía, “los cuerpos represivos del Estado deben tener presente la obligación de servir y proteger a la ciudadanía bajo las políticas de derechos humanos”.
Salcedo se refiere a los hechos ocurridos en la Colonia Quezada, de Tegucigalpa, el día 15 de febrero en que una bala policial terminó con la vida del muchacho de apenas 20 años. Era la una de la tarde cuando los oficiales realizaban un operativo, la víctima conducía una volqueta y omitió el alto, después de una discusión el funcionario policial Levis Rivera sacó el arma y le disparó.
Este 17 de febrero el Ministerio Público acusó de homicidio al miembro de la Policía Militar del Orden Público, PMOP, Levis Russi Rivera Benítez, asignado a la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano FNSTU, después que le disparara al joven Davinson Barrientos, provocándole la muerte.
Actos en contra de la Ley
“Existe una gran zozobra, el CONADEH y la población hondureña exigen que la policía Nacional y la gente de Seguridad del Estado, se encarguen de proteger, no se puede permitir que cometan actos que vayan en contra de la Ley, sabemos que las acciones recientes indican lo contrario”, agregó.
Brindando seguimiento al caso el CONADEH aperturó una queja de oficio y son las instituciones autorizadas las cuales impartan justicia aplicando los procedimientos correspondientes a las leyes nacionales e internacionales y se les hace un llamado para que sigan las líneas estratégicas orientadas en los derechos humanos, explicó.
Según el Ministerio Público, después de las averiguaciones en coordinación con la Dirección Policial de Investigación DPI, el Departamento de Patología de Medicina Forense mediante la autopsia confirmó la causa y manera de su muerte, por lo que la Fiscalía de Especial de Delitos Contra la Vida, FEDCV, presentó el correspondiente requerimiento.
El padre de Davinson Barrientos denunció públicamente a través del medio Hable Como Habla, HCH, que el joven manejaba una volqueta e iba junto a él, y mientras se dirigían a entregar el material que recogen desde el municipio de Talanga , al llegar a la capital pasaron bajo un puente en la colonia Divino Paraíso , había un cono de la policía que estaba botado y no se fijó, pero los agentes se lo atribuyeron a él persiguiéndolo hasta la colonia de la Quezada.
Los relatos de testigos que grabaron la escena describieron que los oficiales agredieron y le dispararon al joven, en sus últimos momentos le escribió a su esposa avisándoles que lo habían herido. Las personas que estaban en la zona intentaron llevarlo al Cuerpo de Bomberos cercano en busca de auxilio, pero falleció debido a los impactos de bala.
El Coronel Francisco Salgado, de la Policía Nacional, expresó en los medios de comunicación que “todos saben que botar un cono, es un delito… un desacato a la autoridad, destrucción de la vía pública, en donde solo una parte de la historia se está escuchando y serán los tribunales los que determinen la muerte”.
Ese día la periodista Ariela Cáceres preguntó al oficial del por qué habían recogidos los casquillos de bala que estaban en el lugar, pero el funcionario evadió dar la respuesta de acuerdo a los hecho.
Amnistía Internacional define como brutalidad policial el uso ilegítimo de la fuerza por la policía en el peor de los casos tiene como consecuencia la privación del derecho a la vida, cuando el uso policial de la fuerza es innecesario o excesivo, puede además constituir tortura u otros malos tratos.
Organizaciones aglutinadas en la Vía Campesina exigieron este 16 de febrero de 2021, frente al Congreso Nacional de Honduras la aprobación de una propuesta de emergencia presentada el 06 de febrero de 2020 para restablecer la institucionalidad agraria; terminar con la militarización del sector, aprobar leyes encaminadas a los créditos para las mujeres, y la creación de una una instancia que tiene como propósito el incremento a la productividad y producción y combatir la pobreza y el desempleo.
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Lo que ya se suponía por los familiares y la población en general que la muerte de Keyla Martínez era un crimen y no un suicidio quedó al descubierto este 09 de febrero de 2021 cuando el Ministerio Público a través de su vocero anunció que se trataba de un homicidio, además que se había pedido que los policías que estaban en el turno la noche del 06 de febrero en que fue detenida y posteriormente apareció muerta, fueran puestos a la orden de ese ente acusador.
Las organizaciones que conforman la Plataforma 25 de Noviembre, presentaron el “Diagnóstico de las políticas públicas de la violencia contra la mujer y niñas en el marco de la covid-19 y los huracanes”.
Según argumentaron algunas personas consultadas sobre qué piensa de las vacunas que ha anunciado el gobierno de Juan Orlando Hernández, no creen en el proceso por los antecedentes de las compras irregulares de los hospitales móviles, otros actos de corrupción en el manejo del dinero para atender la pandemia de la covid-19 y a los damnificados por los huracanes ETA e IOTA.
Estudiantes y docentes detallaron la problemática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, para el proceso de ingreso y reingreso. Algunos abandonaron los estudios debido a la crisis económica generada en la pandemia y otros no han podido culminar su carrera debido a la falta de soluciones por parte de las autoridades.
El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.