Contexto (991)
La muerte del personal de primera línea de atención en Honduras es una de las consecuencias trágicas de la pandemia de Covid-19. Hospitales saturados, falta de equipo de protección, compras sobrevaloradas, señalamientos graves de corrupción y un sistema de salud debilitado, multiplicaron fallecimientos y contagios.
Este 24 de junio ante el Secretario General del Congreso Nacional, ocho diputados presentaron una petición formal de juicio político contra los 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que favorecieron la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE, por actuaciones contrarias a la Constitución de la República.
Varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, presentaron ante la CIDH el tema del aborto que en Honduras está penalizado y el Estado se ha encargado de establecer políticas en contra de los derechos de las mujeres.
El equipo legal de la Red de Trabajadoras Domésticas, RTD, presentó este 23 de junio de 2021, un Recurso de Amparo solicitando que se derogue el régimen especial que regula en forma precaria el acceso a la salud de este sector y que se apruebe una Ley para su beneficio que se encuentra engavetada en el Congreso Nacional hondureño.
Las autoridades universitarias rechazan que las ZEDE tengan la potestad de establecer sus propias políticas educativas debido a que trasgrede el mandato constitucional de la UNAH, y llama a los movimientos sociales, organizaciones y sectores a defender la autonomía y autoridad de regir la educación superior del país.
Mientras el CPTRT demanda del Ministerio Público realice las investigaciones eficaces y pertinentes para establecer cuáles fueron los hechos ocurridos que los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer, en respuesta las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, FNAM, levantó una campaña de desprestigio contra las organizaciones de derechos humanos que velan por el respeto de los derechos fundamentales en los centros penitenciarios.
Personas defensoras que protegen sus territorios viven el día a día enfrentado diferentes violencias
Según representantes de la Coalición Contra la Impunidad, CCI, las amenazas, hostigamiento y persecución son entre otras formas de violencia que enfrentan por la defensa y promoción de los derechos humanos, en las poblaciones vulnerables, que viven violencia permanente la cual tiene el objetivo de detener su trabajo.
Defensoras feministas explicaron cómo influye el pensamiento conservador en la promoción de derechos de las mujeres, y la libertad de expresión se ve menoscabada en los medios de comunicación, Cuando tratan de colocar el tema deben enfrentarse a prejuicios, acoso y ataques, solo por desmenuzar las violencias que enfrentan las mujeres en los diferentes ámbitos.
Preocupaciones de la sociedad y observadores internacionales sobre la implementación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico,ZEDE, piden al residente Juan Orlando Hernández, que reconsidere las leyes en relación con los beneficios de la población, en especial las que se encuentran en las regiones donde dichos proyectos pueden suponer conflictos territoriales.
Personas defensoras y comunicadoras sociales de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual, LGTBI, detallaron las limitantes para participar o trabajar en empresas de comunicación y las limitantes a la libertad de expresión que pueden volverse una situación de ataques frente a los discursos de odio.
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Expertos expusieron las consecuencias que pueden tener las leyes en favor de las ZEDE, y entre ellas destacan una situación de una contradicción insalvable donde los hondureños que residen en su propio territorio tengan un carácter de casi extranjeros y que límite los derechos humanos en la lucha contra la corrupción y extradición.
Tras conmutar una condena de cuatro años de prisión por el delito de incendio agravado en grado de complicidad, Rommel Baldemar Herrera , quien fue acusado por la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, éste aún espera la libertad. La defensa legal de anunció que el tribunal aceptó la misma, pero la familia todavía espera que el sistema judicial resuelva el trámite administrativo para la liberación.
Defensores ambientales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, expusieron que es un triunfo parcial que Estados Unidos retire millonario financiamiento al proyecto que instalaría la cuarta hidroeléctrica en el departamento de Atlántida, que solo fomenta la desigualdad socioeconómica.
Alianzas entre organizaciones e instituciones religiosas buscan incidir en pro de los derechos de las mujeres desde un diálogo religioso que les permita abordar las temáticas sobre la erradicación de la violencia y femicidios, en el Distrito Central de Honduras, acompañados por instancias internacionales.
El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.