El Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida se apresta a dar un veredicto contra el pueblo garífuna de Barra Vieja, en un juicio donde la dilación y la parcialidad hacia el proyecto turístico Bahía de Tela , a través de la Empresa Nacional Portuaria, ENP, como mampara,  es una ilegalidad que no logran esconder.

En la tarde de hoy 04 de junio de 2015, el pueblo garífuna espera el veredicto,  donde no hay ninguna esperanza de que se les restituyan sus derechos sino que se proceda a fijar una sentencia donde se asuma “como caso cerrado” para el Estado de Honduras. Muchos millones de dólares están en juego para el capital, pero cientos de familias del pueblo Garífuna de Barra Vieja no se quedarán de brazos cruzados, pues han dicho que solo muertos los sacan de allí.

El pasado 13 y 14 de mayo inició la audiencia de debate en ese tribunal. La sala estaba repleta no de público sino de procesados y procedas por usurpación de tierras, eran hombres y mujeres que por década están en su tierra, la cual fue vista como una mercancía y el despojo llegó.

El Estado de Honduras a través de las instituciones involucradas en este caso como la Procuraduría General de la República, PGR, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Agrario, INA, persistieron en su afán de negar la existencia de la comunidad garífuna de Barra Vieja y en general de todo el pueblo.

Aunque los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garífunas del antiguo Triunfo de la Cruz, pero eso no ha valido de nada, porque la rapiña está prevaleciendo, en  violación al Convenio 160 de la OIT.

El 14 de mayo se suspendió la audiencia de Debate para “darle tiempo” a la Fiscalía de presentar los testigos que no presentó en esos dos días aduciendo una serie de pretextos, eran un empleado del Instituto Nacional Agrario, INA, para que avala un informe  del Consejo Nacional Agrario donde había toda una argumentación favorable al emporio turístico.

El pueblo garífuna, representado a través de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, tendrá que ir nuevamente a los tribunales internacionales porque aquí en Honduyras, la justicia les cierra las puertas y hay una campaña discriminatoria para quererles presentar incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, como extranjeros en su propia tierra.

General Álvarez Martínez llegó pistola en mano para que cedieran sus tierras

Según señala la OFRANEH y para dejar constancia histórica del saqueo, la Empresa Nacional Portuaria  se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Álvarez Martínez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y que estaba titulado a favor del pueblo Garífuna desde 1902.

A continuación un comunicado de OFRANEH sobre este despojo

Sambo Creek, 4 Junio del 2015.- Después de varias horas de espera, el juicio de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, se reanudó en horas de la tarde del día de ayer, persistiendo el Estado de Honduras en denegar la existencia de la comunidad y la condición de indígenas del pueblo Garífuna.

Se supone que el día de hoy en horas de la tarde se emitirá una resolución, la que es de esperar será a favor de la Empresa Nacional Portuaria. Honduras al igual que en “Alicia en el país de las maravillas”, la sentencia precede a los cargos.

 Los tres intentos de desalojo efectuados el año pasado en contra de Barra Vieja, podemos indicar que forman parte de una sentencia a priori, de un juicio que se vino a efectuar meses después de las arremetidas en contra de la comunidad por parte de las fuerzas de seguridad estatales.

Los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garifunas del antiguo Triunfo de la Cruz, los que se vieron obligados a relocalizarse en el nuevo Triunfo y en Tornabé.

El cabo Santa Marta, cayo Tornabé -como se le conoce a Barra Vieja en los archivos catastrales- fue donado a la Empresa Nacional Portuaria por el Procurador Nacional de la República, el Señor Serapio Hernández Castellanos, el 18 de septiembre de 1975, a través de la escritura pública No.29, otorgada en Puerto Cortes.

 En ningún momento a la comunidad de Barra Vieja o Tornabé se les notificó de la entrega de su territorio a la EPN.

 Cabe recordar como la EPN se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Álvarez Martínez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y titulado a favor del pueblo Garífuna en 1902.

 En la actualidad se está fraguando una expulsión más de los habitantes de Puerto Castilla promovida por la EPN, para la construcción de una supuesta ciudad modelo (ZEDE)

La debacle por la cual atraviesa Honduras está cimentada en el saqueo tanto de instituciones como de territorios, situación que se agravó con el golpe de estado del año 2009.

Para los empresarios asociados con el INDURAS RESORT, la presencia de Barra Vieja contiguo a su emporio, se convierte en una afrenta, ya que existen planes para terminar de destruir los humedales de la Laguna de Micos (RAMSAR 722).

 El juicio de Barra Vieja no es más que una farsa judicial, ante la garrafal omisión de un procedimiento indispensable que omitieron el año pasado antes de haber intentado los desalojos.

El haber escogido las ruinas del edificio de la Tela Rail Road Company para llevar a cabo el juicio, es una señal inequívoca de no haber superado la etapa neocolonial en la cual se sumió Honduras en el siglo XX y que parece ser, se está repitiendo de nuevo en el siglo XXI.

 Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Vea los antecedentes de este despojo a Barra Vieja preparado por el Programa de Acompañamiento a Honduras, PROAH

“ay modesto ay modesto ay ay…”, decía un nuevo mensaje amenazante que recibió en su celular el periodista Modesto Acosta, cuando se encontraba en su programa Telenoticias del canal 10, en Ocotepeque, este martes 02 de junio de 2015.

Acosta que también corresponsal de Radio Globo, recibió los primeros mensajes el 26 de mayo recién pasado, después de que difundiera una entrevista con el Secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, quien se refería al escándalo de corrupción de Seguro Social.

Esta vez Acosta comentaba una información publicada por el programa de GloboTV Interpretando la Noticia donde los periodistas del programa David Romero, Rony Martínez e Ivis Alvarado se  encontraban con  el diputado Edgardo Casaña,  de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional, mostraban los cheques del Seguro Social que fueron entregados al Partido Nacional. Lo que demuestra que este tema molesta a los autores de las amenazas.

Inmediatamente del abordaje de esta información el nueva mensaje amenazante que procedía del celular número le cayó a su móbil  a eso de las seis de la tarde con 53 minutos.

Reporteros sin Fronteras dialogó el 27 de mayo de este año con el Inspector Juan Carlos García, quien manifestó que por disposiciones del Subcomisionado Pacheco habían procedido a darle custodia policial donde se desplazara el comunicador y que estaban tras la pista del responsables de los mensajes enviados, sin embargo hasta este momento no se le ha dado captura y lo preocupante del caso es que el autor de esta inseguridad contra la integridad física de Acosta se encuentra riéndose a carcajadas de los cuerpos de seguridad del Estado de la zona.

Mientras tanto preocupa que pueda ocurrir algo fatal dado la maraña del  mayor caso de corrupción en la historia del país  y de las conexiones que este tiene con los grupos de poder que participaron..

De acuerdo a la recién aprobada Ley de Protección a Periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, el Estado de Honduras tiene la obligación de proteger en forma expedita a estos sectores, sin embargo aunque la Ley ya está aprobada noi se sabe a ciencia cierta cuándo se implementará.

Tal parece que el único objetivo de su aprobación era ára que el Estado  fuera bien evaluado en el Examen Periódico Universal 2015, realizado el pasado 08 de mayo, donde los Estados representados en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, emitieron otras 152 nuevas recomendaciones, entre las que figuran la investigación y castigo para los autores materiales e intelectuales de los asesinatos y amenazadas contra periodistas y comunicadores sociales en Honduras.

Vea nota sobre primeros mensajes

La Plataforma 25 de Noviembre entregó una carta el 27 de mayo pasado  al Congreso Nacional donde describen los efectos de la violencia contra las mujeres y solicitan que entre los casos a investigación se incluyan los femicidios, pero el parlamento hondureño se ha llamado al silencio.

Al no recibir respuestas,  este 01 de junio de 2015 las mujeres volvieron a la carga  y  dieron  la misiva en manos  de tres de los integrantes de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacionl , los diputados Edgardo Casaña y José Edgardo Castro ambos del Partido Libertad y Refundación, LIBRE,  y a Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad Social Democráta, PINU-SD.

La comisión multipartidaria se creó para conocer los avances de las investigaciones de casos de corrupción emblemáticos como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el carretillazo, los fondos del proyecto de la Cuarta Urna, el del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), el tráfico gris de Hondutel; el caso del instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Trans 450, entre otros.

La  ausencia de investigaciones sobre crímenes contra mujeres, es un vacío que debe ser llenado, de acuerdo a la demanda del movimiento de mujeres de Honduras a través de la Plataforma 25 de Noviembre que integra a mujeres campesinas, pobladoras, jóvenes y redes locales y feministas.

Las mujeres de la Plataforma 25 de Noviembre  invocan la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), donde se describe que la violencia contra las mujeres imposibilita su desarrollo y además este convenio internacional señala la obligación de los Estados de tomar las medidas apropiadas , incluso de carácter legislativo para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer.

“Entre el año 2010 y primer trimestre de 2015, unas 2,870 mujeres han sido víctimas de femicidio en el país, de estos casos únicamente el siete por ciento han recibido sentencia, según el informe presentado por el gobierno de Honduras ante el Examen Periódico Universal, EPU. Como organizaciones defensoras de derechos de las mujeres nos preocupan todos los casos de femicidio y demandamos sean investigados”, señala la carta.

Pero señalaron cuatro casos emblemáticos para que esta comisión proceda a hacer las averiguaciones que den con los responsables de los crímenes y se les lleve tras las rejas, para iniciar un proceso de combate a la impunidad.

Estos son los casos que las mujeres demandan investigar

Los casos son el de Vanessa Yaneth Zepeda Alonso, dirigente del sindicato del Segurio Social, SITRAIHSS  que el 03 de febrero de 2010 fue encontrada muerta por asfixia  como consecuencia de estrangulación. Aunque fue encontrado como responsable al médico Rafael Alejandro Sierra Linares, éste se encuentra prófugo de la justicia, sin que los encargados de su detención hagan algo por capturarlo.

Margarita Murillo, dirigente campesina, fundadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC y lideresa del Foro Social del Valle de Sula y del Partido LIBRE,  perseguida en los años 80 obligándole a salir al exilio. En el año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgó medidas cautelares por las amenazas que recibió en el marco del golpe de Estado en Honduras.

Aunque existían dichas medidas el Estado de Honduras nunca las implementó y por lo tanto la dejó en completa desprotección lo que ocasionó su asesinato de varios disparos de bala el 26 de agosto de 2014, en la Aldea El Planón, en Villa Nueva, Cortés. A la fecha no se ha proporcionado información sobre el caso y permanece en completa impunidad.

Otro de los casos sobre el cual las mujeres exigen investigación pronta y una acción inmediata de la Comisión Mutipartidaria, es el de Alma Mariela Ordoñez, Madeline Ramíez Zambrano y Blanca Alejandra Velásquez, quienes eran modelos y fueron asesinadas a balazos el 15 de marzo de este año, por criminales que se conducían en una  motocicleta y en una camioneta, a la salida de Valle de Ángeles.  Aunque ellas pidieron protección policial previo a su crimen cuando venían de Siguatepeque,  no se tiene información del por qué solamente lo hicieron antes de entrar a Tegucigalpa, lo que demuestra la inoperancia policial.

También se incluye el asesinato contra la niña Soad Nicole Ham Bustillo, de 13 años de edad que apareció asesinada y metida en un saco en una calle, el pasado 24  de marzo . Un día antes la niña había participado en una protesta de su colegio donde indignada expresó “no es posible que no tengamos sillas….no es posible que no hayan aseadoras”. A la fecha las declaraciones policiales resultan confusas y pretenden responsabilizar a la niña por la violencia sufrida.

La Plataforma 25 de Noviembre también detalló la actual situación amenazante contra las mujeres que van a los mercados del Distrito Central , San Pedro Sula y otras ciudades urbanas, dado los mensajes enviados por grupos criminales, maras y pandillas sobre la prohibición de vestirse con pantalones licras y/o pintarse el cabello de rojo o de amarillo so pena de ser agredidas por estos grupso e incluso podrían culminar en femicidio.

“Nuestra intención con esta nota es que usted como presidente de la Comisión Interpartidaria junto con el resto de diputados y diputadas integrantes de la misma, planteen ante el Fiscal General del Esatdo y a los entes respectivos la urgencia de rendir un informe situacional de los casos de femicidios antes mencionados, así como la necesidad de crear unidades especiales de investigación de femicidios en los diferentes entes investigativos como la  Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC y fortalecer las ya existentes”, demanda la nota.

La misiva es firmada por Gilda Rivera del Centro de Derechos de Mujeres, CDM;  Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras y Wensy Cruz, de la Vía Campesina. La plataforma es integrada por más de 20 organizaciones de mujeres.

Los miembros de la comisión multipartidaria son: por el Partido Nacional Mario Pérez, David Chávez, Renán Inestroza; Partido Liberal Hugo Hernández, Araceli Leiva; el Partido Libertad y Refundación (Libre) José “Chele” Castro, Edgardo Casaña.

Enrique Villega y Marlene Alvarenga, representantes del Partido Anticorrupción (PAC); por la bancada denominada  Independiente,  Audelia Rodríguez; Partido Unificación Democrática (UD) Edwin Pavón; Partido Demócrata Cristiano Augusto Cruz Ascencio y del Partido de Innovación y Unidad (Pinu) Doris Gutiérrez.

Las mujeres esperan que esta solicitud sea abordada a la mayor brevedad por la situación grave de violencia contra las mujeres en Honduras, problema que no figura como tema principal de la agenda de gobierno.

El derecho a la tierra pende de una decisión de un Tribunal de Sentencia de Tela en el departamento de Atlántida, que se ha mostrado parcializado con instituciones del Estado para  despojar a garífunas asentados desde hace décadas en la comunidad de Barra Vieja, para favorecer  al proyecto turístico Bahía de Tela.

La presencia de Barra Vieja se remonta desde el año de 1885 y su ocupación permanente se produjo desde el año de 1904. Los garífunas han tenido que luchas por sus territorios en ese tiempo con las transnacionales bananeras y ahora con proyectos turísticos auspiciados desde los grupos de poder que ven en la zona una riqueza que la venden al mejor postor sin importar la violación a los derechos humanos.

El 12 y  13 de mayo pasado se llevó a cabo la audiencia de debate sobre este tema donde 66 garífunas están acusados de usurpación de su propia tierra, según un proceso judicial iniciado por la Empresa Nacional Portuaria que inició una querella desde el año pasado según consta en el expediente número 2298-2014.

Hasta el edificio donde se han desarrollado las audiencia es un mal presagio y podría ser un mensaje subliminal pues perteneció a las transnacionales bananaeras que despojaron de sus tierras hace décadas a los garífunas obligándoles a arrinconarse a pesar de ser los dueños.

De acuerdo a las fallas de procedimiento judicial que violentan el debido proceso y el acceso a la justicia, los jueces admitieron la denuncia por usurpación a pesar que el Ministerio Público no recibió ninguna denuncia por parte de la Procuraduría General de la República, “hay una falta de acción porque la Procuraduría nunca denunció a los supuestos invasores ni los investigó el Ministerio Público”, dijo José Carlos Velásquez, abogado defensor de la comunidad.

Velásquez agregó que hay de por medio unos 40 millones de lempiras con bancos extranjeros, todos representados por el Banco FICOHSA de Honduras.

El pueblo garífuna está protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y en todo el juicio lo que ha existido es indefensión y por lo tanto quebrantamiento de la norma, “y  no se le está permitiendo a la defensa que haga su trabajo, creo que hay parcialización del tribunal porque desde el principio le hemos presentado pruebas de que los garífunas tienen el derecho de posesión y no hay respuestas”, argumentó el defensor.

Los  garífunas no tiene propiedad individual de la tierra sino comunal, de orden colectivo, pero aunque se apeló la decisión del Juzgado de llevar a cabo un desalojo,  y después un ampao que fue desestimado, esto no surtió efecto , y el año pasado camiones del ejército y la policía llegaron a desalojarlos.

En la audiencia de mayo se leyó una resolución de Consejo Nacional Agrario del Instituto Nacional Agrario, INA, la cual señala que “el predio no se puede otorgar a ningún particular porque ya es propiedad del proyecto turístico Bahía de Tela , sería un desastre ecológico si se entrega a particulares .

En Consejo Nacional Agrario argumentó que no se está violentando el Convenio 169 de la OIT porque la comunidad no tiene escuelas y otras obras de desarrollo, ni tampoco la comunidad de Barra Vieja  tiene denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos , “por eso no hay violaciones a los derechos humanos”.

El 13 de mayo el Ministerio Público debió presentar a sus testigos propuestos pero no llegaron , eran agentes de policía que debían ratificar actas de inspecciones oculares pero el fiscal adujo que no pudieron comparecer uno porque estaba de vacaciones y otro porque nunca se le citó, por eso pidió suspensión del Debate , aunque el abogado defensor de los garífunas se opuso a que se pospusiera la audiencia, el Tribunal de Sentencia  dio curso a la petición del Ministerio Público dando ventaja a los acusadores .

Barra Vieja está ubicado contiguo al proyecto turístico Indura Resort, conocido previamente como Laguna de Micos & Beach Resort, perteneciente a la elite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del año 2009. Vea detalles de desalojo del año pasado.

Alfredo López, dirigente de OFRANEH criticó el papel del Estado de Honduras que en vez de proceder a la protección de los garífunas violenta sus derechos, eso traerá consecuencias dijo, "Hemos estado 15 años en las cortes internacionales pues aquí no hay justicia, y seguiremos entonces en estas cortes"

Pero se teme que la decisión del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, sea desalojar a Barra Vieja y de esta forma obviar los derechos que tienen los garífunas para favorecer al gran capital. Sin embargo los y las pobladores de la comunidad ha declarado que solo muertos los sacan de allí.

Vea noticia sobre la audiencia del 13 de mayo 2015

El  presidente Juan Orlando Hernández estigmatizó la labor periodística de quienes no publican tal como él quiere la información que difunden a diario y acusó que hay un grupo de periodistas que quieren incendiar el país, generar el caos y la anarquía y alejar la inversión extranjera y la ayuda internacional.

Los señalamientos los hizo el mandatario en el marco de la entrega del premio periodístico Álvaro Contreras a la Directora del Diario La Prensa María Antonia Martínez.  La información fue publicada en Diario El Heraldo en su versión impresa del día de hoy 26 de mayo de 2015.

En los últimos días el  enojo de Hernández se ha hecho cada vez más evidente cuando pretende demostrar una imagen internacional respetuosa de los derechos humanos, de combate a la corrupción y contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Sin embargo la realidad se desborda y lo que quiere ocultar sale a borbollones a la superficie.

“Estos seudo periodistas ocultan, tergiversan e invitan en su estado afanoso de incendiar el país, y ustedes saben de qué estamos hablando..”, señaló el presidente de la República.

Agregó que “Lo que no vale la pena es dañar al país con campañas de desinformación de esos grupos que quieren promover la anarquía y el caos y en donde la primera víctima es el periodismo porque les disminuye la veracidad ante la población”.

“Estos  grupos hieren profundamente al país cuando buscar alejar la inversión y el crédito que le dan al país…”, dijo.

Los discursos se combinaron con acciones desde las instancias estatales, tal es el caso de la notificación entregada este mismo día 25 de mayo, día nacional del periodista, al propietario de Canal 36 donde le advirtien un posible cierre si continúa abordando algunos temas.

Hernández se muestra muy sensible ante las preguntas de periodistas o el abordaje de la información en distintos medios de comunicación que critican su gestión.

La Relaroría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH en su comunicado en el Día Mundial de la Libertad de Prensa expresó que  “se ha visto en los últimos años la invocación de otras figuras penales vagas e imprecisas –como terrorismo, subversión e incitación a la violencia– para sancionar expresiones críticas o de protesta. Un sistema democrático pleno debe fomentar la deliberación pública y garantizar una mayor apertura frente a expresiones y apreciaciones realizadas por los ciudadanos en ejercicio del control democrático”.

Amenazas directas

En julio de 2014 el periodista José Ramón Maldonado, de La Ceiba, fue amenazado públicamente por el mandatario cuando el comunicador social de preguntó sobre una licencia otorgada por  el Instituto de Geología y Minas,INGEOMIN y la Secretaría de Recursos Naturales, SERNA, para la apertura de una minera en un parque nacional, con el apoyo desde Casa Presidencial.

En esa ocasión  Hernández ordenó  a sus subalternos que llevan una cámara parabque que captaran el rostro del periodista José Ramón Maldonado y le advirtió que presentaría la denuncia ante el Ministerio Público para que sostuviera su “acusación”, como una forma de amedrentarlo.

El 26 de enero de este año, el periodista Ely Vallejo, corresponsal de Canal 36 en San Pedro Sula, salió del país porque era perseguido por desconocidos en motocicleta despúes de que el 07 de enero de este año  él preguntara   al presidente sobre un supuesto escándalo de corrupción donde estaba involucrada su hermana la Ministra de Comunicaciones y Estrategia, Hilda Hernández.

Aunque el Estado de Honduras recibió varias recomendaciones en el sentido de proteger a los periodistas ´para que ejerzan su libertad de expresión sin contratiempos, la ira de Juan Orlando Hernández colocó a los periodistas críticos a sus gestión en la mira para que sean vistos como los responsables del no avance del desarrollo del país. Igual discurso ha manejado contra los defensores y defensoras de derechos humanos que fueron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a contarles lo que está sucediendo con la situación de derechos humanos en el país.

Estas últimas acciones avizoran días negros para la prensa que no solamente difunde el discurso gubernamental de que en Honduras todo está muy bien.

Vea video de amenazas del mandatario contra periodista José Ramón Maldonado:

http://honduraslaboral.org/article/el-presidente-de-honduras-amenaza-a-periodista/

Estigmatización de defensores de derechos humanos:

http://www.proceso.hn/component/k2/item/99992-gobierno-denuncia-campa%C3%B1a-de-desprestigio-por-parte-de-oposici%C3%B3n.html

El Decreto que crea la  Ley de protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, fue publicado el 15 de mayo recién pasado, con el número 33,730 del Diario Oficial La  Gaceta.

La defensa de los Derechos Humanos en el mundo está más expuesta a repercusiones negativas que a halagos y parabienes. Más aún si se levanta una bandera de lucha desde una organización No gubernamental, que cuestione y que no se acomode al discurso de quienes administran el control político del país.

La querella será interpuesta mañana viernes 22 de mayo, según lo anunció el diputado por el Partido Nacional, Mario Pérez, Secretario de ese poder del Estado, por el canal de TV HCH, en represlia porque el COPINH denunció su complicidad en el crimen del líder lenca Moisés Durón, quien fue asesinado en la comunidad de Somolagua, San Juan, municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Bárbara, este 20 de mayo, producto de la lucha por la tierra. El anuncio de acciones de criminalización se hace a escasos días de que la premiada llegó al país.

Es una irresponsabilidad de doña Bertha Cáceres involucrarme en este asesinato, por eso mañana mismo inicio una querella contra ella por difamaión y calumnia, dijo Pérez, actual Secretario del Congreso Nacional, después de que Bertha Cáceres fuera entrevistada en el velatorio del indígena en Santa Bárbara, a eso de las 7 y 20 de la noche de este 21 de mayo de 2015.

Sería la segunda defensora de derechos humanos a la que pretenderían silenciar su voz en su lucha por la territorialidad de su pueblo lenca protegido por el Convenio 169 de la OIT.

Cáceres recién ha llegado al país después de que se le entregara el premio Godman 2015 en los Estados Unidos. Ella anunció que su lucha sigue con más compromiso que hace 22 años.

Una querella similiar fue interpuest5a contra la defensora de los derechos de las mujeres, Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, por haber defendido junto a su organización a Lesbia Pacheco, quien denunció ante esta institución ser víctima de acoso sexual y laboral por el director de Fundevi, Juan Carlos Reyes.

Sin duda las querellas son la nueva estrategia para querer parar la importante lucha de las mujeres defensoras en Honduras.

Vea el comunicado donde COPINH denunció que Pérez es cómplice del crimen en este link

Las organizaciones de mujeres campesinas y feministas desnudaron la realidad que escondió el Estado de Honduras al presentar ante el Examen Periódico Universal, EPU, el 08 de mayo anterior,  supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres.

En conferencia de prensa las mujeres salieron al paso del discurso del actual gobierno que pregona respeto de los derechos humanos en el país con una calificación ficticia, pues los funcionarios estatales lo que no dijeron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es que aunque se obtuvieron 203 sentencias de homicidio (asesinatos y parricidios en contra de mujeres),no dijo que en ese período ocurrieron 2 mil 670 femicidios, o sea que solamente un pírrico siete por ciento de los crímenes obtuvieron sentencia.

Otro hecho que ocultó la delegación de gubernamental en Ginebra es el desmantelamiento de los mecanismos de la mujer; la baja intensidad con que se implementan las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres; el desaparecimiento de la mayoría de las unidades de género de las diferentes secretarías del Estado y la marginación  con la que operan las oficinas municipales de la mujer.

A continuación el comunicado distribuido en la conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, Honduras por la Plataforma 25 de Noviembre:

La Plataforma 25 de Noviembre en contra de la violencia hacia las mujeres integrada por organizaciones campesinas y feministas ante la reciente presentación del Examen Periódico Universal (EPU) por parte del Estado de Honduras en Ginebra, Suiza expresamos lo siguiente:

Que en la  segunda evaluación realizada el 8 de mayo del 2015, Honduras recibió un total de 152 recomendaciones relacionadas con diferentes temáticas de gran relevancia para la agenda de los derechos humanos en nuestro país, en relación a los resultados de la primera evaluación se incrementaron en 23 recomendaciones, dado que en el primero periodo fueron emitidas 129. De las 152 recomendaciones 11 se refieren exclusivamente a respetar los derechos humanos de las mujeres.

Expresamos nuestro respeto por aquellos países miembros de la ONU que asumieron su responsabilidad mostrando sus preocupaciones y haciendo recomendaciones para el respeto a los derechos de las mujeres, a la vez reconocemos que esto no hubiera sido posible si la incidencia internacional realizadas por las organizaciones feministas y de mujeres del país en articulación y alianzas con las diferentes expresiones del movimiento feminista en el ámbito internacional.

Expresamos nuestra inconformidad por el informe presentado por la delegación gubernamental al plantear supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres tales como: la Policía Militar del Orden Publico, función de la secretaria de Derechos humanos, reducir algunas secretarías al rango de direcciones como el caso del Instituto Nacional de Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos, militarización en el Aguán entre otras.

 A las mismas no se les ha destinado un presupuesto tampoco se cuenta con la institucionalidad necesaria para su implementación, es por eso que aunque se tipificó el femicidio, estos crímenes de odio continúan, el gobierno de Honduras reportó 203 sentencias de homicidio (asesinatos y parricidios en contra de mujeres, pero no dijo que en ese período ocurrieron 2, 670 femicidios lo que implica que solo el siete por ciento (7%) de los crímenes obtuvieron sentencia.

Además no se ha  informado del desmantelamiento de los mecanismos de la mujer muestra clara de ello es la baja intensidad con que se implementan las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres, el desaparecimiento de la mayoría de las unidades de género de las diferentes secretarías del Estado y la marginidad con la que operan las oficinas municipales de la mujer.

Tal y como lo informó la delegación gubernamental, en efecto se abrió la unidad de investigación de muertes violentas en al Aguán (UMVIBA), pero no se dijo que 815 mujeres han sido criminalizadas en la lucha por el acceso a la tierra, siendo víctimas de desalojos violentos y , detenciones ilegales y asesinatos.

No se dijo que las mujeres campesinas no tienen acceso a la tierra, crédito y asistencia técnica y que al contrario su lucha ha sido criminalizada y que solo en el 2014 cuatro mujeres campesinas fueron asesinadas.

Aunque se han realizado esfuerzos desde las organizaciones campesinas para  elaborar y presentar proyectos de Ley como CREDIMUJER y la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género al Congreso Nacional, éstas se encuentran estancadas en la comisión de dictamen, lo que demuestra el desinterés y la falta de compromiso del gobierno para resolver la problemática agraria en Honduras.

Algunas de las recomendaciones emitidas por 60 países a favor de las mujeres están: adoptar nuevas medidas para la investigación efectiva; enjuiciamiento y castigo para los crímenes de odio contra las personas de LGTB y las mujeres; actuaciones efectivas en caso de violencia contra la mujer; implementar efectivamente el Plan de Equidad e Igualdad de género 2010-2022 asignando recursos técnico y financieros para alcanzar los objetivos previstos entre otros.

Finalmente las organizaciones de la Plataforma 25 de Noviembre instaron al Estado de Honduras a aceptar e implementar todas las recomendaciones que los países del sistema de la Naciones Unidas emitieron para el avance concreto hacia los derechos humanos de las mujeres campesinas y feministas del país.

A continuación el comunicado distribuido en la conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, Honduras por la Plataforma 25 de Noviembre:

La Plataforma 25 de Noviembre en contra de la violencia hacia las mujeres integrada por organizaciones campesinas y feministas ante la reciente presentación del Examen Periódico Universal (EPU) por parte del Estado de Honduras en Ginebra, Suiza expresamos lo siguiente:

Que en la  segunda evaluación realizada el 8 de mayo del 2015, Honduras recibió un total de 152 recomendaciones relacionadas con diferentes temáticas de gran relevancia para la agenda de los derechos humanos en nuestro país, en relación a los resultados de la primera evaluación se incrementaron en 23 recomendaciones, dado que en el primero periodo fueron emitidas 129. De las 152 recomendaciones 11 se refieren exclusivamente a respetar los derechos humanos de las mujeres.

Expresamos nuestro respeto por aquellos países miembros de la ONU que asumieron su responsabilidad mostrando sus preocupaciones y haciendo recomendaciones para el respeto a los derechos de las mujeres, a la vez reconocemos que esto no hubiera sido posible si la incidencia internacional realizadas por las organizaciones feministas y de mujeres del país en articulación y alianzas con las diferentes expresiones del movimiento feminista en el ámbito internacional.

Expresamos nuestra inconformidad por el informe presentado por la delegación gubernamental al plantear supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres tales como: la Policía Militar del Orden Publico, función de la secretaria de Derechos humanos, reducir algunas secretarías al rango de direcciones como el caso del Instituto Nacional de Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos, militarización en el Aguán entre otras.

 A las mismas no se les ha destinado un presupuesto tampoco se cuenta con la institucionalidad necesaria para su implementación, es por eso que aunque se tipificó el femicidio, estos crímenes de odio continúan, el gobierno de Honduras reportó 203 sentencias de homicidio (asesinatos y parricidios en contra de mujeres, pero no dijo que en ese período ocurrieron 2, 670 femicidios lo que implica que solo el siete por ciento (7%) de los crímenes obtuvieron sentencia.

Además no se ha  informado del desmantelamiento de los mecanismos de la mujer muestra clara de ello es la baja intensidad con que se implementan las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres, el desaparecimiento de la mayoría de las unidades de género de las diferentes secretarías del Estado y la marginidad con la que operan las oficinas municipales de la mujer.

Tal y como lo informó la delegación gubernamental, en efecto se abrió la unidad de investigación de muertes violentas en al Aguán (UMVIBA), pero no se dijo que 815 mujeres han sido criminalizadas en la lucha por el acceso a la tierra, siendo víctimas de desalojos violentos y , detenciones ilegales y asesinatos.

No se dijo que las mujeres campesinas no tienen acceso a la tierra, crédito y asistencia técnica y que al contrario su lucha ha sido criminalizada y que solo en el 2014 cuatro mujeres campesinas fueron asesinadas.

Aunque se han realizado esfuerzos desde las organizaciones campesinas para  elaborar y presentar proyectos de Ley como CREDIMUJER y la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género al Congreso Nacional, éstas se encuentran estancadas en la comisión de dictamen, lo que demuestra el desinterés y la falta de compromiso del gobierno para resolver la problemática agraria en Honduras.

Algunas de las recomendaciones emitidas por 60 países a favor de las mujeres están: adoptar nuevas medidas para la investigación efectiva; enjuiciamiento y castigo para los crímenes de odio contra las personas de LGTB y las mujeres; actuaciones efectivas en caso de violencia contra la mujer; implementar efectivamente el Plan de Equidad e Igualdad de género 2010-2022 asignando recursos técnico y financieros para alcanzar los objetivos previstos entre otros.

Finalmente las organizaciones de la Plataforma 25 de Noviembre instaron al Estado de Honduras a aceptar e implementar todas las recomendaciones que los países del sistema de la Naciones Unidas emitieron para el avance concreto hacia los derechos humanos de las mujeres campesinas y feministas del país.

Hombres en dos motocicletas coordinando acciones con desconocidos en vehículo color negro sin placas, dieron seguimiento a Gladys Lanza, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, este 14 de mayo, a eso de las nueve y 30 de la mañana, cuando ella salía de su casa.