Nos parece que es engañosa y desleal la conducta de los altos funcionarios

gubernamentales que afirman que Honduras está avanzando porque salimos de la “lista negra” de derechos humanos, señala un comunicado de la Plataforma EPU Honduras, emitido en conferencia de prensa este 13 de mayo de 2015.

La plataforma critica el hecho de que solamente se dice una parte de la historia, pues el requisito para que Honduras salga de la lista negra debe conllevar un verdadero compromiso de respetar los derechos humanos.

A continuación el comunicado completo de la Plataforma EPU Honduras , después del Examen Periódico Universal a Honduras:

Plataforma EPU-Honduras

Valoraciones sobre el Examen Periódico Universal

realizado el 8 de mayo en Ginebra, Suiza

La plataforma EPU conformada por más de 50 organizaciones que trabajan temas de

defensa y protección de derechos humanos, una vez que el Estado de Honduras ha

realizad su Examen Periódico Universal, a la comunidad nacional e internacional expresa:

1. Manifestamos nuestra satisfacción por la responsabilidad que asumieron los Estados

miembros de la Organización de Naciones Unidas ante el EPU realizado a nuestro país, en particular por las preocupaciones y recomendaciones que realizaron para mejorar la situación de derechos humanos y el cumplimiento de los tratados y convenciones

internacionales.

2. Compartimos como un logro de la Plataforma EPU y de las organizaciones de sociedad civil, las recomendaciones que se realizaron, las cuales significan un serio compromiso que el Estado de Honduras asume con la comunidad internacional. Asimismo, son un indicador de la profunda preocupación de los Estados miembros de las Naciones Unidas ante la situación de precariedad del sistema de justicia, inseguridad, pobreza, indefensión y violaciones de derechos humanos imperante en Honduras.

3. Al informe que presentó el Estado de Honduras el 8 de mayo en Ginebra, Suiza, le faltó coherencia y expresión de un verdadero compromiso con los derechos humanos. Se presentaron como avances, supuestos logros que atentan contra los derechos

fundamentales, para el caso: policía militar del orden público, fusión de la Secretaría de DDHH, reducir o degradar algunas Secretarias de Estado al rango de Direcciones,

militarización del Bajo Aguan, reducción de medidas cautelares, la entrada en funciones del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, justificar separación de jueces y una magistrada durante el Golpe de Estado, etc. Sin duda, que estos nos son logros o avances sino que retrocesos en la protección de los derechos humanos.

4. De los aproximadamente 60 Estados que tomaron la palabra en el EPU-Honduras, estos después del saludo diplomático y de las felicitaciones, emitieron sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos, para luego proceder a realizar sus recomendaciones las que esta oportunidad ascienden a 152 una cifra superior a las 129 del año 2010. En otras palabras, el EPU realizado en Ginebra, Suiza, más que aplausos es un fuerte llamado de atención al Estado de Honduras para que se tome en serio la situación de derechos humanos en el país.

Es importante recalcar que el protocolo de los Estados al momento de intervenir es:

1)Agradecer y felicitar al Estado por su voluntad de comparecer ante el Consejo de la ONU,

2) Emitir preocupaciones si las tuviere y

3) Emitir las recomendaciones correspondientes si las tuviere. Por ello es absurdo mencionar que el Estado salió felicitado de su presentación como si fuera una aprobación de su examen. Repetimos este es rigor diplomático.

5. Entre las principales recomendaciones están:

• Garantizar la implementación efectiva de la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y operadores de Justicia;
• Actuaciones efectivas en caso violencia contra la mujer, en especial la investigación y sanción de los casos de feminicidio; la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW;
• La no militarización de la sociedad; garantizar la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la Policía Nacional;
• Medidas de protección para la comunidad LGTBI;
• Proteger a la niñez migrante no acompañada;
• Aplicación del convenio 169 de la OIT y garantizar la consulta previa a las poblaciones indígenas;
• Fortalecer el sistema de justicia ante su falta de independencia;
• Reducir la muerte de jóvenes;
• Garantizar la seguridad de los pobladores del Bajo Aguan;
• Evitar la criminalización de defensores y defensoras; asegurar la protección y seguridad de los periodistas, jueces y defensores(as);
• Garantizar educación gratuita y de calidad, salud y generación empleo;
• Presentar los informes pendientes a órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas; mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad, entre otras.

6. Independientemente de las características de mecanismos como el EPU y otros de

Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es un hecho que los mismos obligan a los Estados a explicar su situación de derechos humanos ante la

comunidad internacional y, a través de los estos, se canaliza la preocupación para tomar algunas medidas correctivas. En este sentido, es positivo para el pueblo hondureño esta comparecencia del Estado de Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como expresión de monitoreo para el respeto y goce de los derechos humanos del pueblo hondureño.

7. La Plataforma EPU aprovecha para expresar que dará continuidad a las denuncias y

comunicaciones con los organismos internacionales, con los Estados y con el cuerpo

diplomático acreditado en nuestro país, sobre todas las manifestaciones que estigmatizan a los defensores y defensoras de derechos humanos, entre las deben incluirse las que recientemente aparecen en un comunicado del gobernante Partido Nacional, cuyo contenido busca desprestigiar a las organizaciones de derechos humanos y presentarlas como enemigas del país.

8. Queremos reafirmar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y

manifestar que nuestra pretensión no es quedar bien con el gobierno mintiendo o

callando; los defensores y defensoras de derechos humanos estamos en la disposición de coordinar esfuerzos con las instancias gubernamentales cuando se tomen en cuenta

nuestras propuestas y los gobernantes asuman una actitud incluyente en lugar de las

posiciones carentes de diálogo que observamos actualmente.

9. Nos parece que es engañosa y desleal la conducta de los altos funcionarios

gubernamentales que afirman que Honduras está avanzando porque salimos de la “lista negra” de derechos humanos, sin aclarar que se sale porque así lo establece el artículo 59 del Reglamento de la CIDH como requisito de su visita en el país que ha mostrado buena voluntad, lo cual se aplaude, pero también hay que decir que este año se emitirá un informe particular sobre Honduras ante la constatación de la Comisión Interamericana de las graves violaciones de derechos humanos.

10. Desde la Plataforma EPU-Honduras nos mantendremos realizando acciones

coordinadas para el monitoreo y seguimiento del cumplimiento por parte del Estado de Honduras de las recomendaciones realizadas en el examen periódico universal y en

cualquier otro mecanismo de observación internacional de derechos humanos.

San Pedro Sula-Tegucigalpa, 12 de mayo de 2015.

PLATAFORMA EPU-HONDURAS

Se presentaron como avances,  supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales como es la creación de la Policía militar del Orden Público, PMOP,

dijo en sus primeras impresiones Wilfredo Méndez, Director Ejecutivo del Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, al criticar la participación no comprometida con los derechos humanos del Estado de Honduras ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.

Han pasado pocas horas de que Honduras participara en el Examen Periódico Universal, EPU, ante Organización de las Naciones Unidas, ONU, este 08 de mayo de 2015 y ha quedado atrás la implementación estatal de una campaña mediática a nivel nacional e internacional. Pero los hechos sobrepasaron a las palabras de una gran delegación estatal  que viajó a Ginebra, Suiza.

Es la segunda revisión en la que participa Honduras. La primera se realizó en noviembre del año 2010 de la que salieron 129 recomendaciones por parte de los Estados adscritos a la ONU.

El pasado viernes 60 países formularon más de 190 recomendaciones, frente a las 129 recomendaciones del 2010, con el golpe de Estado a cuestas. Siendo este un indicador de preocupación por los Estados miembros de las Naciones Unidas ante la situación de precariedad del sistema de justicia, inseguridad, pobreza, indefensión y violaciones de derechos humanos, entre otros, destacó Méndez.

Para el defensor de los derechos humanos al informe del Estado de Honduras le faltó contundencia, precisión y expresión de verdadero compromiso con los Derechos Humanos.

Entre los supuestos  avances descritos por la delegación hondureña aparte de la creación de la PMOP, están la fusión de Secretaría de Derechos Humanos que está en un paquete de reducir a direcciones las Secretarías de Estado. También se habló como logro la militarización del Aguan, medidas cautelares reducidas, haciendo parecer que ya no hay amenazas. El discurso gastado desde el gobierno es que la situación ahora es diferente a la del golpe de Estado ejecutado el 28 de junio de 2009.

Se destacó además como un avance la creación del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y se justificó la separación de jueces y una magistrada durante el Golpe de Estado.

“Se mintió al manifestar que el Congreso Nacional tiene una relación estrecha y fuerte de consulta constante con las organizaciones de derechos humanos de Honduras”, denunció el Director Ejecutivo de CIPRODEH.

Se trata según Méndez de una campaña "no sincera del Estado por manipular la verdad ante tímidos avances desde el EPU 2010".

El Estado de Honduras llegó a Ginebra con una nutrida delegación, encabezada por el Coordinador General de Gabinete de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General, el Ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, la Vice Ministra de Derechos Humanos, el Viceministro del Trabajo, entre otros.

Entre las principales recomendaciones para Honduras están dinamizar y apoyar la implementación de la Política Pública y el Plan de Acción de derechos humanos ; Medidas contra la Discriminación de las y los indígenas, afro descendientes, comunidad LGTBI, sector discapacidad.

También debe adoptar medidas contra la violencia hacia las mujeres y combatir los femicidios.

Otra de las recomendaciones son medidas efectivas de protección para la niñez migrante, la ratificación los protocolos de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y el de la Convención contra todas las Formas de Discriminación hacia las mujeres, CEDAW.

Debe desmilitarizar la sociedad y fortalecer la policía.

Tomar acciones para reducir los altos niveles de homicidios, los atentados contra la libertad de expresión, la pobreza extrema, la fragilidad del sistema de justicia y falta de independencia, control de armas, reducir muertes de jóvenes, criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y las muertes en el Bajo Aguan. Asimismo deberá garantizar la educación gratuita y de calidad, salud, generar empleo.

Adoptar medidas eficaces para garantizar el derecho a la vida ya la integridad física de los periodistas hondureños, así como el ejercicio de la libertad de expresión, de adoptar todas las medidas posibles para llevar a cabo investigaciones con el fin de acabar con la impunidad por el asesinato de periodistas

Por otro lado, Honduras tiene informes pendientes ante Naciones Unidas donde hay recomendaciones temáticas sobre privados de libertad en condiciones de violación de sus derechos y eso también debe cumplirlo.

“Independientemente de la complejidad de violaciones de derechos humanos en Honduras y de Poderes del Estado sin verdadero compromiso con los derechos humanos, estos mecanismos como el EPU y otros de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obliga al Estado a explicar sus situación y sentir la presión para tomar algunas medidas, que aunque débiles van siendo un camino de esperanza”, expresó Méndez..

Por otra parte es bueno para el pueblo hondureño esta comparecencia porque el Estado sabe que lo están monitoreando para el respeto y goce de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, agregó.

El EPU 2010 sobre libertad de expresión

Entre las 129 recomendaciones de los Estado de la ONU en el EPU 2010 relativas a la libertad de expresión estaban:

Continuar las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas, activistas de derechos humanos y de la oposición y figuras del gobierno

Garantizar la libertad de expresión, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular en relación con los periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de la oposición

Tomar todas las medidas necesarias, incluso mediante la realización de una reforma de la legislación que rige el sector de las telecomunicaciones y garantizar el acceso a la información pública, para garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica

Mejorar su capacidad de investigación para resolver los casos de asesinatos de mujeres, periodistas y defensores de los derechos humanos, y llevar ante la justicia a los responsables

Continuar para proteger, a través de actos jurídicos y administrativos, la libertad de expresión y la libertad de prensa, así como el acceso a la información

Restablecer plenamente la libertad de los medios de comunicación, los protege de cualquier tipo de hostigamiento o intimidación, de conformidad con sus obligaciones internacionales

Continuar reforzando los recursos de investigación y enjuiciamiento a fin de llevar a cabo investigaciones rápidas, transparentes, creíbles y efectivas de los asesinatos de periodistas desde marzo de 2010, y efectivamente enjuiciar a los responsables de estos crímenes

Tome las medidas necesarias para mejorar la seguridad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, y llevar a cabo investigaciones independientes y creíbles de los asesinatos de siete periodistas y amenazas contra varios otros que se produjeron en 2010, y llevar ante la justicia a los autores de esos actos condenables

Garantizar la libertad de expresión, en particular mediante la lucha contra los ataques contra los periodistas y la garantía de que los periodistas, formadores de opinión y miembros de la oposición política son libres de expresar sus puntos de vista

Llevar a cabo una política activa de prevención contra la violencia y los actos de intimidación contra los medios de comunicación y miembros de la oposición política, y dar a los mecanismos establecidos con los recursos y medios necesarios para llevar a cabo su mandato en el ámbito de la protección de los derechos humanos

Asegurarse de que los periodistas, formadores de opinión, miembros de la oposición y defensores de derechos humanos puedan expresar sus críticas y opiniones libremente y en paz, y poner fin a los actos de hostigamiento contra los opositores al golpe de Estado y contra los jueces, a la vista de la separación de poderes

Con el Golpe de Estado Militar del 28 de junio del 2009 se debilitó la justicia y aumentó la criminalidad, una situación que se ve reflejada en la impunidad en que el Estado mantiene los asesinatos de 45 periodistas, a pesar de los compromisos que el gobierno asumió el 4 de noviembre de 2010, en la octava sesión del Examen Periódico Universal (EPU), realizado en Ginebra Suiza.

El Estado de Honduras debe cumplir sus promesas a la comunidad internacional para proteger a los periodistas, combatir la impunidad de los ataques y proteger la libertad de expresión, dando un relato honesto de los avances y deficiencias en las Naciones Unidas en Ginebra el viernes, dijo PEN Internacional este 07 de mayo, a pocas horas de que Honduras sea sometido al Examen Periódico Universal, EPU, en Ginebra, Suiza.
 
El segundo Examen Periódico Universal (EPU) del historial de derechos humanos de Honduras se llevará a cabo en el contexto de la espiral de la violencia contra periodistas en el país y la creciente restricciones en su capacidad para trabajar con libertad, a pesar de las promesas hechas en sentido contrario en la revisión anterior en noviembre de 2010.
 
 "El EPU de Honduras el 8 de mayo no debe ser sólo de hacer discursos para masajear la imagen internacional del país", dijo Dina Meza, presidente de PEN Honduras. "Exigimos la acción y no palabras".
 
"Además de la aceptación de las recomendaciones, el Estado hondureño debe presentar un cronograma de acciones planificadas que pueden ser monitoreados por la comunidad internacional con el objetivo de dar una respuesta rápida a las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto."
 
Opinión de mañana es probable que incluya la discusión de la aprobación del Congreso de Honduras 'el 15 de abril 2015 una ley para proteger a los periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y profesionales de la justicia, después de casi dos años en la tubería. La aprobación de una ley destinada a proteger a los periodistas es un paso positivo que PEN ha pedido en el pasado.
 
Sin embargo, el mecanismo oficial de protección establecido por la presente ley sólo se puede implementar de manera significativa si se asigna suficientes recursos financieros, humanos y técnicos, e incluye la plena participación de periodistas y otros organismos representativos de la sociedad civil.
 
Por otra parte, ningún mecanismo de protección puede mejorar la seguridad si se permite la impunidad de los ataques a los periodistas a persistir.
 
A pesar de los compromisos asumidos por el Estado de Honduras en el último UPR, las administraciones actuales y anteriores han mostrado una falta de voluntad política para investigar violaciónes de la libertad de expresión y proteger a periodistas, mientras que numerosas iniciativas para luchar contra la impunidad han dado escasos resultados concretos.
 
Al menos 30 periodistas han sido asesinados en Honduras desde el último examen periódico universal y al menos 48 desde 2003. Las condenas sólo se han obtenido para cuatro de estos asesinatos, con el 44 restante sin resolver - una tasa de impunidad de casi el 92 por ciento. Incluso en los casos de condenas, la justicia es sólo parcial y ninguno de los autores intelectuales han sido procesados.
 
Mientras tanto, nuevas leyes y prácticas introducidas desde la última UPR restringen cada vez más la capacidad de los periodistas e investigadores para trabajar libremente en Honduras.
 
La Ley Especial de 2011 sobre la interceptación de comunicaciones privadas ha sido criticado por ser contraria al derecho a la privacidad y potencialmente permitir la vigilancia arbitraria por el Estado.
 
La Ley 2014 de Secretos Oficiales y clasificación de la información abroga efectivamente el acceso de 2006 a la ley de información, prestación de dicho acceso arbitraria y depende del capricho de los funcionarios individuales.
 
Es preocupante que el actual gobierno ha priorizado también-des una promesa hecha por la administración anterior para despenalizar parcialmente la difamación, que todavía se castiga con hasta cinco años de prisión. Esto tiene un efecto amedrentador sobre periodistas, contra los cuales dichas demandas a veces son llevados con la intención de silenciar a ellos - como lo ilustra el caso de la periodista de TV Globo, Julio Ernesto Alvarado, miembro fundador del PEN Honduras.

Alvarado fue condenado a prisión y trabajos prohibición de 16 meses 'en diciembre de 2013 para informar sobre las denuncias de corrupción por un decano de una universidad estatal. El Estado de Honduras ha ignorado hasta la fecha una sentencia noviembre 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspender la sentencia mientras se investiga el caso. El caso fue destacado por el Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión de World Press Freedom Day en 03 de mayo 2015 que subraya la importancia de la despenalización de la difamación en las Américas.

A pesar de los compromisos internacionales del Estado de Honduras a respetar y promover los derechos culturales, escritores en el país han lamentado la falta de inversión en el sector cultural y de una política a largo plazo para promover la formación, la producción y la investigación, sobre todo desde el golpe.
 
El estado también ha fallado en cumplir su promesa de 2010 para firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y, lo que daría hondureños el derecho a presentar quejas individuales ante la ONU acerca de la violación de estos derechos.

PEN Internacional pide a las autoridades hondureñas a:

· Mejorar las investigaciones de los crímenes contra periodistas mediante el desarrollo de recursos adecuados, protocolos especializados dentro de la Oficina del Fiscal Público (Ministerio Público) que priorizan cualquier vínculo con su profesión, y garantizando que todos los fiscales y policías que participan en este tipo de investigaciones tienen un conocimiento profundo de la labor periodística y los derechos humanos

· Asegúrese de que la nueva ley de protección al periodista se aplique con eficacia a través de suficientes recursos financieros, humanos y técnicos y la participación significativa de los periodistas y otros organismos representativos de la sociedad civil

· Despenalizar la difamación y que sea un delito civil

· Revisar la Ley de Secretos Oficiales y clasificación de la información para asegurarse de que no se puede utilizar para restringir ilegalmente el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir información

· Derogar la Ley Especial de Interceptación de Comunicaciones Privadas y asegurar que se revisan que todas las prácticas actuales de vigilancia para garantizar que se cumplen las normas internacionales sobre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión

· Desarrollar e implementar una política nacional adecuadamente financiado y no discriminatorio para fomentar la formación, la producción y la investigación en la cultura y las artes en plena consulta con todos los sectores de la sociedad civil

· Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Para leer las recomendaciones completas del PEN, haga clic aquí

Para firmar una petición al Estado hondureño a suspender la sentencia de Julio Ernesto Alvarado en línea con la decisión de la CIDH, haga clic aquí (sólo en español)

Para leer una declaración del PEN Honduras, haga clic aquí.